
Felipe Rocha, empresario y socio de Agropecuaria Achury Viejo, fue sentenciado a seis años y dos meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en un esquema fraudulento que involucró a empresarios, dirigentes políticos, comerciantes y actores de la élite bogotana, y que generó pérdidas superiores a 36.000 millones de pesos.
La resolución judicial que ordena la devolución total de los fondos a los afectados por la llamada “pirámide ganadera” marca un hito en los procesos de intervención económica en Colombia.
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El Juzgado 50 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá confirmó la condena de 74 meses de prisión para Felipe Miguel Rocha por los delitos de captación masiva y habitual de dinero y estafa agravada en modalidad masa.
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El fallo, que no concedió el beneficio de prisión domiciliaria, se produjo luego de un preacuerdo entre la defensa y la Fiscalía, en el que Rocha admitió los cargos. Entre las víctimas figura incluso el hijo de un expresidente de Colombia, lo que evidencia el alcance del fraude.

El proceso judicial, que se inició hace un par de años, culminó cuando las 92 familias afectadas —que entregaron cerca de 36.848 millones de pesos— no apelaron la decisión de la jueza que avaló el preacuerdo.
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El abogado de las víctimas, Juan Felipe Criollo, subrayó la trascendencia de la sentencia: “Como es sabido, en Colombia muchos de los delitos de cuello blanco quedan en la impunidad. Esta fue una batalla que dimos los apoderados de víctimas, de la mano de la Fiscalía, donde pusimos de presente todas las pruebas que no dejaron otro camino al señor Rocha que aceptar su responsabilidad, dada la contundencia de los elementos materiales probatorios y de la investigación”, declaró Criollo a El Tiempo.
El jurista también advirtió que, aunque la condena representa un avance, aún está pendiente el proceso de reparación integral: “Estas situaciones muchas veces quedan en los anaqueles del olvido, pero hoy la justicia deja una sentencia sin precedentes. Por ahora, esta pena es un mensaje importante para la sociedad: quienes se aprovechan de sus condiciones sociales y económicas no están por encima de la ley”, añadió.
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En septiembre, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, anunció la conclusión del proceso de intervención a Felipe Rocha. Según Escobar, se logró reunir un inventario de aproximadamente 30.000 millones de pesos, lo que permitirá responder al 100% de los afectados que se presentaron al proceso.
“Logramos recoger los suficientes bienes y patrimonio que nos va a permitir responder al 100% de los afectados que se presentaron al proceso. Ahí logramos levantar un inventario de aproximadamente 30.000 millones de pesos y de ahí vamos a repartir 16.000 millones de pesos entre todos los afectados, con lo cual logramos satisfacer el 100% de las reclamaciones, como un hecho sin precedentes dentro de este tipo de procesos”, afirmó Escobar al medio citado.
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El funcionario explicó que la entrega de la finca Agropecuaria Achury Viejo, valorada en $18.000 millones y ubicada en Sesquilé, Cundinamarca, fue clave para la restitución.

Una de las representantes legales de la propiedad era la madre de Felipe Rocha. “Esa decisión es inmediata. Mediante una fiducia, se hará la adjudicación de una parte de la finca Achury Viejo, cuyo avalúo es suficiente para solventar toda la obligación. De esta manera, la titularidad quedará en manos de los 69 afectados”, concluyó Escobar.
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El abogado defensor, Juan David Bazzani, expresó su conformidad con el acuerdo alcanzado con la fiscal Zayra Yolima Rodríguez.
“Gracias a la colaboración de la defensa y Fiscalía logramos un acuerdo en el caso de Felipe Rocha Medina. Se va a devolver todo el dinero, del cual ya se ha regresado más del 64%; y se garantizó el remanente del 36%. Felipe aceptó cargos y se le impuso una pena de 74 meses de prisión finalmente”, manifestó Bazzani.
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El penalista consideró que este caso representa el mayor éxito en la judicialización de responsables de esquemas piramidales en Colombia, y detalló que Felipe Rocha ingresó a prisión el 12 de marzo de 2024. Según cálculos de la defensa, podría acceder a prisión domiciliaria en dos años.
De los 36.848 millones de pesos invertidos por las víctimas, 23.416 millones fueron devueltos antes de la intervención de la Superintendencia de Sociedades en Achury Viejo.
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La deuda restante asciende a 16.224 millones de pesos, que serán cubiertos con la adjudicación de los bienes incautados. El acuerdo judicial establece que la finca será administrada por una fiducia hasta su venta, garantizando así la reparación económica a los afectados.
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