La jueza Ángela Patricia Martelo, a cargo del juzgado 15 administrativo de Cartagena, aceptó para su análisis una tutela presentada por la Unión Sindical Obrera (USO), sindicato mayoritario de Ecopetrol. La acción busca impedir que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) embargue las cuentas de la Refinería de Cartagena (Reficar) debido a un presunto impago de $1,5 billones del impuesto al valor agregado (IVA) en la importación de combustibles.
Los trabajadores argumentan que de avanzar el proceso de cobro de la Dian, podrían verse afectados los pagos de salarios, así como la distribución de combustibles.
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Según el documento conocido por Blu Radio, las partes disponen de dos días para presentar su versión de los hechos ante el juzgado, después de lo que se evaluará si es necesario implementar medidas cautelares que suspendan los embargos.
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El conflicto entre la Dian y Ecopetrol
Tanto la USO como Ecopetrol advirtieron mediante tutelas que una eventual medida de embargo pondría en riesgo la operación total de la Refinería de Cartagena. Ante estos argumentos, la jueza Martelo incluyó a Ecopetrol y Reficar en el proceso judicial y notificó también a la Dian como parte demandada.
El sindicato, por un lado, advirtió que el cobro arbitrario de IVA pone en riesgo el segundo activo más valioso de Ecopetrol y arriesga el empleo de 4.600 trabajadores, y el abastecimiento de diésel y gasolina de la Costa Caribe.
Operación de Reficar en veremos
Apuntó que la decisión de la Dian puede llevar al embargo de las cuentas de Reficar, lo que la obligaría a detener su operación.
De igual manera, señaló que “se debe tener en cuenta que la venta del Permian, el cobro arbitrario de IVA de la Dian, más la permanente negación de licencias ambientales desde la Anla están creando una tormenta perfecta que puede llevar a la quiebra de la principal empresa del país”
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Al respecto, había dicho que adelantarán todas las acciones jurídicas, políticas, y de movilización para defender la principal riqueza que tenemos los colombianos.
La tutela de Reficar
Frente a este escenario, Reficar presentó una acción de tutela con el fin de evitar el inminente embargo de sus cuentas bancarias de la Dian. La solicitud fue radicada por Alejandro Linares Cantillo, apoderado legal de la empresa, que argumentó que la decisión administrativa de la autoridad fiscal vulnera derechos fundamentales.
En el documento, la defensa de Reficar sostiene que la medida de embargo, establecida en la Resolución 12812 del 30 de octubre de 2025 y notificada el 4 de noviembre, pone en grave riesgo la continuidad de las operaciones de la planta, con la posibilidad de una detención total en un plazo de entre siete y 11 días calendario. El cese de actividades, según advierte la empresa, afectaría el suministro nacional de combustibles y pondría en riesgo la soberanía energética del país, de acuerdo con la información incluida en el expediente judicial.
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El recurso solicita la protección transitoria de varios derechos fundamentales, entre ellos la existencia jurídica y la subsistencia de la empresa, el debido proceso en materia administrativa, el derecho a la igualdad, y el derecho al trabajo de más de 4.600 empleados directos e indirectos. La compañía considera que la interpretación unilateral y retroactiva de los conceptos jurídicos por parte de la Dian contradice abiertamente la Constitución y deja a Reficar sin mecanismos efectivos de defensa administrativa.
Dentro de la acción presentada, Alejandro Linares Cantillo pidió al juez ordenar la suspensión inmediata de los efectos de la resolución y solicitar a la Dian abstenerse de ejecutar embargos u otros procedimientos de cobro hasta que se resuelvan las acciones judiciales de nulidad y restablecimiento del derecho interpuestas por la empresa.
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Protección del derecho colectivo
“Se solicita resguardar provisionalmente la existencia de la compañía y el trabajo de sus colaboradores, en tanto se resuelve en el fondo la disputa administrativa”, señaló Linares Cantillo en la tutela. La petición invoca jurisprudencia de la Corte Constitucional al citar precedentes donde se protege el derecho colectivo al empleo ante actuaciones estatales que amenazan la estabilidad empresarial.
La acción fue radicada en Cartagena y se encuentra en trámite ante los jueces de tutela. El proceso continuará mientras la autoridad tributaria mantiene la exigencia de la deuda de IVA y la posibilidad de iniciar procedimientos de cobro coactivo sobre los activos de Reficar.
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