
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció un nuevo ataque armado en el norte del departamento, esta vez contra una misión humanitaria integrada por miembros de la Guardia Indígena y autoridades ancestrales.
El hecho ocurrió en zona rural del municipio de Suárez, cuando el grupo intentaba recuperar a dos niñas que, según reportes de la comunidad, habían sido reclutadas por integrantes de la estructura Jaime Martínez, una de las disidencias de las antiguas FARC bajo el mando de alias “Iván Mordisco”.
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De acuerdo con el comunicado emitido por la organización, los hechos se registraron el fin de semana durante una operación pacífica para rescatar a las menores, luego de que sus familiares denunciaran su desaparición. Mientras los integrantes del CRIC retornaban al resguardo, hombres armados interceptaron la caravana y abrieron fuego contra los vehículos en los que se desplazaban los delegados indígenas.
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El ataque generó pánico entre los miembros de la misión, quienes buscaban mediar de manera pacífica con los grupos armados para garantizar el retorno de las menores a sus comunidades. Según la denuncia, los agresores también retuvieron temporalmente a varios guardias y destruyeron los automóviles usados para el desplazamiento.
Testimonios recogidos por las autoridades indígenas señalan que la estructura Jaime Martínez mantiene una presencia constante en esa zona de Suárez, donde ha incrementado el control territorial en los últimos meses. Los líderes denunciaron que los hostigamientos, amenazas y restricciones de movilidad hacia la población civil se han vuelto frecuentes, afectando gravemente la vida cotidiana de las comunidades.
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En su pronunciamiento, el CRIC calificó el hecho como una violación grave al Derecho Internacional Humanitario y advirtió que el ataque se produjo pese a la naturaleza humanitaria de la misión. La organización recordó que su labor no tiene carácter político o militar, y que el objetivo era garantizar los derechos de los menores y evitar que siguieran en poder de grupos armados.
Además, el Consejo Regional alertó sobre el incremento de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, el ELN y estructuras criminales que buscan dominar corredores estratégicos del norte del Cauca. En medio de esos choques armados, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas siguen siendo las más afectadas por desplazamientos, confinamientos y reclutamientos forzados.
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“Las comunidades viven bajo un riesgo permanente. Cada incursión armada pone en peligro a los niños, las mujeres y a los mayores que intentan proteger su territorio. No puede seguir normalizándose la violencia contra quienes ejercen la autoridad ancestral”, señala el comunicado del CRIC, difundido en sus canales oficiales.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia rechazó lo ocurrido y solicitó a los actores armados respetar la vida y las misiones humanitarias. El organismo expresó su preocupación por la vulnerabilidad de los pueblos indígenas del Cauca y recordó que las autoridades ancestrales tienen derecho a proteger su territorio sin ser objeto de ataques.
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“Reiteramos el llamado a respetar la labor de la Guardia Indígena y las acciones humanitarias. Estos hechos ponen en riesgo a comunidades que históricamente han promovido el diálogo y la paz”, manifestó la Oficina en su comunicado público.
Por su parte, el Gobierno Nacional informó que mantiene comunicación permanente con las autoridades indígenas y con el Ejército Nacional para reforzar la seguridad en los corredores rurales de Suárez y Morales. Según fuentes castrenses, unidades del Comando Específico del Cauca fueron desplegadas en la zona con el propósito de garantizar el control territorial y proteger a la población civil.
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En los últimos meses, el departamento del Cauca ha registrado un aumento sostenido de hechos violentos asociados a los enfrentamientos entre disidencias. Los reportes de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones sociales confirman que los hostigamientos y atentados contra la población civil se concentran principalmente en municipios del norte y occidente del territorio.
El CRIC advirtió que no cesará en su propósito de acompañar a las familias afectadas y de mantener sus acciones de defensa del territorio mediante la autonomía y la resistencia pacífica. Sin embargo, insistió en la necesidad de que el Estado garantice medidas efectivas de protección colectiva ante la persistencia de la violencia.
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“Seguiremos cumpliendo con nuestro mandato de vida, pero exigimos garantías reales. No es posible que por ejercer el derecho a proteger a nuestros hijos y comunidades, tengamos que poner en riesgo nuestras vidas”, concluyó la organización indígena.
Con este nuevo ataque, las comunidades del norte del Cauca suman una nueva alerta por la creciente presencia de grupos armados ilegales en zonas donde el Estado mantiene una débil capacidad de respuesta.
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