En la tarde del jueves 13 de noviembre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a pronunciarse sobre el operativo de allanamiento realizado en la vivienda donde reside con su familia, en Barranquilla.
A través de su cuenta personal en la red social X, el funcionario reiteró sus críticas hacia la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, a quien señaló de actuar de manera abusiva y exceder sus facultades.
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En su mensaje en redes sociales, Benedetti afirmó: “Pésele a quien le pesare, hoy soy víctima del abuso y la extralimitación de Cristina Lombana, de ultraderecha (...)”.
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El allanamiento se llevó a cabo en medio de una investigación de la Corte Suprema de Justicia que vincula al ministro, aunque, según el propio Benedetti, las autoridades “no encontraron nada” durante la inspección de la residencia familiar.
“(...) no encontraron nada en el allanamiento, soy inocente, he dado la cara a la Corte Suprema, y todos los tonticos que son de derecha no han presentado ni una sola prueba de un negocio de enriquecimiento ilícito.
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El ministro enfatizó que ha comparecido ante los llamados del alto tribunal, a la vez que cuestionó la falta de pruebas en su contra y atribuyó las acusaciones a motivaciones políticas y a sectores adversos al actual Gobierno. “Todas son conjeturas de mala leche y de personas que odian a @petrogustavo y que están asustados porque los vamos a derrotar en el 2026 (sic)”, puntualizó en su mensaje.
¿Por qué allanaron la casa de Armando Benedetti?
La vivienda de Armando Benedetti en Barranquilla fue allanada por orden de la Corte Suprema de Justicia, en el desarrollo de una investigación que busca esclarecer su presunta participación en una red político-empresarial orientada a favorecer a la firma Simetric S.A., dedicada a certificar la aptitud psicofísica de vigilantes privados.
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Según el auto de apertura de instrucción formal emitido el 6 de junio de 2024, la magistrada Cristina Lombana sostiene que Benedetti, cuando era senador, habría impulsado la Ley 1539 con el objetivo de beneficiar económicamente al empresario Euclides Torres, propietario de la compañía.
El documento judicial detalló que, a cambio de gestiones legislativas, Torres habría otorgado a Benedetti un préstamo superior a $3.600 millones de pesos para la compra de una vivienda en Puerto Colombia (Atlántico), sin que existan garantías ni soportes de pago que respalden la operación. Esta transacción, junto con otros movimientos económicos y vínculos políticos identificados por la Policía Judicial y registros financieros, motivó a la Corte Suprema a considerar la diligencia judicial como una medida para recolectar pruebas en la investigación.
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La Corte señala que, desde 2010, Benedetti y Torres habrían tejido un acuerdo ilegal para legislar a favor de los intereses de Simetric, estableciendo un monopolio en la expedición de certificados médicos para porte de armas.
Además, el expediente indicaría que los exrepresentantes Tatiana Cabello y Efraín Torres Monsalvo también estarían involucrados en la supuesta maniobra, recibiendo dinero para frenar proyectos que afectaban los intereses de la empresa.
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Aunque Benedetti actualmente ocupa un cargo en el Ejecutivo, la Sala Especial de Instrucción mantiene la competencia para investigarlo por hechos cometidos durante su período como congresista, al amparo del artículo 235 de la Constitución.
El crecimiento patrimonial de Benedetti mientras se tramitaba la Ley 1539 es uno de los factores que propició la apertura formal de la investigación, junto con la recolección de documentos del Congreso y reportes de transacciones financieras vinculadas a las campañas políticas de los implicados.
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El proceso judicial, encabezado por la magistrada Lombana, avanza en un contexto de tensiones entre el ministro y la togada. La investigación continúa en la Sala Especial de Instrucción, donde se determinan los pasos a seguir para definir si hay lugar a la formulación de cargos contra los investigados.
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