Armada destruyó maquinaria para minería ilegal en el Pacífico colombiano: la afectación económica es superior a los $700 millones

Un despliegue de efectivos en San José de Guare resultó en la inutilización de retroexcavadoras, dragas y otros equipos, lo que supuso pérdidas millonarias para grupos asociados a actividades mineras no autorizadas.

La Armada de Colombia informó sobre la destrucción e inhabilitación de maquinaria utilizada en minería ilegal en el departamento del Cauca, una acción que representó una afectación económica combinada superior a 700 millones de pesos para las estructuras criminales responsables de estas actividades.

En el municipio de Guapi, las tropas de la Brigada de Infantería de Marina No. 4 ejecutaron dos operaciones coordinadas con el Comando Aéreo de Combate No. 7, gracias a inteligencia naval.

Así como explicó el coronel de Infantería de Marina Jorge Enrique González Orejuela, Comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 4: “se logró la destrucción e inhabilitación de maquinaria utilizada en la explotación ilícita de yacimientos mineros en el departamento del Cauca. Gracias a información de inteligencia naval y en coordinación con el Comando Aéreo de Combate número siete, tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número cuarenta y dos desarrollaron dos operaciones en la zona rural del municipio de Guapi”.

La primera intervención, realizada en el sector San José de Guare, permitió detectar en flagrancia actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros.

En ese lugar, los uniformados hallaron y destruyeron de manera controlada una retroexcavadora, cumpliendo con la normatividad vigente y procurando minimizar los daños ambientales.

Durante una segunda acción en la misma zona, los efectivos localizaron tres dragas, una clasificadora y cuatro motobombas, todas en funcionamiento. El procedimiento culminó con la inhabilitación de estos equipos, lo que generó una nueva afectación al financiamiento de las organizaciones ilegales.

“En una segunda operación, en esta misma zona, se localizaron tres dragas, una clasificadora, cuatro motobombas que fueron inhabilitadas con una afectación económica de cerca de doscientos noventa y un millones de pesos”, detalló el oficial.

Las operaciones se fundamentaron en el Decreto 1035 de 2024, que otorga facultades a las Fuerzas Militares para destruir o inhabilitar maquinaria empleada en actividades ilícitas. La normativa apunta a frenar la degradación ambiental y a debilitar las economías ilegales que sostienen a grupos armados residuales como el conocido Jhonier Toro Arenas.

“Estas acciones, realizadas en el cumplimiento del Decreto diez treinta y cinco de 2024, permiten afectar directamente las economías ilícitas de las estructuras como el Gador Joiner Toro Arenas, responsable de graves daños ambientales por la explotación ilegal de recursos”, agregó el Comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 4.

El balance de las autoridades indica que la destrucción de la retroexcavadora representó una pérdida económica de 410 millones de pesos, mientras que la inhabilitación de las dragas y motobombas sumó un impacto estimado en 291 millones de pesos para las estructuras criminales.

Las fuerzas militares sostienen que estos resultados afectan de manera directa las finanzas de las bandas involucradas, al mismo tiempo que contribuyen a frenar la contaminación ambiental asociada a la minería ilegal en la región.

La Armada anunció que mantendrá operaciones constantes y coordinadas con otras autoridades, con el objetivo de proteger los recursos naturales del Pacífico colombiano y reforzar la seguridad en el territorio.

Según la institución, el trabajo conjunto busca garantizar la defensa del entorno natural y limitar el margen de acción de los grupos armados que se benefician de la explotación ilícita de minerales.

“La Armada de Colombia continuará adelantando operaciones contra estas actividades con el propósito de proteger el medio ambiente y fortalecer la seguridad en el Pacífico colombiano. Año 2026. Azul que inspira, fuerza que protege”, concluyó el coronel Jorge Enrique González Orejuela.