La conmemoración de los 40 años de la Toma del Palacio de Justicia ha reavivado varios debates sobre lo registrado entre el 6 y 7 de noviembre, principalmente por los aspectos que hasta la fecha siguen sin conocerse sobre este hecho.
Diferentes figuras políticas se han pronunciado para condenar el accionar del M-19 y de la fuerza pública, que provocó la muerte de más de 100 personas y una de las páginas más oscuras de la historia del país.
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A pesar de la falta de una verdad absoluta en este hecho, en diálogo con Infobae Colombia, el docente de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana Nicolás Mayorga, indicó que este tipo de discusiones son positivas para la memoria histórica del país.
La importancia de no olvidar la historia
El experto resaltó la importancia de preservar el recuerdo de los hechos que marcaron ese episodio y su significado en la construcción de país, puesto que el desarrollo de políticas de memoria es un deber esencial del Estado, sustentado en el derecho internacional y orientado a evitar la distorsión u olvido de violaciones a los derechos humanos.
Mayorga indicó que el Estado tiene la obligación, bajo estándares internacionales, de “garantizar el conocimiento y la preservación de los hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos” para la función de la memoria histórica.
“Esto salvaguardar la verdad frente al olvido, prevenir la negación o distorsión de los hechos y asegurar que las generaciones presentes y futuras comprendan las causas y consecuencias de la violencia”.
Desde su perspectiva, la memoria histórica representa “una herramienta esencial para la construcción de la verdad, la reconciliación y la no repetición”.
De la misma forma, el docente invitó a recordar sucesos como el registrado en el Palacio, que para él representa la necesidad de que la sociedad conozca todo sobre el hecho. “Solo a través del reconocimiento de estos hechos es posible evitar que sucesos como estos vuelvan a repetirse”.
El especialista subrayó el profundo valor simbólico de los hechos. El ataque a la sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, órganos de cierre de las jurisdicciones ordinaria y contencioso-administrativa, que representó una agresión directa a las instituciones encargadas de garantizar los principios y valores que sustentan el Estado Social de Derecho en Colombia.
“En ese edificio se encontraba la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, órganos cuya labor es esencial para garantizar los valores y principios que orientan nuestro Estado social de derecho”, explicó.
Debido a las dudas que se mantienen sobre lo registrado en la toma y retoma, el docente explicó que, en este caso, existen diversas fuentes judiciales y extrajudiciales, como sentencias del Consejo de Estado, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un apartado del informe final de la Comisión de la Verdad. Estos documentos, aunque no agotan todos los aspectos de lo que paso, aportan un nivel importante de certidumbre sobre los acontecimientos del asalto y la retoma del edificio.
El docente hizo énfasis en los riesgos de manipular la información de acuerdo con intereses políticos. Señaló que “el uso de esta información fuera de contexto, o la emisión de conclusiones contrarias a las establecidas por las autoridades competentes que han investigado y continúan investigando este suceso, es un acto irresponsable y constituye una afrenta grave a los derechos de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia”.
Mayorga también advirtió que esa práctica también vulnera el derecho a la verdad que poseen tanto las víctimas como toda la sociedad colombiana, para consolidar “el derecho a saber lo sucedido y a que quienes están encargados de esclarecerlo sean quienes se pronuncien al respecto es una garantía colectiva. La verdad no es patrimonio de ningún sector político o interés particular”.
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