En el caso por el asesinato de Juan Felipe Rincón, siete personas deberán responder a la Fiscalía por tortura agravada

La investigación por el asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, director de la Policía Nacional, avanzó con la citación a interrogatorio de siete personas por parte de la Fiscalía General de la Nación.

La decisión se conoce a pocos días de que se cumpla un año del crimen ocurrido el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, y en medio de la incertidumbre sobre quién fue el autor del disparo que le causó la muerte al joven, de acuerdo con W Radio.

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Entre los llamados a comparecer están Andrés Camilo Sotelo Torres y su hermana Katherin Sotelo Torres, quienes deberán responder en calidad de indiciados.

Junto a ellos también fueron citados Laura Daniela Carrión Gil, Sebastián Correal Ramos, Cristian David Ortiz Castro, Yeimi Tatiana Vega López y Carlos Fernando Galeano Medina.

Todos fueron vinculados formalmente a la investigación por los delitos de tortura agravada y uso de menores en la comisión de delitos, cargos que reflejan la complejidad de un caso que desde sus inicios generó conmoción nacional por la condición de la víctima y por las irregularidades señaladas en la recolección de pruebas.

Uno de los avances más relevantes en las últimas semanas ha sido el testimonio de la menor de 16 años que acompañó a Juan Felipe Rincón antes de su asesinato.

Según W Radio, la adolescente declaró recientemente ante la Fiscalía y entregó información clave que apunta a una posible participación de varios adultos en el homicidio y en los actos de tortura denunciados a comienzos de año por el abogado Juan Felipe Criollo, representante del general Rincón.

“Confiamos en que la justicia siga avanzando y dé resultados próximos conforme a las pruebas que reposan en el proceso”, expresó el jurista en declaraciones al medio radial.

El caso ha estado marcado por críticas a la actuación del ente acusador. El 14 de julio, un juez de conocimiento en Bogotá rechazó la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía a favor de Andrés Camilo Sotelo, uno de los principales señalados.

Durante la audiencia, el despacho advirtió fallas en la investigación y señaló la necesidad de profundizar en la verificación de información crucial.

En particular, el juez consideró indispensable la declaración de la menor de quince años que estuvo con la víctima el día de los hechos, señalando que su testimonio podría ser determinante para reconstruir lo ocurrido.

También ordenó indagar una posible hipótesis de extorsión como móvil del ataque, al afirmar que existían indicios de un trasfondo económico que debía ser analizado de manera rigurosa.

Las dudas sobre la investigación se acentuaron tras los hallazgos de investigadores privados contratados por la familia Rincón. En la escena del crimen se encontraron seis vainillas, una de las cuales —marca L84— no correspondía al arma del escolta Sergio Rico Rueda, quien acompañaba a Juan Felipe ese día.

Además, videos de cámaras de seguridad y grabaciones recogidas por vecinos registraron al menos ocho disparos, mientras que el arma del escolta solo tenía capacidad para seis cartuchos.

Estos elementos reforzaron la hipótesis de una posible manipulación o alteración de la escena.

Otra irregularidad señalada por la defensa fue la presentación de una camiseta con un orificio de bala que la Fiscalía asumió como prueba clave.

Según dictámenes forenses, Juan Felipe no vestía esa prenda al momento de ser atacado, lo que cuestionó la validez del material probatorio y la cadena de custodia.

A esto se sumó la duda sobre por qué no se le practicó de manera inmediata la prueba de residuos de pólvora a Andrés Camilo Sotelo, lo que compromete la confiabilidad de los resultados obtenidos después.

Las declaraciones de la menor involucrada, identificada como Sara Valentina, también han sido determinantes para reorientar la investigación. Según su testimonio, ella habría sido utilizada por adultos vinculados a una red de extorsión.

La investigación señala que Katherin Sotelo administró la cuenta de Instagram que contactó a Juan Felipe, mientras que su hermano Andrés Camilo es señalado por la Fiscalía como posible autor del disparo mortal.

El perfil usado para atraer al joven fue creado días antes y modificado después de contactar a la víctima, pasando de llevar el nombre de ‘Katherine Sotelo Torres’ a adoptarse como ‘María José’.