El presidente Gustavo Petro aseguró que Iván Mordisco lo ha tenido amenazado de muerte desde hace años y que incluso habría habido un plan para atentar contra su vida durante el desfile del 20 de julio de 2024, presuntamente por órdenes de estructuras mafiosas.
Las declaraciones fueron entregadas a través de sus redes sociales, en respuesta a un video publicado por el jefe disidente en el que acusa al Gobierno de adelantar operativos militares en parques nacionales del Amazonas.
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Petro indicó que, de acuerdo con información recientemente conocida por su equipo de seguridad, Mordisco estaría implicado en acciones orientadas a afectar su integridad personal. Según el mandatario, dichas acciones se enmarcarían en una red delictiva que involucra a narcotraficantes y sectores políticos nacionales e internacionales.
Señalamiento directo a alias “el Runcho”
En su mensaje, el presidente señaló que Alirio Zárate, alias “el Runcho”, sería uno de los actores centrales en la estructura ilegal que sostiene las operaciones de Mordisco. Petro afirmó que se trata de un “comprador de cocaína” para quien trabajaría el líder disidente y que, en ese contexto, menores de edad estarían siendo utilizados como combatientes.
El mandatario escribió: “Su comprador de cocaína, el señor Alirio Zarate, alias ‘el Runcho’, no es la clase obrera y para él trabaja y derrocha la vida de sus hombres y de los menores de edad combatientes por el negocio con él y con los compradores extranjeros del coltán colombiano.”
Petro agregó que este tipo de prácticas demuestran la existencia de un esquema criminal en el que confluyen economías ilegales, operaciones armadas y redes de apoyo transnacional.
Comparación con sectores políticos en Colombia y Estados Unidos
En su pronunciamiento, el presidente también señaló que varios sectores políticos en Colombia y Estados Unidos habrían planteado iniciativas o acciones judiciales dirigidas a lograr su encarcelamiento. Petro mencionó específicamente a “políticos uribistas” en el país y a figuras de la extrema derecha en Florida.
El presidente afirmó: “También los políticos colombianos uribistas y estadounidenses de la extrema derecha de la Florida me quieren encarcelar, ¿Cuál la diferencia? Son la misma cosa: gobernanza mafiosa.”
Con esta afirmación, Petro ubicó estas acciones dentro de lo que denominó una “gobernanza mafiosa”, concepto con el que, según su explicación, se refiere a dinámicas que combinan intereses ilegales, presiones políticas y estrategias para influir en decisiones institucionales.
El origen de la disputa: acusaciones de bombardeos en Amazonas
Las declaraciones del presidente surgieron luego de que Iván Mordisco difundiera un video en el que acusa al Gobierno de adelantar bombardeos en los parques nacionales Chiribiquete y Cahuinarí, en el departamento de Amazonas. Según el disidente, quince menores de edad habrían muerto en estos hechos, que supuestamente ocurrieron después del discurso de Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En su comunicado, Mordisco expresó: “Parques nacionales Chiribiquete y Cahuinarí en el Amazonas, donde sus bombardeos han cobrado la vida de quince menores de edad después de su famoso discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas.”
El jefe disidente añadió que, desde su organización, se propone adelantar “juicios revolucionarios” contra quienes considere responsables de estas muertes. También afirmó que gobernantes y autoridades podrían ser incluidos en dichos juicios.
Mordisco añadió: “Los gobernantes que desde sus sillones promueven la guerra, el militarismo y los bombardeos también podrán ser enjuiciados.”
Asimismo, afirmó que en el año 2025 se habrían cometido “ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos judiciales”, y sostuvo que las cifras habrían superado las previamente documentadas. También señaló a algunos medios de comunicación y periodistas, a quienes acusó de participar en lo que denominó una “guerra contra el pueblo”.
Contexto de seguridad y relación con las disidencias
El intercambio de pronunciamientos entre el Gobierno y las disidencias ocurre en un momento de tensión para la política de seguridad en varias regiones del país. Las estructuras que lidera Mordisco mantienen presencia en zonas estratégicas para economías ilegales, lo que dificulta la implementación de políticas de sometimiento, desmantelamiento y control territorial.
El Gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre las acusaciones específicas de Mordisco respecto a los bombardeos en Amazonas. Sin embargo, de acuerdo con fuentes militares, los operativos en zonas protegidas se realizan bajo protocolos que buscan evitar afectaciones a la población civil, aunque la verificación en terreno suele resultar compleja por la presencia de grupos armados.
Mientras tanto, las afirmaciones del presidente sobre presuntos planes para atentar contra su vida abren un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y las organizaciones armadas ilegales, y podrían llevar a nuevas revisiones de seguridad y estrategia institucional.
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