Germán Vargas Lleras criticó al Gobierno Petro por “ignorar” fallos judiciales: “Atropella el Estado de derecho”

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras lanzó duras críticas contra el Gobierno Petro, tras afirmar que la administración actual desarrolla “una decisión inequívoca de atropellar el Estado de derecho, la justicia y sus instituciones”, lo que, según el exfuncionario, ha provocado un quiebre en la legitimidad de los poderes públicos y una fractura en la independencia judicial.

En su más reciente columna de opinión, publicada en El Tiempo, Vargas Lleras expuso hechos y ejemplos específicos de lo que considera una constante por parte de Gustavo Petro y sus colaboradores.

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“Ya nadie se sorprende de que el señor Petro y sus funcionarios controviertan los fallos, no los acaten, ni mucho menos los cumplan”, indicó el líder de Cambio Radical.

Entre los casos citados está el del general Huertas. Según la columna, la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión del alto oficial por la gravedad de los hallazgos que lo vinculan con estructuras criminales, pero la medida no se ha ejecutado.

Vargas Lleras resaltó: “Anuncian que hay un decreto, pero nada, el general tan campante, en uso de unos días de descanso. Inaudito”.

Para el exvicepresidente, la respuesta del Ejecutivo ante las decisiones que lo afectan directa o indirectamente tiende a esquivar la acción de la justicia y a enfrentarla mediáticamente.

El artículo publicado por El Tiempo también enfatizó en presuntas irregularidades en la composición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Vargas Leras resaltó dos fallos judiciales, uno del Tribunal y otro del Consejo de Estado, que ordenaron al Gobierno nombrar seis miembros en propiedad, no en encargo ni interinos.

Según el exvicepresidente, tres años después, la orden sigue incumplida y se declaró el desacato. “Ni ante eso hubo reacción, el incumplimiento persiste”, cita Vargas Lleras en el texto.

En materia de salud, el exvicepresidente señaló que el Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo hasta la fecha de la columna, no ha pagado deudas ni ajustado la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), como se lo ordenó la Corte Constitucional.

Vargas Lleras sostuvo que los plazos vencieron y ningún pago ni ajuste se realizó. “Estamos ante el colapso del sistema de salud claramente inducido, y las consecuencias las estamos pagando con vidas. ¿Qué sigue? ¿Quién responde?”, plantea el texto difundido por El Tiempo.

No solo las cortes, también organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo han emitido órdenes que, según la opinión publicada, no son respetadas ni acatadas por el Ejecutivo.

Además, el Consejo de Estado ordenó a Gustavo Petro rectificar numerosas afirmaciones contra sus contradictores políticos.

“Todavía no ha cumplido el primero, ni lo hará”, afirmó el exvicepresidente.

Otro de los episodios mencionados en el análisis es el relacionado con la transmisión de los consejos de ministros por canales privados.

Pese a que el Consejo de Estado ordenó transmitirlos por televisión pública, el Gobierno, según Vargas Lleras, recurre a maniobras administrativas para retrasar o evitar ese cumplimiento.

La columna recuerda el intento presidencial de liberar miembros de la denominada “primera línea” para convertirlos en “voceros de paz” mediante decretos. La Corte Constitucional declaró inconstitucional la medida, pero según Vargas Lleras, advierte que esta tendencia de sustituir decisiones judiciales por decretos presidenciales continúa.

Finalmente, la opinión publicada en El Tiempo advirtió sobre las agresiones de altos funcionarios del Gobierno Petro contra la Rama Judicial y la expectativa social de que estas conductas sean sancionadas.

Vargas Lleras concluyó que no se trata de incidentes aislados sino de un patrón deliberado por parte del Ejecutivo.

En sus palabras, “Petro y su gobierno decidieron que la ley es relativa, que las cortes pueden ser burladas e irrespetadas, que los fallos se evalúan políticamente y se cumplen solo si coinciden con el proyecto ideológico del Ejecutivo”.