El reciente ingreso de un grupo encabezado por Andrés Villalba a la finca La María, situada en Río de Oro, Cesar, ha reavivado la preocupación entre los propietarios rurales de la región.
La acción, que tuvo lugar el 13 de octubre de 2025, se produce en un contexto marcado por antecedentes similares: Villalba ya había liderado la ocupación de la finca La Pola, un predio cuya situación actual refleja el impacto de la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
La advertencia fue realizada por Juan Gonzalo Botero, exminsitro e ingeniero agrónomo, por medio de su cuenta de X: “Atención! Invadida la finca La María en Río de Oro Cesar! Rl líder de los invasores es el mismo que lideró la invasión de la Finca La Pola y donde no hubo una acción eficaz por parte de las autoridades!La inseguridad en la región es notable! ¡Solicitamos la acción de las fuerzas del estado para combatir este hecho!”.
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Los hechos tomaron un giro inesperado cuando los invasores que se retiraron de la finca La María decidieron retener a varias personas relacionadas con el predio, lo que produjo alarma entre la comunidad y las autoridades locales
Entre los retenidos se cuentan Sergio Andrés Tamayo Cáceres y Alexander Ramírez Bermúdez, ambos vinculados directamente con el proceso de recuperación de la propiedad, según información suministrada por El Heraldo.
A pesar de los rumores, desde la Segunda División del Ejército Nacional, le confirmaron a Infobae Colombia, que en la zona no hay presencia de soldados, por lo que sería falso que uniformados estén bajo el poder de estos grupos que se tomaron el lugar y retuvieron a otros ciudadanos.
La disputa se originó el lunes, cuando un grupo de personas asentadas en un predio aledaño irrumpió en el predio, conforme explicaron las autoridades departamentales.
La reacción del propietario, Elmer Tamayo, gerente del Hospital de Ocaña, no se hizo esperar. Tamayo acudió al lugar acompañado de su equipo de seguridad, con la intención de recuperar su terreno, lo que desencadenó enfrentamientos entre ambas partes.
El hijo del propietario, Sergio Andrés Tamayo Cáceres, quien se desempeña como ingeniero, estuvo presente en el intento de recobrar el control sobre la finca. Los hechos resultaron en su posterior retención, junto con los otros involucrados, después de que los ocupantes ilegales se retiraran físicamente del terreno.
La gravedad de la situación motivó que las autoridades instalaran un Puesto de Mando Unificado (PMU) para gestionar la crisis.
Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno departamental, afirmó que este espacio de coordinación permitió establecer contacto directo con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, a fin de determinar mecanismos para lograr la liberación de los retenidos.
Según detalló Eduardo Esquivel, “Esa es la situación al momento y, a partir de las 7:00 de la mañana de este miércoles, estábamos ya prestos a seguir con los canales de diálogo y que los retenidos puedan salir de la hacienda y que además el Gobierno nacional pueda solventar la problemática de tierras que enfrentan los campesinos”.
Esta declaración expresa la expectativa de que el diálogo entre las instituciones y las partes en conflicto logre no solo resolver el incidente de la retención, sino también avanzar hacia una solución más amplia sobre las tensiones de tierras en la región.
La instalación del Puesto de Mando Unificado y la intervención de organismos estatales subrayan la complejidad del conflicto, donde confluyen intereses particulares, demandas campesinas y la necesidad de garantizar el orden público, siendo la población civil la más afectada por la problemática que aqueja a esta parte del territorio.
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