Álvaro Uribe hizo grave denuncia sobre las presiones de estructuras en La Guajira: “Obligan a votar por Iván Cepeda”

Una nueva tensión política se abre paso a pocos días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, tras una denuncia del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) que eleva el tono del debate electoral. Desde su cuenta en la red social X, el exmandatario señaló a varios grupos armados por supuestas presiones en zonas de la Alta Guajira.

El señalamiento, difundido en video, pone el foco sobre una región donde la disputa política ya cruza con la preocupación por la seguridad. Álvaro Uribe afirmó que cinco estructuras ilegales inciden sobre comunidades rurales y condicionan su intención de voto; en su mensaje vinculó estos hechos con el escenario electoral y con la contienda principal entre sectores del Centro Democrático y el Pacto Histórico.

De acuerdo con el expresidente, las estructuras armadas pretenden inclinar la balanza electoral hacia un aspirante específico y limitar la presencia de otras campañas en el territorio, al mismo tiempo que vinculó esos hechos con el nombre del senador Iván Cepeda al señalar que dichas organizaciones ilegales buscarían únicamente captar apoyos para su candidatura sin permitir otras opciones políticas en la zona.

En el video difundido en redes sociales, el dirigente del Centro Democrático expuso su mensaje acompañado de una relación de organizaciones ilegales al advertir: “Cinco grupos criminales mortifican, maltratan a nuestros compatriotas de la Alta Guajira”; señaló al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc, Los Pachencas -Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Ascn)-, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo.

“Todos obligan a votar por Cepeda, su protector. Y en un corregimiento muy cerca de Maicao, Carraipía, ya los grupos criminales impiden cualquier acción proselitista en favor de alguien diferente a Iván Cepeda. Petro, Cepeda, le entregan el país al terrorismo”, denunció el expresidente en su video.

En su declaración, el exmandatario reiteró que estas situaciones impactan el ejercicio libre del voto en comunidades indígenas y zonas rurales; al cierre de su intervención solicitó a quienes lo respaldan que apoyen a su ahijada política, Paloma Valencia, en la contienda electoral.

El señalamiento se produce en medio de una campaña marcada por cruces entre sectores políticos, donde la seguridad en territorios apartados vuelve a ocupar un lugar central en el discurso público.

Hay 104 municipios en riesgo en la contienda electoral

Las denuncias sobre la eventual injerencia de actores armados en el proceso reactivaron la discusión sobre las garantías para el voto en regiones de alta complejidad, por eso, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil, el registrador nacional Hernán Penagos señaló que el proceso avanza con la logística lista, aunque con preocupaciones en al menos 104 municipios por condiciones de orden público.

“El material electoral en distribución, los jurados de votación en proceso de capacitación, lo mismo que las comisiones escrutadoras”, afirmó el funcionario, al insistir en que el reto no es solo logístico, sino de seguridad para el ejercicio libre del voto, en una conversación que tuvo con Caracol Radio.

Penagos advirtió además que el mayor riesgo no está en la entidad electoral, sino en las dinámicas externas que afectan la contienda, como la compra de votos, la presión a los electores y el uso indebido de recursos públicos.

“Hay que asegurar las zonas y trabajar para llevar el material electoral y que la ciudadanía pueda ejercer su derecho”, dijo, al insistir en la protección del proceso.

La entidad también anunció una reunión con la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional y mandos militares para evaluar los puntos críticos de seguridad antes de los comicios.

De acuerdo con el análisis expuesto por la Registraduría, las principales amenazas al proceso electoral no se limitan a la logística institucional. La preocupación se centra en prácticas como la compra de votos, la presión sobre electores, la financiación irregular de campañas y el uso indebido de recursos públicos durante la contienda.