La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación contra alias el Gordo, señalado como presunto responsable de la explotación de menores indígenas emberá en Bogotá.
El proceso penal se mantiene activo desde el 8 de mayo del 2025, tras una denuncia presentada por la Secretaría de Integración Social el pasado 27 de marzo, que alertó sobre la utilización de niños y niñas para pedir dinero en las calles y, según varios testimonios, someterlos a explotación sexual.
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Las pesquisas indican que el hombre, quien ya había sido detenido en ocasiones anteriores pero liberado por falta de pruebas, reincidía en la instrumentalización de menores.
De acuerdo con fuentes judiciales, el expediente busca recopilar los elementos necesarios para su judicialización. Un documento conocido por El Tiempo advierte que las víctimas cambian con frecuencia, lo que ha dificultado el seguimiento de los casos y el rastreo de los responsables.
El fenómeno, sin embargo, no se limita a alias el Gordo. En la localidad de Chapinero, las autoridades detectaron una pareja que, según la denuncia ante la Fiscalía, utilizaba bebés distintos cada día para solicitar dinero frente a un establecimiento de Drogas La Rebaja, en la calle 90 con carrera 14, según el medio citado.
Testigos aseguraron que, durante un intento de intervención, el hombre huyó con una niña de unos 6 años, mientras el resto del grupo emberá permanecía en el sitio.
En la misma zona, investigadores identificaron a otro sujeto que presuntamente coordinaba una red de explotación sexual infantil.
Según la denuncia, niñas de entre 8 y 12 años eran enviadas a interactuar con hombres extranjeros, mientras mujeres con bebés servían de enlace y vigilaban los movimientos de la Policía.
Las cámaras de seguridad de la Zona T y de la calle 90 son ahora piezas clave en la identificación de los implicados.
Entre el primero de enero y el 29 de agosto de este año, la Policía Metropolitana de Bogotá recibió 106 denuncias por trata de personas y capturó a 21 sospechosos. En el mismo periodo, el Ministerio de Defensa registró 65 casos relacionados.
Actualmente, la Fiscalía adelanta 13 procesos penales que involucran a integrantes de la comunidad emberá asentada en la capital, por delitos como proxenetismo con menor de edad, constreñimiento ilegal, secuestro, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes.
Las alertas institucionales y sociales comenzaron a finales de 2024, cuando la Secretaría de Integración Social y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación denunciaron indicios de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el entorno del Parque Nacional.
En los alrededores del río Arzobispo fueron hallados preservativos usados, prendas de vestir y restos de sustancias psicoactivas, elementos que fueron recogidos por el CTI de la Fiscalía para su análisis.
Roberto Angulo, secretario de Integración Social, explicó que las inspecciones realizadas por su equipo “permitieron identificar riesgos especialmente para niñas, niños y adolescentes en la zona, lo que llevó a activar las rutas de atención y a presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación”.
Por su parte, Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación, señaló que la respuesta institucional se centra en prevenir y sancionar la violencia sexual y comercial contra menores: “Buscamos acciones oportunas que garanticen protección y cero tolerancia frente a estos hechos”.
La estrategia intersectorial desplegada en el perímetro del Parque Nacional incluye a las Secretarías de Gobierno, Salud, Seguridad, Integración Social y Jurídica, además del Icbf y la Policía de Infancia y Adolescencia. Su objetivo es fortalecer la presencia estatal, prevenir conflictos y garantizar el restablecimiento de derechos durante los procesos de retorno o reubicación de la comunidad emberá.
Según datos del Distrito, 1.599 indígenas emberá han manifestado su intención de regresar a sus territorios y 167 desean permanecer en Bogotá.
En paralelo, los 13 procesos activos en la Fiscalía —dos de ellos archivados por atipicidad— incluyen delitos como acceso carnal abusivo, actos sexuales con menor, tortura, discriminación y utilización de menores en delitos.
Uno de los casos más graves registrados en el 2025 involucra a una mujer indígena de 23 años que fue trasladada al Hospital Santa Clara con trauma craneoencefálico y lesiones múltiples tras una agresión en el asentamiento de la UPI La Rioja.
Otro episodio ocurrió en mayo, cuando un líder emberá golpeó a un adolescente en la cara, hecho que se suma a antecedentes de violencia documentados por las autoridades.
Las denuncias también incluyen la manipulación de menores con fines de presión y control. Según la Secretaría de Integración Social, algunos voceros de la comunidad han impedido el acceso de los niños a los servicios distritales “como mecanismo de intercambio por ayudas humanitarias”.
Además, se alertó sobre el uso de menores para transportar estupefacientes entre San Bernardo y la UPI La Rioja, hecho que también está bajo investigación.
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