Detuvieron al hijo de una importante fiscal señalado de corrupción: también cayeron dos funcionarios del CTI

Hay revuelo en Barranquilla, Atlántico, por el fuerte operativo de las autoridades contra la corrupción que dejó a varios funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturados.

Según información conocida por la revista Cambio en la mañana del martes 28 de octubre, entre los detenidos se encuentra la excoordinadora del CTI de Barranquilla y el hijo de una reconocida fiscal de la región.

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Fuentes de la Fiscalía General de la Nacional confirmaron al diario nacional que los arrestos marcan el primer paso en lo que describen como un “macrocaso” de corrupción judicial en la zona norte del país.

Las autoridades judiciales ahora investigan posibles acciones irregulares y alianzas con bandas criminales locales.

Las detenciones ocurrieron el lunes 27 de octubre, durante una operación conjunta de la Fiscalía y el área anticorrupción de la Dijín, dirigida a desmantelar una estructura dedicada al tráfico de información confidencial y al chantaje de personas investigadas.

Los capturados, identificados como Margarita Viviana Bula Trujillo, excoordinadora del CTI Barranquilla; Abraham Elías Muñoz Guerra, hijo de la fiscal Betzaida Guerra Martínez; y Yarin Ernesto Pareja Marimón, investigador del CTI, enfrentarán cargos por concusión, falsedad en documento público, acceso abusivo a sistemas informáticos y asociación para cometer delitos contra la administración pública.

Según información conocida por Cambio, los tres detenidos aguardan en una celda a que inicien las audiencias de imputación, lo que se dará en un plazo no mayor a 36 horas para ser presentados ante un juez de garantías.

La organización delictiva habría operado mediante el uso de documentos judiciales falsos para acceder a información sensible de entidades públicas.

De acuerdo con los hallazgos expuestos por los investigadores, en julio de 2024, agentes del CTI practicaron supuestas diligencias judiciales en la Alcaldía de Sitionuevo, Magdalena, amparándose en órdenes que posteriormente se comprobaron como apócrifas.

Estos procedimientos permitieron al grupo obtener datos contractuales de la administración local, los cuales habrían utilizado en una maniobra de extorsión semanas después.

En colaboración con Muñoz Guerra, identificado como el “agente corruptor”, habrían presionado al alcalde Navarro Manga para que entregara 140 millones de pesos, a cambio de detener un proceso judicial por supuestas irregularidades en la contratación pública. Este accionar evidenció un funcionamiento interno basado en el acceso privilegiado y manipulación de información reservada de la Fiscalía.

La fiscal Betzaida Guerra Martínez, madre de uno de los detenidos y figura central en casos de alto perfil como el de la Universidad Metropolitana y el del excontralor Jesús Acevedo, también se ve alcanzada indirectamente por el escándalo.

Aunque no fue capturada, los investigadores auditarán su historial en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) para determinar si ha accedido sin justificación a expedientes relacionados con el crimen organizado local, específicamente la organización “Los Costeños”, o si utilizó su posición para filtrar información a la presunta red delincuencial.

Un integrante del equipo investigador indicó a la revista Cambio que “se está realizando auditoría al Spoa de la fiscal Guerra para saber si conoce personas vinculadas al crimen organizado y si estaba verificando estados judiciales a los integrantes de la organización Los Costeños, es decir, si estaba usando información reservada de manera irregular”.

A principios de octubre de 2025, también se conoció sobre la captura un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía del Atlántico en Barranquilla, al parecer, por ser partícipe en la infiltración del Clan del Golfo en las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado.

El operativo, realizado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, resultó en la captura de al menos 12 presuntos miembros del Clan del Golfo, incluido el funcionario conocido como “el del CTI”.

De acuerdo con las investigaciones citadas por Semana, la filtración de información desde el interior de la Fiscalía permitía a los criminales evadir operativos y ponía en riesgo procesos judiciales de alto perfil.

Una fuente de inteligencia estatal explicó: “Tenemos informaciones que estamos verificando porque es grave que personas que se supone que son los que atacan a estos grupos y los tienen hasta en nómina. Muchas de las investigaciones son demoradas, pero es porque antes de dar lo que uno llama positivos, los objetivos se mueven y se nos pierden de la nada”.

El funcionario capturado integraba el grupo de protección a testigos en Barranquilla y, al mismo tiempo, habría actuado como enlace interno para la subestructura Carlos Daniel Fulaye Vargas, una de las ramas más activas del Clan del Golfo en los departamentos de Atlántico y Bolívar.