La Corte Constitucional validó el decreto que reconoce a los pueblos indígenas como autoridades ambientales en sus territorios, pero impuso restricciones precisas para garantizar el respeto al debido proceso y la coordinación con otras entidades estatales.
Esta decisión, que responde a una demanda histórica de las comunidades ancestrales, permitirá a los pueblos indígenas ejercer competencias directas en la formulación y desarrollo de políticas ecológicas, aunque su capacidad sancionatoria quedará limitada exclusivamente a los miembros de sus propias comunidades.
PUBLICIDAD
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
En el fallo, el Alto Tribunal estableció que las autoridades indígenas no podrán imponer sanciones a personas ajenas a sus etnias. La Corte, al coincidir con el concepto del Procurador General y otros intervinientes, subrayó que permitir castigos a terceros desconocería el derecho fundamental al debido proceso.
PUBLICIDAD
El Alto Tribunal en su fallo decidió: “Declarar EXEQUIBLE la expresión “sanciones y” contenida en el numeral 3 del artículo 6 del Decreto 1275 de 2024 en el entendido de que: i) las autoridades indígenas no podrán imponer sanciones a personas que no integran sus comunidades y ii) que las autoridades ambientales competentes al proceder a su imposición, previa coordinación con las autoridades indígenas respectivas, deberán regirse por las disposiciones legales que regulan el régimen sancionatorio ambiental“.
El comunicado oficial del alto tribunal precisa: “Las autoridades indígenas no podrán imponer sanciones a personas que no integran sus comunidades”. De este modo, la jurisdicción sancionatoria indígena se circunscribe únicamente a sus integrantes, excluyendo a cualquier persona externa.
PUBLICIDAD
El decreto 1275 de 2024, expedido por el Ministerio de Ambiente y firmado por el presidente Gustavo Petro, fue objeto de varias demandas que cuestionaban su constitucionalidad.
Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), agrupadas en Asocars, manifestaron su inconformidad desde la publicación del borrador, argumentando que la normativa podría generar conflictos de competencia, problemas funcionales e inseguridad jurídica al superponerse con las facultades que ya ejercen en los territorios.
PUBLICIDAD
Las demandas presentadas ante la Corte alegaban una posible vulneración del debido proceso, afectación al interés general y debilitamiento de la autonomía de las CAR.
Tras analizar los cargos, la Corte Constitucional concluyó que el decreto no afecta el interés general y, por el contrario, favorece la armonización de las medidas de protección ambiental con los conocimientos y prácticas ancestrales.
PUBLICIDAD
Según explicó el Ministerio de Ambiente a El Espectador, el decreto-ley “confiere a las autoridades indígenas la capacidad de ejercer competencias en la formulación, adopción y desarrollo de políticas ambientales dentro de sus territorios”.
Además, les otorga la facultad de crear planes de ordenamiento ambiental indígena, implementar proyectos de conservación de ecosistemas y sancionar a miembros de sus comunidades bajo el marco de su justicia propia.
PUBLICIDAD
El artículo siete del decreto establece la creación de un sistema de coordinación efectiva entre las autoridades indígenas y las demás entidades ambientales, incluidas las CAR, los institutos adscritos al Ministerio de Ambiente y las entidades territoriales.
No obstante, la Corte también abordó cuestionamientos al artículo 5, que limitaba la aplicación de los principios de coordinación y concurrencia únicamente a los casos en que se superara el ámbito del decreto y existieran competencias ambientales concurrentes.
PUBLICIDAD
El tribunal consideró que esta restricción no se ajusta al modelo de gestión ambiental participativa y articulada del país, por lo que declaró inexequible la expresión “en los casos en los que se supere el ámbito de aplicación del presente Decreto y concurran competencias ambientales” contenida en el decreto 1275 de 2024.
De esta manera, la decisión de la Corte Constitucional empodera a las comunidades indígenas para definir y ejecutar políticas ecológicas en sus territorios, pero bajo un marco de coordinación obligatoria con las demás autoridades ambientales y con límites claros en materia sancionatoria.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Abrieron las inscripciones al Chingaza Fest 2026 con cuatro rutas de 8 a 42 km para recorrer el páramo: así puede inscribirse
El festival de deporte y naturaleza llevará por primera vez a cientos de asistentes al corazón del páramo con recorridos guiados, bienestar y educación ambiental bajo criterios estrictos de conservación
Cathy Juvinao responsabilizó al presidente del resultado de las elecciones: “Petro siempre con el mismo error”
La representante a la Cámara afirmó que las decisiones tomadas durante los cuatro años del actual mandato influyeron en el resultado de las urnas y culpó al petrismo de que la extrema derecha se impusiera
Resultados elecciones Colombia EN VIVO: el procurador Gregorio Eljach descartó fraude electoral tras la victoria de De la Espriella: “No hay evidencia de adulteración”
Pineda aseguró que no se ve como una figura distante sino que va a dejar huella y crear impacto
Martha Peralta recuperó la libertad tras cumplir con indagatoria en la Corte Suprema: así continuará el caso por corrupción en la Ungrd
El proceso judicial, que sigue en curso, apunta a posibles irregularidades en la asignación de contratos y apoyos políticos, por lo que la parlamentaria podrá defenderse en libertad mientras el alto tribunal evalúa los elementos de prueba y testimonios presentados en el caso
Los subsidios de vivienda sí pueden hacer que los colombianos paguen impuestos: emitieron aclaración que es clave
Los pagos asociados a proyectos habitacionales financiados por el Estado solo quedan excluidos del impuesto municipal si lo establece expresamente la ley, aclaró el Ministerio de Hacienda
