El presidente de Indepaz, Camilo González Posso, presentó un análisis sobre el retorno de los bombardeos en Colombia tras las operaciones aéreas ejecutadas el 11 de noviembre en Calamar, Guaviare.
En el documento, el investigador expone los resultados, las justificaciones oficiales y las implicaciones jurídicas y operativas de estas acciones que el presidente Gustavo Petro y las autoridades militares sustentaron en la obligación de proteger a una unidad de 20 soldados que, de acuerdo con la información oficial, estaba en riesgo de emboscada en la zona.
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Además del caso de Guaviare, González Posso registró que la ofensiva incluyó cinco bombardeos en Antioquia contra el Clan del Golfo y acciones aéreas en Arauca dirigidas al ELN y al Frente 10, dentro de una estrategia militar que se desarrolla en diversos departamentos del país. En su análisis, señala que esta reaparición de bombardeos reabre un debate que ha acompañado por años la discusión sobre la pertinencia y límites de estas operaciones en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Debate histórico sobre el uso de bombardeos
El presidente de Indepaz señala que el país mantiene desde hace décadas una discusión sobre la proporcionalidad y la legalidad de los bombardeos en zonas donde podría haber población civil o menores de edad.
En la carta recuerda que organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en que los principios del DIH —como distinción y precaución— obligan a descartar operaciones cuando pueda existir riesgo para niños, niñas y adolescentes vinculados a grupos armados.
González Posso precisa que estos menores no pierden su condición de víctimas por encontrarse dentro de estructuras armadas: “niñas, niños y adolescentes no pierden su condición de víctimas ni se transforman en objetivos militares por estar vinculados a grupos armados tras un reclutamiento tramposo que no elimina la condición de víctima”. Bajo ese principio, el documento sostiene que deben priorizarse medidas de protección reforzada y abstenerse de ejecutar ataques cuando exista riesgo para esta población.
El análisis también expone que el retorno de esta táctica militar plantea una tensión jurídica: mientras algunos discursos oficiales afirman que los grupos armados actuales no son actores del conflicto sino estructuras narcotraficantes, otras posiciones invocan el DIH para legitimar acciones de bombardeo. Para González Posso, esta combinación de narrativas evidencia inconsistencias sobre cómo se interpreta el marco jurídico aplicable.
La carta menciona que las organizaciones armadas actuales funcionan mediante pequeñas unidades, redes móviles y estructuras fragmentadas que se camuflan entre la población, con presencia frecuente de menores de edad. En ese contexto, González Posso afirma que los bombardeos pueden resultar desproporcionados o ineficaces frente a las dinámicas operativas actuales.
Antecedentes de oposición a estas tácticas
El presidente de Indepaz recoge antecedentes de este debate, como la discusión de 2015 tras la directriz 03 de la Fiscalía, que autorizaba bombardeos bajo el entendido de que Colombia atravesaba un conflicto armado no internacional. Esa directriz, indica González Posso, se sumó a posiciones tomadas en años anteriores. Retoma un comentario hecho por él en ese momento: “Muchas veces son incontrolados los llamados efectos colaterales y nunca se ha discutido y aclarado que no es legítimo ordenar una acción de guerra de aniquilamiento total de un campamento o cuartel donde duermen combatientes o delincuentes”.
El documento también recuerda el debate de marzo de 2021 con el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, sobre la posibilidad de bombardear campamentos en los que hubiera menores. En una cita reproducida en la carta, Indepaz afirmó: “ante el riesgo de presencia de niños, niñas y adolescentes (…) lo que prima es el respeto a su vida, el derecho de precaución y la debida proporcionalidad en el uso de armas”.
Finalmente, González Posso expuso que las operaciones que actualmente se ejecutan pueden generar efectos adversos en la relación entre el Estado y las comunidades en territorios afectados por la presencia armada. Describe que la llegada de fuerzas militares acompañada de la amenaza de bombardeos puede impactar negativamente la percepción de la población, especialmente en regiones que esperaban avances de la política de Paz Total. Según la carta, “la nueva receta es más ofensiva militar y noticias de bombas”, lo que puede afectar la confianza de las comunidades y oscurecer los objetivos de seguridad establecidos por las autoridades.
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