El costo laboral que asumirían las empresas en Colombia por cada empleado formal podría alcanzar los $3.076.352 mensuales en 2026 si prospera la propuesta de fijar el salario mínimo 2026 en $1.800.000, idea que propuso el ministro del Interior, Armando Benedetti, y que luego aclaró que incluye el auxilio de transporte. El cálculo representa un incremento del 26,4% respecto al costo estimado para 2025, que se sitúa en $2.432.882, teniendo en cuenta que el sueldo básico es de $1.423.500 (sin auxilio de transporte).
Así, de acuerdo con un estudio hecho por la firma de abogados Polo Ecker en alianza con 360, cada trabajador supondría para el empleador un gasto adicional de $643.470 al mes.
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Dicho análisis detalla los componentes que conforman el costo real de un trabajador formal bajo el nuevo salario mínimo propuesto:
- Salario base: pasaría de $1.423.500 a $1.800.000
- Auxilio de transporte: aumentaría de $200.000 a $252.898.
- Primas y cesantías: subirían de $118.625 a $149.999 cada una.
- Vacaciones: de $59.360 a $75.060.
- Pagos a pensión: se elevarían de $170.820 a $216.000
- Pagos de salud: de $120.998 a $153.000.
- Riesgos laborales (ARL): crecería de $7.431 a $9.396.
- Pagos a la caja de compensación: de $56.940 a $72.000.
- Aportes al Icbf: de $42.705 a $54.000
- Aportes del Sena: de $28.470 a $36.000.
- Dotación de calzado y vestimenta: aumentaría de $71.175 a $90.000.
Impacto para las empresas y el empleo formal
Según Polo Ecker y 360, el incremento en el costo laboral de las empresas impactaría, sobre todo, a las pequeñas y medianas, que representan más del 90% del sector. Un aumento de esta magnitud podría poner en riesgo la estabilidad de las nóminas, limitar la capacidad de contratación y, en algunos casos, incentivar la informalidad laboral. El informe advierte que, si la productividad no crece al mismo ritmo que los salarios, los empresarios suelen absorber estos incrementos al reducir márgenes de ganancia o trasladar parte del costo al precio final de los bienes y servicios.
Además, el aumento de los costos fijos podría llevar a ajustes de personal, reducción de beneficios o aplazamiento de inversiones.
Perspectiva técnica y advertencias
Desde una perspectiva técnica, el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, considera que el aumento real del salario mínimo, incluyendo el subsidio de transporte, sería del 11%. Mejía explica que, al comparar el salario mínimo actual de $1.623.500 (con subsidio de transporte) con la propuesta de $1.800.000, el incremento se sitúa en ese porcentaje, alineado con cifras mencionadas previamente por el presidente Gustavo Petro.
El experto advierte que aumentos muy superiores a la inflación, que este año podría superar el 5%, pueden ejercer presiones al alza sobre los precios, como ya se ha observado en el país.
“Pensemos en un comerciante pequeño, en un micro comerciante, que tiene unos márgenes de operación muy pequeños, usualmente entre el 2% y el 3%. Si el salario mínimo aumenta en 11%, que es el costo de operación fundamental, pues no le queda otra alternativa a ese microempresario que trasladar ese aumento salarial al consumidor final a través de mayores precios. Ese es el canal a través del cual aumentos del salario mínimo terminan generando inflación, que es lo que ha pasado este año”, señaló Mejía a Portafolio.
Mejía también hizo un llamado a la prudencia y al diálogo entre las partes en la mesa de concertación al resaltar la necesidad de reconocer la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, pero evitando efectos negativos en materia de inflación. El director ejecutivo de Fedesarrollo insistió en que el debate debe considerar tanto los beneficios como los riesgos de un aumento significativo del salario mínimo.
Advertencias sobre la formalidad
Por su parte, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, enfatizó la importancia de que la discusión sobre el salario mínimo se base en criterios técnicos. Durante la Asamblea General de Anif, el experto sostuvo que la inflación erosiona el poder adquisitivo de los trabajadores y que estos deben ser compensados por esa pérdida, así como por las ganancias de productividad.
Sin embargo, advirtió que, más allá de estos factores, la discusión entra en un terreno político que puede alejarse de los fundamentos técnicos. “De ahí en adelante, nos parece que ya entramos en aguas que se vuelven más políticas y menos técnicas, y, por tanto, nosotros siempre hemos dicho que deberíamos estar muy ceñidos al tema técnico”, afirmó.
El presidente de Anif también destacó que la reforma laboral vigente ha incrementado el costo de la formalidad en algunos rubros, un aspecto que considera relevante en el debate. Además, resaltó que la reducción de la jornada laboral a 44 horas semanales ha elevado el salario mínimo por hora, un efecto que debe tenerse en cuenta en la discusión. López expresó su preocupación por la posibilidad de que el contexto electoral influya en la decisión sobre el salario mínimo, advirtiendo que “aumentos desproporcionados del salario mínimo generan un reto en la formalización que está buscando el país”. Para él, el incremento no debería superar los dos dígitos.
Postura sindical y contexto del debate
En contraste, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por medio de su presidente, Fabio Arias, celebró la propuesta de elevar el salario mínimo a $1.800.000 al calificarla como un acto de justicia social y una oportunidad para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.
Arias considera que la iniciativa representa un cambio respecto a las políticas salariales de gobiernos anteriores, que, según él, se caracterizaron por incrementos mínimos y atados a la inflación y a los intereses empresariales. “Eso es música celestial para los trabajadores”, expresó el dirigente al valorar que el crecimiento del salario mínimo en los últimos años ha beneficiado a los trabajadores y dinamizado la economía nacional.
Cuándo empieza la negociación por el aumento del salario mínimo
Sobre las negociaciones, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el debate formal comenzará el 1 de diciembre de 2025 con la instalación de la La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. La discusión promete ser uno de los temas centrales de fin de año, con posiciones encontradas entre empresarios, expertos y sindicatos.
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