La Fiscalía General de la Nación inició una investigación formal luego de que Karen Santos denunciara ante las autoridades hechos de violencia física y psicológica atribuidos a su exesposo Ricardo Leyva, empresario del sector de conciertos.
Tras valorar la gravedad de los señalamientos, la Fiscalía dispuso el traslado del caso desde Barranquilla a Bogotá y asignó una fiscalía especializada de la capital para adelantar la indagación por posibles delitos de violencia intrafamiliar y amenazas.
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Santos entregó a los investigadores material que comprende grabaciones, reportes médicos y fotografías que muestran consecuencias atribuibles a golpes.
En el expediente figuran videos que, según Santos, documentan episodios en los que Leyva la agrede.
De acuerdo con la denuncia, “había tantos golpes que en momentos yo sentía que me pasaba una corriente por el cerebro”, dijo en entrevista con Cambio.
Durante la misma entrevista, la mujer manifestó que “Yo sé que a las mujeres nunca nos creen. Y si estoy mostrando esto, es porque no me queda otro camino. Esto no lo hago por valentía. O hablo o me matan”.
Los hechos incluyen episodios de maltrato físico y psicológico en una vivienda localizada en Barranquilla, sector Lagos de Caujaral, donde Santos afirma que residía junto a Leyva.
La afectada mencionó que debió salir huyendo de esa residencia tras episodios violentos ocurridos en agosto de 2025, cuando Leyva, según su testimonio, la siguió y amenazó con un cuchillo.
“La única razón por la que salí fue porque estaba huyendo, porque tenía miedo”, explicó. Sobre la naturaleza de las agresiones, Santos agregó en el medio citado que “No me pegaba con cachetadas ni empujones. Ricardo pegaba con los puños cerrados hasta reventarme”.
Santos expuso que durante años soportó situaciones de maltrato y que Leyva la forzó a justificar lesiones y heridas como accidentes para evitar que se conociera la situación y, según ella, para proteger la imagen de su familia. Como soporte, la denunciante entregó a las autoridades videos y grabaciones que, según su relato, evidencian el patrón de violencia.
En el avance de la investigación, la Fiscalía recabó grabaciones de llamadas que, según Santos, contienen intimidaciones. El despacho investigador evaluará este material junto con pruebas documentales y testigos aportados.
Las autoridades valoran los antecedentes y el contexto de reiteración de conductas denunciadas por Santos.
El caso incorporó reportes médicos y registros fotográficos que, de acuerdo con el expediente, muestran lesiones compatibles con episodios de maltrato reiterado.
Santos declaró que la violencia ejercida sobre ella no solo respondía a episodios esporádicos, sino que se extendió a lo largo del matrimonio y que la presión incluyó intentos para que ocultara la situación ante su entorno social y familiar.
La Fiscalía explicó que la asignación del despacho especializado responde a la prioridad del caso y a la gravedad de los señalamientos por violencia de género.
El proceso continúa en etapa de recolección de pruebas y práctica de entrevistas complementarias para esclarecer lo ocurrido en la vivienda señalada y otros posibles escenarios de agresión.
En sus declaraciones públicas y ante el ente investigador, Santos reiteró que acudió a la denuncia por temor a que la situación escalara en niveles de gravedad o pusiera en riesgo su integridad física y su vida.
La afectada indicó que la decisión de exponer su caso responde a la desprotección que percibe para mujeres en situaciones similares, así como a la necesidad de evitar posibles desenlaces fatales.
Las autoridades instaron a quienes dispongan de información relevante sobre el caso a comparecer ante la Fiscalía y facilitar cualquier elemento útil para la investigación.
El ente acusador analiza posibles medidas de protección para la denunciante y evalúa solicitar restricciones o acciones cautelares frente al indiciado, de cara a nuevos hechos de intimidación o riesgo para la víctima.
La Fiscalía mantiene el proceso en curso bajo reserva judicial y enmarcado en el seguimiento a delitos de violencia intrafamiliar, en cumplimiento de la normativa colombiana y los estándares de protección de derechos fundamentales.
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