Defensoría del Pueblo planteó reparos a los compromisos suscritos entre el Gobierno y el Clan del Golfo en Catar

La Defensoría del Pueblo presentó una serie de observaciones que, a su juicio, deben ser consideradas tras los compromisos suscritos el 5 de diciembre entre el Gobierno nacional y el grupo armado conocido como Clan del Golfo.

El acuerdo, anunciado desde Doha (Catar) fue recibido por la entidad con expectativa, aunque advirtió sobre la necesidad de precisar aspectos operativos y territoriales relacionados con las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y con la protección de las comunidades que habitan los territorios priorizados.

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En su pronunciamiento, la Defensoría señaló que estos compromisos son observados “con esperanza”, al considerar que podrían extenderse a zonas donde la ciudadanía ha solicitado garantías para ejercer plenamente sus derechos. La entidad, no obstante, realizó un conjunto de recomendaciones dirigidas a fortalecer la implementación de lo pactado y a asegurar la protección de la población civil.

Alcance de los compromisos anunciados en Doha

A través de un comunicado oficial, la Defensoría recoge los puntos acordados entre el Gobierno y el grupo armado, que se identifica como “Ejército Gaitanista de Colombia”. En el documento, la entidad destacó la existencia de un acompañamiento internacional reforzado y la creación de un mecanismo tripartito de seguimiento, monitoreo y verificación.

Entre los compromisos suscritos, la Defensoría resaltó: “El no reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas adolescentes menores de 18 años y la eliminación de las violencias físicas y sexuales en su contra”, además de medidas relacionadas con migración, protección de la naturaleza, respeto a los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el “respeto y no interferencia a la paz electoral en procesos políticos electorales nacionales y territoriales”.

Uno de los aspectos centrales es el anuncio sobre el traslado progresivo de integrantes del grupo armado a Zonas de Ubicación Temporal. Según la Defensoría, este podría constituir un avance, pero requiere claridad sobre objetivos, condiciones de funcionamiento y cronograma para que se traduzca en garantías reales para las comunidades y para las víctimas.

Observaciones sobre seguridad y acción institucional

La entidad advirtió que para el funcionamiento de las ZUT se deben implementar medidas integrales de seguridad, orientadas a evitar estigmatización o instrumentalización de las comunidades residentes en los territorios donde se adelanten estos procesos. En el comunicado se indicó que la protección de la población civil debe mantenerse “antes, durante y después del establecimiento de la zona”, con criterios diferenciales relacionados con mujeres, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, pueblos étnicos y niñez.

Además, la Defensoría insistió en que las contribuciones tempranas a los derechos de las víctimas deberán definirse bajo lineamientos jurídicos claros y con acompañamiento institucional, garantizando el principio de acción sin daño.

Pedagogía, participación y protección de menores

La entidad incluyó recomendaciones adicionales dirigidas al Gobierno nacional. Señaló que es necesario desarrollar procesos de pedagogía pública sobre el avance del proceso sociojurídico en los municipios priorizados, en especial en aquellos donde se proyectan ZUT. Por ello, resaltó la importancia de que las comunidades reciban información clara sobre el proceso de paz y sus implicaciones como derecho constitucional.

También se refirió a la participación de autoridades étnico-territoriales, indicando que los procesos de socialización y establecimiento de los grupos de trabajo deben contar con su intervención efectiva y respetar sus sistemas de gobierno propio. En este punto, la institución pidió al Gobierno emitir respuestas a las solicitudes reiteradas de autoridades del Chocó.

En relación con los menores de edad, la Defensoría planteó la necesidad de activar un mecanismo ágil para garantizar la salida de todas las personas menores de 18 años que permanezcan en las filas del grupo armado. Entre los aspectos señalados, el comunicado resaltó que debe entregarse información disponible sobre menores fallecidos o reportados como desaparecidos debido a su vinculación al conflicto, así como suspender prácticas asociadas al uso de menores en tareas para la estructura armada, incluso cuando permanezcan en sus hogares.

Llamado a definir un marco jurídico para los procesos de paz

En la parte final del pronunciamiento, la Defensoría exhortó al Gobierno nacional y al Congreso de la República a avanzar en un marco jurídico que dé sustento a este y a futuros esfuerzos para la consolidación de la paz.

Según el comunicado, dicho marco debe “ampararse en la Constitución y brindar garantías tanto para las víctimas como para quienes transitan hacia la paz”.

La entidad concluyó señalando: “Nuevamente, la Defensoría se pone a disposición del espacio de conversación para acompañar, desde su autonomía e independencia, el cumplimiento de los compromisos alcanzados”.