Juzgado admitió millonaria demanda contra el Estado y un reconocido hotel por el homicidio del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci

El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá admitió una demanda de reparación directa presentada por la familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que fue asesinado en las playas de Barú, Cartagena, el 10 de mayo de 2022 durante un atentado perpetrado por sicarios colombianos mientras se encontraba de vacaciones con su esposa en estado de gestación.

La acción judicial fue dirigida contra el Estado colombiano, representado por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, así como contra la cadena hotelera Decameron, lugar donde el fiscal se hospedaba cuando ocurrió el ataque.

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En la demanda, la familia de Pecci sostiene que tanto los entes estatales como la empresa hotelera incurrieron en inacción negligente, lo que habría facilitado el desarrollo del hecho que terminó con la vida del funcionario judicial.

Según se describe en el documento admitido por el juzgado, “en esta acción se reclama la responsabilidad de la Nación, como sujeto de derecho público, que responde por sus órganos —en este caso, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional—, así como de Hoteles Decameron Colombia S.A.S., como sujeto de derecho privado. Dicha responsabilidad se solicita por los perjuicios ocasionados por el hecho dañino ocurrido el 10 de mayo de 2022: la muerte de Marcelo Daniel Pecci Albertini, atribuida a la inacción negligente de los sujetos de derecho público y privado”, se lee en la demanda.

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, los familiares del fiscal —su viuda, hijo, padres, hermanos y sobrinos— reclaman una indemnización que supera los $2.000 millones. La pretensión de la demanda incluye la reparación por perjuicios morales, materiales, inmateriales y lucro cesante que, según los accionantes, derivan directamente del homicidio del funcionario especializado en la lucha contra el crimen organizado.

Detalles de la demanda

La demanda sostiene que tanto el Estado colombiano como el hotel en cuestión incurrieron en omisiones graves que facilitaron el crimen. Respecto a la Nación, se alega que la Policía Nacional no actuó de manera preventiva, a pesar de que el atentado fue planeado desde varios días antes, como establecieron las autoridades durante la investigación judicial.

Según el texto presentado por representantes de la familia de Pecci, “se evidencia que solo desplegó sus fuerzas después de la comisión del delito. Esto significa que, (aunque según las pruebas recabadas en la investigación) el crimen comenzó a planearse desde el 2 de mayo, la Policía Nacional no tomó medidas preventivas en ningún momento.

Esta omisión se agrava considerando la especial posición del señor Marcelo Daniel Pecci Albertini, quien, en su calidad de fiscal, mantenía una lucha constante contra el crimen organizado en la República de Paraguay, situándolo en una situación de riesgo permanente”.

Los demandantes explicaron que, aunque han pasado más de dos años desde el homicidio, el plazo de caducidad para presentar este tipo de acciones —dos años contados a partir del hecho— se suspendió por la presentación de una conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General el 10 de mayo de 2024, trámite que no prosperó. La constancia de no acuerdo fue expedida el 18 de julio del mismo año, lo que restableció el cómputo normal de los términos.

En criterio de la familia Pecci, el asesinato de Marcelo debe considerarse un “daño antijurídico” que merece reparación, ya que afecta de manera directa el derecho fundamental a la vida, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia.

En esa línea, los accionantes indicaron que tanto el Estado como el hotel incurrieron en falencias que facilitaron el ataque.

“El hecho dañino recayó en la muerte violenta del señor Marcelo Daniel Pecci Albertini, lo que ocasionó una lesión definitiva al bien jurídico protegido en el artículo 11 de la Constitución Política: la vida. El daño tiene carácter personal cuando se comete sobre una persona, ya que el perjuicio a las personas o a su patrimonio es lo que hace responsable al Estado, y la persona que reclama el daño es quien lo sufrió directamente", señaló el documento.

Y añadió: “En este caso, los integrantes de la parte demandante que reclaman los perjuicios derivados del daño antijurídico ocasionado por la omisión de la administración pública son víctimas indirectas de la muerte del causante”, señalaron los accionantes en la demanda.

Cabe señalar que hasta octubre de 2025, ocho personas han sido capturadas y condenadas en relación con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.