El sábado 6 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció la convocatoria de una reunión para abordar la crisis financiera y administrativa de la Universidad de Antioquia (UdeA), después de compartir el listado que ubica a la institución como la segunda universidad pública con mayor calidad en Colombia.
Según el mandatario colombiano, el país “tiene mayor calidad en su educación superior pública que en la privada”.
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Gustavo Petro afirmó que la Universidad de Antioquia necesita un “plan de salvamento” y la expansión hacia las comunas y las provincias del departamento.
Asimismo, señaló que hay un supuesto abandono de los gobiernos regionales con la UdeA.
Ante las declaraciones del jefe de Estado, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, respondió.
El mandatario del departamento cuestionó la presencia de Wilmar Mejía, recientemente suspendido como director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en el Consejo Superior de la institución.
Mejía fue salpicado en la investigación de Noticias Caracol, donde señalan presuntos nexos entre instituciones del Gobierno y las disidencias de alias Calarcá.
En respuesta al presidente Petro, Andrés Julián Rendón aseguró que el primer paso para lograrlo es sacando a “agentes de inteligencia al servicio de la DNI” de la UdeA y de cualquier otra universidad pública.
“Primer paso: retirar, del Consejo Superior de la UdeA, y de cualquier otra universidad pública, a agentes de inteligencia al servicio de la DNI (sic)”, indicó el gobernador de Antioquia en su cuenta de X.
Andrés Julián Rendón ya había cuestionado la permanencia Wilmar Mejía como representante en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.
Rendón expuso su preocupación porque, según sus palabras, Wilmar Mejía sigue ocupando una silla en el máximo órgano directivo de la institución.
Rendón destacó que, en otros tiempos, la sola presencia de un funcionario vinculado a organismos de inteligencia en esos espacios habría generado protestas.
Señaló que, en otras circunstancias, los llamados capuchos habrían bloqueado vías, utilizado explosivos y paralizado las clases, según ellos en defensa de la autonomía universitaria.
“Hoy, un funcionario de inteligencia del Estado, en otros tiempos lo que era el DAS, tiene voz y voto en el Consejo Superior de la UdeA (sic)”, afirmó Rendón.
Recordó que el centro académico debe ser “un templo para la educación, la investigación y el bienestar, no un escenario para tareas de inteligencia del Estado ni para favorecer orillas políticas”.
Situación de la Universidad de Antioquia
Mientras persiste la controversia, la universidad enfrenta una difícil situación económica.
Según Blu Radio, el presupuesto para 2026 sufrirá una reducción que supera los $65.000 millones, y la institución arrastra un déficit estructural mayor a $400.000 millones.
Voceros de la institución advirtieron que han debido reorganizar sus pagos, postergar ciertas obligaciones para el año siguiente y reducir actividades fundamentales.
De forma simultánea, la Universidad de Antioquia contradijo una información difundida en plataformas digitales que señalaba que el costo anual por estudiante es de $52 millones.
Mediante una comunicación oficial, autoridades de la institución negaron la veracidad de este dato y aclararon que calcular el gasto dividiendo el total del presupuesto por el número de estudiantes no refleja la realidad, ya que el presupuesto incluye fondos para investigación, programas de extensión, bienestar y pasivos pensionales.
Añadieron que el valor por estudiante depende tanto del programa académico como de la sede y que ninguno de estos montos alcanza la cifra que se ha divulgado.
La universidad también invitó a mantener un debate informado para evitar la propagación de informaciones inexactas, destacando su papel histórico como patrimonio regional y nacional a lo largo de más de dos siglos.
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