
Cuarenta años después de la tragedia de Armero, el país sigue sin estar plenamente preparado para enfrentar un desastre natural de gran magnitud.
Aunque Colombia ha avanzado en tecnología, monitoreo y organización institucional, el panorama financiero y político que describe el actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, revela un escenario preocupante: no hay recursos suficientes para responder a una emergencia comparable a la de 1985.
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Carrillo destacó que el país cuenta hoy con un sistema de monitoreo volcánico robusto, coordinado por el Servicio Geológico Colombiano, y con un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo consolidado.
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Sin embargo, advirtió que esos avances técnicos no garantizan una respuesta efectiva ante una catástrofe. “No es que estemos plenamente listos, porque los fenómenos naturales, además, son impredecibles”, afirmó en la entrevista con Semana.
Uno de los mayores obstáculos sigue siendo el desorden territorial. El funcionario reconoció que la práctica de permitir asentamientos en zonas de riesgo continúa siendo común, y responsabilizó a los gobiernos locales de tomar decisiones basadas en intereses económicos.
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“Quien define el ordenamiento territorial es la codicia”, señaló Carrillo, en alusión a la influencia de grupos políticos y empresariales en los concejos municipales.
A pesar de la existencia de oficinas de gestión del riesgo en municipios y departamentos, la falta de financiación limita su efectividad. El director de la Ungrd advirtió que los fondos creados para atender emergencias y prevenir desastres se encuentran desfinanciados y, en muchos casos, los recursos se destinan a otros propósitos. “El Fondo Nacional del Riesgo se ha desfinanciado en nuestro Gobierno. Considero que es profundamente equivocado”, reconoció.
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Carrillo reveló que el año pasado la entidad perdió 2,6 billones de pesos que estaban destinados a la prevención y mitigación del riesgo. “Hoy ya no hay con qué”, aseguró, al advertir que para el próximo año no habrá presupuesto para ejecutar proyectos de reducción del riesgo. Según explicó, parte de los recursos que habían sido recuperados tras detectar giros irregulares fueron nuevamente retirados del fondo.

El panorama se agrava por la corrupción estructural que, según Carrillo, ha acompañado históricamente la gestión del riesgo en el país. Recordó casos emblemáticos como el desvío de recursos en La Mojana durante el gobierno de Álvaro Uribe, los manejos irregulares en la pandemia bajo Iván Duque y el escándalo de las Marionetas, que involucró al senador Mario Castaño y al Departamento para la Prosperidad Social.
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“Por la Ungrd de Duque pasaron más de 18 billones de pesos”, subrayó, mencionando además los fondos para la reconstrucción de San Andrés y Providencia.
¿Qué ocurrió en Armero 1985?
La tragedia de Armero, ocurrida el 13 de noviembre de 1985 tras la erupción del Nevado del Ruiz, dejó más de 23 000 muertos y se convirtió en el peor desastre natural de la historia de Colombia.
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La erupción, precedida por señales claras de actividad volcánica desde 1984, fundió parte del glaciar del Ruiz y generó gigantescos lahares —corrientes de lodo y escombros— que arrasaron con la ciudad de Armero y otras poblaciones vecinas.
Pese a las advertencias de geólogos nacionales e internacionales, los mapas de riesgo no fueron difundidos ampliamente y las autoridades minimizaron el peligro. Una tormenta esa noche interrumpió las comunicaciones y dificultó la evacuación.
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El caso de Omayra Sánchez, una adolescente que agonizó atrapada en el lodo durante tres días, fue fotografiado por Frank Fournier y conmovió al mundo, convirtiéndose en símbolo de la tragedia y de la negligencia estatal.
La ayuda internacional llegó tarde, y las labores de rescate se vieron obstaculizadas por la destrucción de carreteras y puentes. Los sobrevivientes enfrentaron traumas físicos y psicológicos, epidemias y saqueos.
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Armero, tercera ciudad del Tolima y centro agrícola del país, estaba construida sobre un antiguo abanico aluvial ya afectado por lahares en 1595 y 1845. La ubicación vulnerable, la falta de preparación y la desatención de las advertencias científicas fueron determinantes en la magnitud del desastre.
Los daños materiales ascendieron a unos 7.000 millones de dólares, equivalentes a una quinta parte del PIB colombiano de la época.
La tragedia impulsó la creación de la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y motivó cambios en la gestión del riesgo.
Sin embargo, cuatro décadas después, el Nevado del Ruiz sigue representando una amenaza para más de medio millón de personas, recordando que Armero no fue solo una catástrofe natural, sino también una falla humana e institucional.
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