La Fiscalía General de la Nación sostuvo en una audiencia del 4 de junio de 2026 que el empresario Carlos Mattos convirtió traslados autorizados por razones médicas en salidas irregulares desde la cárcel La Picota, en Bogotá, hacia una oficina de su propiedad en el norte de la ciudad, donde, según la imputación, permanecía durante horas con amigos, familiares y abogados antes de regresar al penal.
La acusación describió un patrón: permisos formales expedidos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que, de acuerdo con el ente acusador, se habrían usado para fines distintos a los autorizados.
El dato que ordena el caso es la cantidad de autorizaciones revisadas. Durante la audiencia, el fiscal del caso afirmó que entre el ingreso de Mattos al establecimiento penitenciario y el 2 de marzo de 2022, derivó en su traslado a Cómbita, la Oficina de Custodia y Vigilancia de la Dirección General del Inpec expidió 13 resoluciones para citas médicas y judiciales.
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De ese conjunto, la Fiscalía dijo haber verificado con precisión cuatro resoluciones emitidas en febrero de 2022. Según esa reconstrucción, en esos cuatro traslados se detectaron desvíos hacia el edificio Ferrara, ubicado en la carrera 19 con calle 100, identificado por el fiscal como una oficina de Mattos.
Mattos ya había sido condenado por sobornar a funcionarios judiciales para obtener decisiones favorables en una tutela, en un expediente que se conoció públicamente como el caso Hyundai, por la empresa cuya representación tuvo en Colombia. La nueva imputación se concentra en hechos ocurridos mientras estaba recluido en la cárcel de máxima seguridad de La Picota.
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La imputación describe un uso reiterado de remisiones médicas para ir a una oficina privada
En la audiencia, al reconstruir una de las rutas, el fiscal del caso dijo que hubo un “desvío hacia la carrera 19 con calle 100, en donde se ubicaba el edificio Ferrara de su propiedad, lugar en el que permanecía durante prolongadas horas en compañía de amigos, familiares y sus abogados de confianza”, y añadió que luego retornaba “al establecimiento de reclusión de manera tardía”.
La Fiscalía afirmó que ese comportamiento no fue aislado. Según el fiscal del caso, la investigación permitió establecer que las autorizaciones de traslado existieron, pero que en cuatro remisiones de febrero de 2022 la ruta terminó alterada de forma irregular hacia la oficina atribuida al empresario.
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La tensión central del caso está en que los permisos mencionados por el ente acusador provenían de la autoridad penitenciaria, pero la destinación final que describe la imputación no correspondía con el objeto de esas remisiones.
Cuáles son las cuatro resoluciones que la Fiscalía puso en el centro del caso
La primera resolución mencionada por el fiscal fue la fechada el 10 de febrero de 2022. De acuerdo con la exposición en audiencia, ese acto dispuso el traslado del interno para el 11 de febrero a la Fundación Santa Fe con el fin de realizar un retiro de puntos.
La segunda fue la resolución del 16 de febrero de 2022. Según el fiscal del caso, ordenó una remisión médica para una coloproctología programada para el 17 de febrero en la Fundación Santa Fe.
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La tercera resolución citada por la Fiscalía fue la del 18 de febrero de 2022. El funcionario indicó que correspondía a una remisión para laboratorio clínico prevista para el 21 de febrero en la Clínica Palermo.
La cuarta fue la resolución 001263 del 23 de febrero de 2022. Según el fiscal del caso, autorizó una remisión médica de optometría y oftalmología con cita para el 25 de febrero en una sede ubicada en la calle 50 con carrera 13, piso cuarto.
La secuencia descrita por la Fiscalía llega hasta el 2 de marzo de 2022. Ese día, según recordó el fiscal en la audiencia, Caracol Televisión emitió la información sobre las salidas de Mattos en vehículos oficiales del Inpec.
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El funcionario agregó que esa divulgación produjo un efecto inmediato sobre la situación de reclusión del empresario. Tras la noticia, Mattos fue trasladado desde La Picota a la cárcel de Cómbita.
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