La Superintendencia de Industria y Comercio puso sus ojos en Tesla Colombia: asegura que hay iregularidades en sus ventas en línea

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) emitió el 14 de mayo de 2026 una orden administrativa a Tesla Motors Colombia S.A.S. por irregularidades detectadas en la venta online de vehículos eléctricos.

La investigación oficial identificó retrasos e inconsistencias informativas, exponiendo a los consumidores a riesgos en sus derechos.

La autoridad ordenó estas medidas a Tesla tras identificar demoras en la entrega y falta de transparencia sobre las garantías y la infraestructura de carga.

Para los compradores, la intervención representa protección inmediata: la compañía debe corregir sus prácticas comerciales en línea para garantizar la entrega de los productos y la información prometida, o enfrentará sanciones administrativas.

La investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio se enfocó en las operaciones de la empresa desde su llegada al país en noviembre de 2025, con especial atención a las ventas gestionadas a través de su página web.

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, se revisó cerca de 23.700 pedidos realizados entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, además de analizar peticiones, quejas y reclamos presentados por clientes.

Los hallazgos oficiales demostraron que más de 1.800 vehículos que debían ser entregados entre febrero y marzo de 2026 seguían pendientes hasta abril.

Según la Superintendencia, estos retrasos y las inconsistencias en los datos sobre garantías y condiciones de entrega pueden vulnerar los derechos de los consumidores y generar confusión respecto a la oferta real.

Retrasos y hallazgos en entregas de vehículos eléctricos

Entre los principales hallazgos, el diario económico La República subrayó que la autoridad documentó reiterados incumplimientos en los plazos de entrega informados al inicio por la empresa.

La demora afectó a cientos de compradores que, tras realizar la reserva y el pago, no recibieron el producto ni una respuesta clara sobre la fecha de entrega.

Estos hechos despertaron preocupación por posibles prácticas comerciales engañosas y por el cumplimiento de las condiciones publicitadas en el sitio web oficial. La incertidumbre y la falta de transparencia aumentaron la desconfianza en la marca entre los consumidores.

De acuerdo con el diario económico Portafolio, esta situación podría perjudicar la reputación de Tesla en el mercado colombiano y fue uno de los motivos principales para la acción de la autoridad.

Garantías y problemas de infraestructura de carga

Además de los retrasos, la Superintendencia de Industria y Comercio identificó inconsistencias y falta de claridad en la información referente a la garantía de los vehículos y la existencia o disponibilidad de la infraestructura de carga tipo Supercharger en Colombia.

Se detectaron limitaciones no suficientemente explicadas en la cobertura de algunos componentes, principalmente en las llantas.

La carencia de datos específicos y verificables sobre los puntos de carga y su funcionamiento real motivó la orden de abstenerse de difundir información que pueda inducir a error sobre la existencia y disponibilidad de infraestructura de carga tipo Supercharger en Colombia.

La entidad requirió que la información sobre condiciones de garantía sea clara, suficiente y verificable, y que la empresa cumpla la normativa especial para ventas por comercio electrónico establecida en la Ley 1480 de 2011.

Medidas y consecuencias administrativas

Tal como recopilan las cuatro fuentes, la intervención culminó con medidas administrativas.

Entre ellas se encuentran la obligación de ajustar la información relativa a los plazos de entrega, evitar presentar fechas tentativas como definitivas y garantizar transparencia en reservas, pagos y entregas.

Tesla debe revisar sus contratos para asegurar que no haya restricciones indebidas a la garantía legal de ciertos componentes.

Otra exigencia ordena reforzar los canales de atención para peticiones y reclamos, implementar protocolos para evitar nuevos retrasos no justificados y respetar plenamente las obligaciones derivadas de la Ley de Protección al Consumidor para ventas online.

La Superintendencia de Industria y Comercio advirtió que el incumplimiento de estas órdenes puede conllevar sanciones administrativas conforme a la Ley 1480 de 2011, incluyendo multas o restricciones operativas de gravedad.

Con estas decisiones, la autoridad busca establecer nuevos estándares de transparencia para la venta de vehículos eléctricos a través de comercio electrónico, con el objetivo de resguardar los intereses de los consumidores frente a posibles prácticas engañosas.

La intervención confirma la supervisión permanente sobre las ventas digitales de automóviles, con el objetivo de proteger a los usuarios y promover la claridad informativa en el sector.