Una tragedia sacudió el embalse El Peñol–Guatapé durante la tarde del martes 25 de noviembre, cuando cuatro turistas resultaron afectados por una descarga eléctrica mientras vacacionaban en la zona.
El accidente, reportado hacia las 3:40 p. m. por el Hospital San Juan de Dios, cobró la vida de Marlene Anatalia Canaan de Lora, ciudadana dominicana de 45 años, que falleció pese a los esfuerzos médicos, según confirmó el centro hospitalario.
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En el mismo hecho resultaron heridos José David Lora, también de 45 años, que sufrió quemaduras en ambos brazos y debió ser trasladado a un centro asistencial en el municipio de Rionegro debido a la gravedad de las lesiones.
Las autoridades sanitarias informaron además que César Estrella Paulin, de 26 años, y Carlos Manuel Martínez Ureña, de 35, presentaron abrasiones leves y permanecen bajo observación.
Así habrían sucedido los hechos
De acuerdo con información preliminar, la embarcación donde se desplazaban las víctimas pertenece a una empresa que opera en la zona turística. Al aproximarse al muelle, la nave se desplazó por un sector donde los cables de energía eléctrica se encontraban a baja altura. Según las versiones recogidas en el lugar, uno de los turistas habría tocado uno de estos cables por desconocimiento, lo que generó la letal descarga que alcanzó a los demás ocupantes.
El accidente fue atendido por miembros del Cuerpo de Bomberos y la Estación de Policía del municipio, organismos responsables de iniciar la investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho y prevenir situaciones similares.
Según el abogado Walter Mejía, especialista en Derecho Administrativo, este caso podría dar lugar a una demanda de reparación directa porque, en Colombia, esta figura legal aplica cuando un daño se produce por la acción, omisión o mal funcionamiento de un servicio público bajo responsabilidad estatal o de una entidad pública.
Rios explicó que la infraestructura eléctrica —en este caso, los cables a baja altura— está a cargo de una entidad pública o un concesionario de servicio público, por lo que si se demuestra una falla en el servicio, como la ausencia de señalización, mantenimiento deficiente o ubicación peligrosa de los cables, se configuraría la responsabilidad del Estado. Bajo este escenario, las víctimas o sus familias estarían legitimadas para reclamar una indemnización por los daños físicos, morales y materiales sufridos.
Alarmante panorama de descargas eléctricas en el departamento
Las muertes por riesgos eléctricos es preocupante Antioquia, donde desde 2016 se han registrado más de 227 fallecimientos, cifra que coloca al departamento como el de mayor incidencia en el país, por encima de Valle del Cauca (193 casos), Bolívar (175) y Atlántico (162). Según datos del Instituto de Medicina Legal, este saldo supera en 91 casos a la capital, Bogotá.
De acuerdo con lo citado por El Colombiano, las causas del repunte en Antioquia combinan la falta de prevención, la improvisación y el desconocimiento en el manejo de instalaciones eléctricas. Un sobreviviente relató a ese medio que estuvo a punto de morir mientras manipulaba un tomacorriente suelto, tras salir de la piscina, mojado y descalzo. “La electricidad me tiró al piso y no podía respirar, ni gritar porque la lengua se me atravesó”, compartió.
Los municipios con más afectados por esta problemática son Turbo, Bello, Segovia, Apartadó y sobre todo Medellín, que desde 2016 suma 25 casos.
Según Carlos Alberto Barranco Ahumada, líder de la Campaña de Seguridad Eléctrica del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico (Cidet), en declaraciones a El Colombiano, “en promedio, cada año mueren 25 personas en Antioquia, de las cuales cuatro son menores de edad”, siendo Medellín el principal foco. Las circunstancias más habituales de los accidentes son el contacto directo e indirecto con la electricidad, equipos defectuosos y el arco eléctrico o descarga de alta corriente.
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