El reciente fallo judicial que condena a cuatro altos directivos de Maderas del Darién por financiar a los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) marca un hito en la lucha contra la impunidad empresarial en el conflicto armado colombiano.
El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Antioquia impuso seis años de prisión domiciliaria a los implicados, tras comprobar que la empresa transfirió más de setecientos millones de pesos a la estructura armada liderada por Carlos Castaño en la región de Urabá a comienzos de los años 2000.
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La sentencia, emitida el 5 de noviembre de 2025, se fundamenta en un extenso acervo probatorio presentado por la Fiscalía General, que incluye interceptaciones telefónicas, declaraciones de exparamilitares y análisis contables.
El proceso judicial se remonta a la investigación iniciada tras el allanamiento del denominado parqueadero Padilla en Medellín, el 30 de abril de 1998, en el que las autoridades hallaron la oficina financiera de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).
En ese operativo, los investigadores incautaron miles de registros bancarios que detallaban los flujos de dinero, los nombres de los donantes y beneficiarios, así como la estructura jerárquica de los paramilitares.
Toda esta información era gestionada por Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, hombre de confianza de los hermanos Castaño.
El fallo judicial establece que Jorge Amézquita García, Jaime Guillermo Hernández Truten, Saúl Buriticá Cifuentes, Ricardo y Ronal Palacios Romaña participaron de manera consciente y voluntaria en la estructuración, financiamiento y sostenimiento del concierto criminal, en detrimento de la seguridad pública.
El despacho concluyó que los directivos de Maderas del Darién tenían pleno conocimiento de las maniobras contables implementadas para canalizar recursos al Bloque Elmer Cárdenas de las AUC.
Según la Fiscalía, entre 1997 y 1999, la empresa, filial de Triplex Pizano S.A., realizó aportes mensuales que fluctuaban entre veinte y treinta millones de pesos ($20.000.000 – $30.000.000) al grupo armado.
La investigación determinó que la conducta penal de concierto para delinquir agravado, relacionada con la financiación de grupos paramilitares en Antioquia, Chocó y Córdoba, constituye un delito de lesa humanidad y, por tanto, es imprescriptible.
En los alegatos de conclusión del 4 de septiembre de 2024, la Fiscalía sostuvo que los directivos de la empresa concertaron voluntades para asegurar la operación del Bloque Elmer Cárdenas y desplegaron mecanismos materiales y contables para ocultar el destino final de los recursos provenientes de la explotación forestal en el Bajo Atrato y zonas aledañas.
El dictamen pericial contable reveló graves irregularidades en la gestión financiera de la empresa. Se identificó el uso de asientos bancarios ficticios, la simulación de proveedores y contratistas, y la utilización de diecisiete personas naturales y cinco jurídicas como intermediarios para desviar fondos hacia el grupo armado ilegal.
El contratista Néstor Cayetano Victoria recibió de la compañía $937 millones, de los cuales solo $207 millones correspondían a bienes o servicios efectivamente prestados. El resto, $730 millones, fue desviado mediante obligaciones registradas a nombre de terceros y cobradas por el contratista para financiar a los paramilitares. Estos recursos, además, fueron descontados a las comunidades afrodescendientes de Cacarica, Curvaradó y Jiguamiandó, lo que agravó la lesión patrimonial y el carácter de victimización colectiva de los consejos comunitarios de Urabá.
El fallo recoge los testimonios de cuatro exparamilitares, incluido Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, quien dirigía el Bloque Elmer Cárdenas en los años noventa. El Alemán declaró ante la Fiscalía: “Sobre el río Atrato y sus afluentes se tenía control sobre todo lo que se transportaba, sobre todo con la madera, que era el principal medio legal (...) Sí me reuní una o dos veces en compañía de un subalterno del Bloque, que era el que manejaba esa relación con ellos (Maderas del Darién) (...) Es cierto que ellos nos daban aportes financieros por mucho tiempo… los aportes económicos fueron acordados con ellos y fue de manera voluntaria”. Las autoridades judiciales concluyeron que la financiación no fue producto de extorsión, sino de una colaboración voluntaria entre la empresa y la estructura paramilitar.
El contexto de violencia en la región se agravó tras la expansión de las AUC en Urabá, lo que incrementó los enfrentamientos con la guerrilla y generó un escenario de asesinatos, desplazamientos forzados, confinamiento de comunidades y despojo de tierras. Antes de la Operación Génesis de 1997, el frente 57 de las Farc y el ELN mantenían una fuerte presencia en la zona. Un empleado de Maderas del Darién relató que en 1991 las Farc destruyeron dos remolcadores y dos tractores forestales de la empresa, presuntamente para presionarla.
La sentencia también documenta cómo la empresa impuso a las comunidades negras y campesinas de la región un sistema de descuentos sobre el dinero que recibían por la madera extraída, con el objetivo de asegurar la continuidad de las operaciones empresariales en el Bajo Atrato, donde el Bloque Elmer Cárdenas sometió a la población a desplazamiento y despojo. Según los líderes comunitarios, existió un beneficio recíproco entre el sector privado y la estructura paramilitar.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía figuran correos electrónicos e interceptaciones telefónicas en las que los condenados discutían estrategias para manipular documentos, buscar testigos y justificar pagos irregulares, lo que evidencia su plena conciencia de la ilicitud de sus actos y una conducta orientada a obstruir la investigación.
En estas comunicaciones, los sindicados intentaron contactar al antiguo representante legal de Pizano, Enrique Camacho Matamoros, para que intercediera ante un empleado que se había negado a participar en actividades irregulares. Camacho Matamoros, actual presidente de Millonarios F. C., negó haber intervenido con ese propósito y no enfrenta requerimientos judiciales por estos hechos.
El fallo establece que tres de los cuatro directivos —Buriticá Cifuentes, Amézquita García y Hernández Truten— cumplirán la pena en detención domiciliaria, debido a sus condiciones personales y comportamiento durante el proceso penal. En cambio, Palacios Romaña deberá cumplir la condena en prisión, en un lugar que determinará el Inpec.
La defensa de los condenados solicitó la absolución por supuesta falta de pruebas, vicios procesales y contradicciones en los testimonios, argumentos que planea sostener en la apelación del fallo de primera instancia.
Por su parte, fuentes de la Fiscalía subrayaron que este fallo constituye el primer pronunciamiento judicial contra una empresa maderera por financiar a los paramilitares, sumándose a sentencias previas contra ganaderos y palmeros que colaboraron con el proyecto de los hermanos Castaño Gil.
El caso de Maderas del Darién se inscribe en el contexto de crímenes emblemáticos como la masacre de Bojayá en 2002, que dejó ochenta víctimas mortales, y la Operación Génesis de 1997, que provocó el desplazamiento forzado de 3.500 personas y el asesinato de un campesino.
El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado que parte de la estructura criminal de las AUC fue financiada por empresarios de diversos sectores, entre ellos el maderero, que ahora enfrenta una condena judicial de fondo tras décadas de sospechas y denuncias.
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