Activistas de derecha demandaron a la clínica Valle del Lili en Cali por operación de cambio de género en una menor de edad: “Crecí con miedo a ser mujer”

El caso de Laura, una joven del Valle del Cauca, ha desencadenado un debate judicial y ético en Colombia sobre los procedimientos de cambio de género en menores de edad, que involucra a la Fundación Valle del Lili, una de las clínicas más reconocidas de América Latina.

La familia de Laura ha presentado una demanda que exige la prohibición de este tipo de intervenciones en la institución y reclama una indemnización millonaria, según reveló Semana.

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La controversia se centra en el proceso médico que Laura atravesó entre 2017 y 2020, cuando, con 15 años, fue atendida en la Fundación Valle del Lili tras una remisión de especialistas externos.

El abogado Pedro Daniel Contreras, representante de la fundación Nueva Democracia y apoderado de la familia, sostiene que los profesionales de la clínica habrían incurrido en un diagnóstico erróneo y en la aplicación de tratamientos irreversibles sin cumplir los estándares internacionales.

Contreras argumenta que a la adolescente se le administró testosterona en una etapa no recomendada y, posteriormente, bloqueadores de pubertad, sin que existiera un consentimiento informado ni una estabilidad diagnóstica adecuada.

La historia de Laura se remonta a su infancia en Palmira, donde, entre 2006 y 2008, fue víctima de abuso sexual por parte de una empleada doméstica.

Este episodio, que mantuvo en silencio durante casi una década, dejó secuelas profundas.

“Yo crecí con miedo a ser mujer. Después del abuso, me volví más cerrada. Cuando empecé a desarrollarme, empecé a esconderme en ropas oscuras con miedo a que volviera a pasar. Sin embargo, no tuve sentimientos de sentirme hombre”, relató Laura al medio.

Durante la adolescencia, la joven accedió a contenido en redes sociales y videos de YouTube que, según su testimonio, la llevaron a cuestionar su identidad de género.

“Si te incomoda el periodo, si te gusta usar jeans más que faldas, si no usas maquillaje. Decían que todo eso eran motivos para hacerte un hombre trans”, explicó Laura.

Esta influencia digital, sumada a su miedo persistente a la feminidad, la llevó a adoptar comportamientos masculinos, a experimentar episodios de depresión, irritabilidad y pensamientos suicidas.

Preocupados por su salud mental, los padres de Laura buscaron ayuda profesional. Tras la primera atención psicológica, la joven fue remitida a un psiquiatra a comienzos de 2017.

Según el abogado Contreras, este especialista “ignoró por completo el episodio de abuso, al punto que ni siquiera lo registró en su historia clínica. Encontró en ella un cuadro depresivo y, a reglón seguido, afirmó que existía una disforia expresa y les recomendó a sus padres que su tratamiento continuara en la Fundación Valle del Lili”, según consta en la demanda.

El 12 de junio de 2017, un endocrinólogo pediatra de la Fundación Valle del Lili registró en la historia clínica que la paciente asistía para “apoyo hormonal” y le recetó testosterona. Contreras, respaldado por peritos internacionales, sostiene que esta decisión fue “apresurada, ya que ese tratamiento no debe iniciar antes de los dieciséis años”.

Laura relató a Semana que no experimentó mejoría con la hormonización, por lo que se suspendió el tratamiento ante la falta de certeza diagnóstica. Durante ese periodo, la joven alternó el uso de prendas femeninas y masculinas, y expresó a la psicóloga de la Fundación que “tenía ideas formadas sobre la maternidad, que quería interrumpir la menstruación y luego recuperarla para tener hijos y amamantarlos”.

Tras la suspensión de la testosterona, el endocrinólogo habría prescrito bloqueadores de pubertad para detener la menstruación, una decisión que el abogado califica de irregular: “Decidió usar bloqueadores de pubertad después del uso de hormonas cruzadas, lo cual no responde a ningún protocolo reconocido por la comunidad médica”, afirmó Contreras.

El tratamiento hormonal se reanudó a comienzos de 2018 y se mantuvo hasta mayo de 2020. Durante ese lapso, los médicos recomendaron a Laura someterse a una cirugía de masculinización torácica, que finalmente se realizó en enero de 2020.

La Fundación Valle del Lili respondió a Semana que no puede proporcionar información clínica de pacientes sin su consentimiento o autorización expresa.

No obstante, la institución aclaró: “A la fecha, la institución no ha recibido ninguna reclamación o manifestación formal por parte del paciente o de las personas involucradas. En caso de que se reciba algún requerimiento formal, será atendido conforme a los procedimientos legales y éticos establecidos. Asimismo, informa que todas las intervenciones y procedimientos realizados en la institución se sustentan en la evidencia científica y cuentan con los respectivos consentimientos informados”.

De acuerdo con la fundación Nueva Democracia, este caso representa el primer proceso judicial en Colombia por presunta mala praxis médica en tratamientos de transición de género en menores. Laura, quien inició su proceso a los quince años en la Fundación Valle del Lili, ha detransicionado y busca justicia tras haber sufrido consecuencias físicas y psicológicas graves.

Según la fundación Nueva Democracia, cuando Laura fue remitida a la clínica, esta se encontraba en una fase inicial, sin protocolos definidos ni experiencia en el manejo de casos de disforia de género en menores, lo que habría dado lugar a prácticas improvisadas y experimentación médica irresponsable.