
La Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco) anunció oficialmente que no participará en la mesa de concertación que definirá el salario mínimo para el 2026.
En una carta dirigida a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el gremio de comerciantes rechazó que el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, anunciara su postura sobre el monto económico antes de que la Comisión pudiera deliberar. Señaló que esta actuación vulneró el principio de tripartismo y desnaturalizó el proceso de concertación.
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“Una decisión anticipada, sin soporte técnico y sin discusión, vacía de contenido el diálogo social, desconoce los compromisos internacionales de Colombia y envía un mensaje de profunda inseguridad sobre la solidez de la institucionalidad laboral”, indicó Jaime Alberto Cabal, presidente de la agremiación.
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Así mismo, el dirigente gremial subrayó que el incremento divulgado por el Presidente y el Ministro del Interior se sitúa muy por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la productividad, y que carece de sustento técnico.
“Creemos que es una payasada prestarse a asistir cuando ya el Gobierno sabe lo que quiere hacer, tiene definida su carta, que además es una carta populista. Un incremento de dos dígitos, dos veces más que la inflación, no tiene sentido para Colombia”, insistió.
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Incluso, manifestó que esta determinación improvisada deteriora la confianza, afecta la credibilidad del sistema de concertación y expone al país a mayores riesgos en materia de empleo, informalidad e inflación.
“Los trabajadores, las pequeñas empresas y los hogares de menores ingresos serán los primeros afectados por esta forma de proceder”, explicó Cabal.
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Además, el presidente de Fenalco señaló que la fijación del salario mínimo debe basarse en rigor técnico, análisis responsable y deliberación transparente entre las partes involucradas, y advirtió que someter este proceso a anuncios políticos que desconocen el debido proceso, reduce la concertación a un trámite simbólico y resta legitimidad a los acuerdos alcanzados.
Finalmente, la agremiación reiteró su compromiso con un diálogo social auténtico, caracterizado por la seriedad, el respeto y el soporte técnico.
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“Sin embargo, no se puede legitimar una mesa en la que las decisiones fundamentales ya fueron tomadas y comunicadas de manera unilateral por el propio Gobierno. Participar en esas condiciones equivaldría a avalar una práctica que contraría la esencia misma de la concertación”, concluyó Jaime Alberto Cabal.

La decisión de Fenalco generó la reacción inmediata del presidente Gustavo Petro que, a través de su cuenta de X, cuestionó que el gremio de los comerciantes este representado por un opositor, e incluso lo consideró como defensor de la esclavitud.
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“Hablar nunca es perder tiempo. Si los trabajadores gana más, más ganan los comerciantes. Esto pasa por poner gente que añora la esclavitud al frente de los gremios”, escribió el mandatario nacional en las redes sociales.

Del mismo modo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, criticó la posición de Cabal y aseveró que no representa los intereses de los comerciantes colombianos.
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“Creo que los comerciantes de Colombia, los tenderos, los dueños de los supermercados de barrio, que son adonde van a comprar los trabajadores que se ganan hasta un salario mínimo, y que el señor Cabal dice representar, deben estar muy molestos con la negativa del señor Cabal a concurrir a esta discusión, comportándose más como un opositor político que como un líder y representante gremial a quien le asiste la obligación de concurrir a estas discusiones”, expresó el jefe de cartera en declaraciones a los medios de comunicación.

La mesa de concertación, que reúne a representantes sindicales, empresariales y al Gobierno, se instala en un contexto de posturas enfrentadas.
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Mientras los trabajadores exigen un incremento de al menos 10 por ciento, que se traduciría en 142.350 pesos adicionales, los empresarios advierten sobre los riesgos de superar el siete por ciento, es decir, 99.645 pesos.
Esta diferencia, que equivale a 50.000 pesos en el monto final, refleja la tensión entre las aspiraciones de los empleados y las preocupaciones del sector productivo.

De concretarse la propuesta de los trabajadores, el salario mínimo para 2026 ascendería a 1.565.850 pesos. Si prevalece la postura empresarial, el monto sería de 1.523.145 pesos, respectivamente.
El plazo para definir el salario mínimo de 2026 vence antes del 30 de diciembre. Si no se alcanza un acuerdo entre los sectores, la decisión final quedará en manos del presidente Gustavo Petro, quien podrá fijar el monto mediante decreto.
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