Comunidad embera no quiere desalojar la UPI La Rioja a pesar de las advertencias de la Alcaldía de Bogotá: “No podemos permitir que ocurra una tragedia”

La advertencia sobre los graves riesgos estructurales, eléctricos y sanitarios en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja ha precipitado una nueva fase en el proceso de desalojo de las comunidades indígenas emberá que aún permanecen en ese inmueble, ubicado en el centro de Bogotá.

La administración distrital, encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, reiteró la urgencia de evacuar el edificio tras la orden emitida por un juez de tutela, al advertir que la infraestructura representa una amenaza directa para la vida e integridad de sus ocupantes.

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El alcalde explicó que la decisión judicial responde a informes técnicos del Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Idiger), que identificaron daños severos en la edificación.

Según precisó, la coordinación entre el Distrito y el Gobierno nacional permitió el retorno de más de mil cuatrocientos indígenas emberá a sus territorios de origen, de los cuales ochocientos residían en La Rioja.

Sin embargo, cerca de trescientos miembros de la comunidad aún permanecen en el lugar, pese a los esfuerzos institucionales por ofrecer alternativas seguras de reubicación.

“Nosotros tenemos que velar por la protección de esa población, y que permanezcan allí pone en riesgo a esas familias. No podemos permitir que ocurra una tragedia por cuenta de que no quieren cumplir una orden judicial”, afirmó Galán. El mandatario también advirtió sobre el peligro que representa el ingreso de tripletas de gas al inmueble, una situación que podría derivar en un accidente fatal.

Como parte de las medidas de atención, el Distrito ofreció a las familias Emberá la posibilidad de acceder a un subsidio de arrendamiento individual por un periodo de hasta nueve meses, o hasta que se concrete el retorno a sus territorios o una eventual reubicación dentro de Bogotá.

No obstante, el alcalde reconoció que “no ha habido una respuesta positiva” por parte de la comunidad, lo que ha llevado a la activación formal del proceso legal de desalojo.

Galán enfatizó que este procedimiento, ordenado por la justicia, contempla varias etapas y no implica una ejecución inmediata, pero sí requiere cumplir con las notificaciones oficiales y los protocolos humanitarios definidos por las autoridades.

La presencia de funcionarios en la zona —dijo— tiene como propósito garantizar la seguridad de los ocupantes y prevenir nuevas confrontaciones, luego de que algunos gestores del Distrito fueran agredidos en los alrededores de La Rioja.

Por su parte, el secretario General de Bogotá, Miguel Silva Moyano, anunció a través de su cuenta de X que la comunidad Emberá que aún habita en la UPI debe abandonar el predio de forma inmediata debido a las condiciones de riesgo detectadas.

En el comunicado, el Idipron —entidad propietaria del inmueble— señaló que las evaluaciones técnicas determinaron “condiciones que ponen en inminente peligro la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas que permanecen en el lugar, especialmente de los niños, niñas y adolescentes”.

El documento recuerda que el predio, ubicado en la calle 4 #14-14, fue adquirido por el Idipron mediante escrituras públicas y destinado exclusivamente al desarrollo de actividades pedagógicas y de atención a población infantil y juvenil en condición de vulnerabilidad. Su uso actual como albergue temporal, aclaró la entidad, desborda los fines para los que fue concebido.

El Idipron hizo un llamado “urgente” a todas las familias Emberá a evacuar voluntariamente, en cumplimiento del fallo de tutela proferido el 28 de mayo de 2025 por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordena la evacuación “efectiva e inmediata” de la comunidad.

La entidad advirtió que la permanencia en el inmueble podría agravar los riesgos ya identificados y comprometer la salud y la integridad de los habitantes y de los funcionarios que los asisten.

“Este llamado tiene carácter prioritario y humanitario, y su objetivo es salvaguardar la vida, la seguridad y el bienestar de todos los ocupantes del predio”, señala el comunicado, que fija un plazo máximo de tres días para la salida, es decir, hasta el próximo 8 de noviembre.