Las pruebas que tiene la Corte Suprema para acusar a Arturo Char de liderar una presunta red de compra de votos: “Hizo parte de la cúpula”

Aunque el país ya conocía que sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de acusar formalmente a Arturo Char, exsenador y miembro de una de las familias políticas más influyentes de Colombia, por presuntamente liderar una estructura criminal dedicada a la compra de votos en la costa Caribe durante las elecciones de 2018, en la mañana del domingo 7 de diciembre se conocieron nuevos detalles de la decisión.

La decisión representa un golpe sin precedentes para el clan Char, que por primera vez en años queda sin representación directa en el Congreso. El caso, conocido como la ‘Casa Blanca’, expone la magnitud de un supuesto esquema de corrupción electoral que, según la investigación judicial, operó con la participación de figuras clave del poder regional.

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La acusación de la Corte Suprema, detallada en un documento de 300 páginas que fue revelado por la revista Cambio, sostiene que Arturo Char encabezó junto a otros actores un entramado criminal que permitió la compra de al menos 10.000 votos en municipios del Atlántico como Malambo, Soledad, Piojó y Sabanalarga.

La Sala de Instrucción señala que el exsenador organizó, promovió y lideró la estructura, actuando con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus acciones y poniendo en riesgo la participación democrática y la seguridad pública. Como consecuencia inmediata, Char quedó excluido de las listas de Cambio Radical al Congreso, decisión tomada por su padre, Fuad Char, y respaldada por su hermano Alejandro Char, entonces alcalde de Barranquilla.

El funcionamiento del esquema criminal, según la investigación revelada por Cambio, se articuló a través de un presunto acuerdo entre Arturo y Alejandro Char, el empresario Julio Gerlein, la excongresista Aida Merlano y Lilibeth Llinás. El pacto, gestado en la casa de Arturo en Barranquilla en octubre de 2017, tenía como objetivo impulsar la candidatura de Merlano al Senado y asegurar la reelección de Arturo Char.

La operación se habría centralizado en la sede política conocida como la ‘Casa Blanca’, ubicada en el barrio Golf de Barranquilla, desde donde se habría coordinado la compra de votos mediante una estructura piramidal.

Coordinadores y líderes en distintos municipios reclutaban votantes, registraban sus datos y les pagaban sumas que variaban según el cumplimiento de metas, con pagos documentados en recibos de caja por montos entre cinco y 15 millones de pesos.

La evidencia recabada por las autoridades incluyó documentos incautados durante el allanamiento a la “Casa Blanca” en 2018, que derivó en la captura y condena de Aida Merlano. Francisco Rafael Palencia, encargado de la logística de la campaña, explicó ante la Corte que los líderes recibían pagos por cada voto conseguido y debían entregar copias de cédulas y huellas de los votantes.

Palencia también identificó a Julio Gerlein como el principal financiador de la operación, mientras que la Corte atribuyó a Alejandro Char, en su calidad de alcalde, un papel relevante en la financiación, junto a Faisal Cure, que mantenía contratos con la administración local.

Durante el periodo investigado, la familia ejercía un control político indiscutido en el Atlántico, con Alejandro Char como alcalde de Barranquilla y el respaldo a la gobernación de Eduardo Verano de la Rosa. Sin embargo, la investigación judicial y el escándalo de la “Casa Blanca” provocaron divisiones, evidenciadas en la exclusión de Arturo de las listas al Congreso y en disputas internas por el control de instituciones como la Universidad del Atlántico. La decisión de la Corte Suprema dejó al clan sin representación directa en el Legislativo para el próximo periodo, un hecho inédito en la historia reciente de la familia.

Los testimonios y declaraciones recogidos por el alto tribunal, y divulgados por la revista Cambio, resultaron determinantes en la acusación. Aida Merlano, condenada por estos hechos, relató ante la Fiscalía y la Corte que el pacto para la compra de votos se selló en la casa de Arturo Char, con la participación de Alejandro Char y Julio Gerlein.

“Alejandro le pide a Arturo que me busque, para financiarme. Yo no soy del gusto total de Arturo. Arturo le dijo que sí, pero que elegía a su Cámara, ese fue el cobro por el favor que él le estaba haciendo a Alejandro de elegirme senadora”, señaló la excongresista al alto tribunal, según el expediente revelado por Cambio.

Merlano afirmó que Alejandro le pidió a Arturo que la financiara y que, a cambio, Arturo exigió elegir a su fórmula para la Cámara. Según su testimonio, desde la sede política se gestionaron 10.000 votos para favorecer a Arturo en varios municipios. Merlano también describió la entrega de 500 millones de pesos por parte de Alejandro Char un día antes del allanamiento de la Fiscalía en 2018.

“Me abrazó y me dijo: ‘Mañana vas a ser senadora de la república, mi amor’ (…) Él me prometió que se iba a casar conmigo (…) parece que estuviera con tragos. Me decía cosas muy bonitas, se le aguaron los ojos (…) y le hizo señas a alguien que estaba con él para que sacaran algo de atrás (...) y yo dije: ‘Qué me habrá regalado esta vez’(...) у cuando veo el regalo en billetes (…) eran 500 millones que me había dado en sobre”, señaló Merlano ante la justicia.

Por su parte, Arturo Char negó reiteradamente cualquier participación en actividades ilegales y minimizó su presencia en la sede política de Merlano, argumentando que solo asistió a reuniones para resolver diferencias políticas.

Sin embargo, la Corte Suprema desestimó su versión, apoyándose en testimonios de testigos como Rafael Antonio Rocha Salcedo, Evelyn Carolina Díaz y Yasira Pérez, quienes ubicaron a Char en la ‘Casa Blanca’ en varias ocasiones y confirmaron la existencia de acciones coordinadas para la obtención de votos. La Sala también escuchó a otros actores políticos y coordinadores de campaña que corroboraron la operatividad de la estructura criminal.

La respuesta de Arturo Char ante la acusación ha sido la negación de los hechos y la insistencia en su inocencia, aunque la Corte considera probada su implicación como organizador y promotor del esquema. La Sala, no obstante, no ordenó su detención y negó la solicitud de la defensa de Aida Merlano para ser reconocida como víctima, al considerar que Merlano fue partícipe de los mismos delitos.

“Como la prueba acopiada lo demuestra, Arturo Char probablemente hizo parte de la cúpula de la reseñada estructura criminal, porque la encabezó, junto a Julio Gerlein Echeverría, Aida Merlano Rebolledo y Lilibeth Llinás Delgado, lo que agrava el delito de concierto para delinquir”, aclaró la Corte en su decisión.

La investigación sobre el papel de Alejandro Char y otros miembros del clan queda en manos de la Fiscalía, ya que la Corte Suprema solo tiene competencia sobre los aforados constitucionales. De momento, Arturo Char podrá interponer recursos contra la decisión y, si esta queda en firme, enfrentará juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema concluyó que la implicación de Arturo Char en el acuerdo delictivo representó una amenaza directa a la seguridad pública, al haberse estructurado una organización criminal que atentó contra los mecanismos democráticos del país.