Juan Manuel Santos cuestionó la gestión del Gobierno Petro sobre el Acuerdo de Paz de 2016 y alertó por las elecciones de 2026: “Inviable”

En su intervención en el Tercer Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales y de Gobierno 2025 en Bogotá, el expresidente Juan Manuel Santos criticó la gestión del gobierno actual en la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016, señalando que la administración ha descuidado los compromisos adquiridos para atender integralmente las causas del conflicto armado en Colombia.

El exmandatario afirmó que la actual administración, “por pura y sencilla incapacidad, y porque al concentrarse en la paz total, que no ha sido exitosa, dejó a un lado la implementación de lo que se acordó, que fue un acuerdo muy ambicioso”.

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Según el Santos, los acuerdos no se limitaban únicamente a la desmovilización, el desarme y la reintegración, sino que incluían “una hoja de ruta para resolver las causas del conflicto”, con procesos específicos, como medidas de seguridad en las zonas afectadas por la confrontación.

El expresidente resaltó que la ejecución parcial de los acuerdos ha limitado los avances en la consolidación de la paz y en la atención a las comunidades afectadas por el conflicto armado; y señaló que estos acuerdos buscaban generar soluciones sostenibles en las áreas sociales, económicas y políticas más golpeadas por la violencia, y que su implementación requería continuidad administrativa y compromiso institucional.

Sobre las primeras sanciones restaurativas de la JEP

Juan Manuel Santos también abordó la actuación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), señalando que “las primeras sanciones en contra de los exFarc llegaron un poco tarde”, aunque destacó que el hecho de que “las dos partes decidieran someterse al tribunal especial” constituye un hecho sin precedentes en Colombia.

El expresidente explicó que los excomandantes de las Farc han reconocido públicamente sus delitos de guerra y de lesa humanidad, reconociéndolos al frente de las víctimas y pidiendo perdón”, y que las sanciones impuestas por la JEP son de carácter reparativo y no punitivo.

“Eso, por supuesto, ha generado mucha reacción, porque el país y nosotros no estamos acostumbrados a que criminales de lesa humanidad no vayan a la cárcel”, señaló Santos, destacando que estas sanciones buscan reparar a las víctimas y establecer precedentes históricos, incluyendo compensaciones económicas, trabajos comunitarios y actividades de memoria histórica. Según él, este enfoque pretende que el reconocimiento del daño y la reparación sean la base de un proceso de reconciliación nacional, más allá de la imposición de penas tradicionales.

El expresidente subrayó la singularidad del proceso, afirmando que “por primera vez en la historia, un proceso de justicia negociado por las dos partes bajo el paraguas del estatuto de Roma es ejecutado de manera conjunta y donde ambos deciden cumplir con las sanciones”, un hecho sin precedentes a nivel internacional.

Advertencia sobre las elecciones de 2026

Santos expresó su preocupación por la influencia de los extremos políticos en las elecciones de 2026. A su juicio, “cualquier extremo que llegue al poder va a hacer de este país un país ingobernable, inviable”.

El exmandatario recordó que la moderación ha sido un principio recurrente en la historia de las democracias y que su ausencia podría afectar la capacidad de diálogo del Estado colombiano, limitando la implementación de políticas públicas y la resolución de conflictos sociales. Asimismo, señaló que la polarización puede profundizar divisiones entre sectores sociales y políticos, dificultando acuerdos fundamentales para el desarrollo económico, la seguridad y la consolidación de la paz en el país.

“Si perdemos la moderación, perdemos la capacidad de hacer transacciones y, por consiguiente, perdemos la capacidad de resolverle los problemas a los pueblos”, agregó, haciendo un llamado al electorado para favorecer opciones políticas moderadas que garanticen estabilidad institucional y permitan mantener la gobernabilidad efectiva y la confianza ciudadana en las instituciones.