La Fiscalía General de la Nación avanzó en la investigación por un presunto desvío de recursos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo valor asciende a $2.481 millones, durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Misael Cadavid, exdirector de la entidad.
Según la Fiscalía, los recursos habrían sido desviados de seis contratos firmados entre 2020 y 2021, con un valor total de $17.654 millones, para financiar la campaña de Cadavid a la Cámara de Representantes en 2022, por el partido Cambio Radical.
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Entre los nombres mencionados en las pruebas documentales, pero aún no vinculados formalmente al proceso, figuran Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero; Álvaro Villada, exsubdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva); Juan David Palacio Cardona, exdirector del Amva; Ana María Roldán Ortiz y Diana Montoya Velilla, exsubdirectoras ambientales del Amva; y Juan Alberto Cardona Henao, extesorero del Cuerpo de Bomberos.
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La Fiscalía sostiene que el esquema de corrupción incluía sobrecostos sistemáticos, simulación de contratación y facturación falsa.
De acuerdo con Caracol Radio, un audio presentado durante la audiencia muestra a Yaneth Rúa García, funcionaria del Amva, coordinando la manipulación de precios: “Si me cambia los refrigerios y me va a comprar... En el convenio dice que valen seis mil pesos. (...) Pero yo me lo conseguí muy bueno por cuatro mil. Usted a mí me tiene que dar una factura por seis mil”, dice la grabación.
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Además, se presentó el testimonio de un supuesto prestador de servicios de transporte por $120 millones en 2020, quien aseguró que nunca prestó el servicio, estaba fuera del país y que su firma fue falsificada en los documentos contractuales.
Según el medio citado, un testigo cercano a la campaña política de Cadavid relató que Miguel Quintero Calle y Álvaro Villada lideraban la adjudicación de contratos, y que este último negociaba directamente las coimas con Cadavid, por un total aproximado de $3.200 millones, pagados principalmente en efectivo desde cuentas del Cuerpo de Bomberos. Incluso mencionó la entrega de un vehículo BMW Serie 5 como parte del acuerdo, que finalmente no se concretó.
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La red de presuntas irregularidades también habría involucrado a exalcaldes de San Luis, El Retiro y Valparaíso, quienes habrían colaborado con Cadavid cuando este fue gerente de hospitales locales y luego contratado en proyectos de cooperación estratégica (CE) para facilitar el desvío de recursos.
Hasta ahora, la Fiscalía ha imputado cargos a Misael Cadavid, Elkin González Correa y Yaneth Rúa García, y anunció que se esperan al menos tres nuevas capturas en el marco de este proceso.
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La captura del exjefe de Bomberos de Itagüi
La reciente detención de Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exjefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, destapó la compleja trama. Según la Fiscalía, las operaciones bajo investigación superarían los $17.000 millones.
El operativo se llevó a cabo el lunes 6 de octubre en el consultorio de Cadavid. En la misma acción fueron capturadas otras cinco personas, entre ellas las exfuncionarias del Amva Ana María Roldán, Diana María Montoya y María Yaneth Rúa, además de Juan Alberto Cardona, tesorero del Cuerpo de Bomberos, y Elkin González, su representante legal.
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Durante la audiencia del martes 7 de octubre, el fiscal del caso presentó pruebas sobre presuntos sobrecostos en la adquisición de insumos durante la pandemia y servicios de capacitación para cuerpos de socorro. Las evidencias incluyen interceptaciones telefónicas y testimonios de la Dijín que apuntan a la malversación sistemática de fondos públicos.
Estas presuntas irregularidades coinciden con la ejecución de contratos por servicios de capacitación y compra de kits para los bomberos, convenios que la veeduría Todos por Medellín cuestionó por diferencias de precios injustificadas y falta de soportes de ejecución.
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Un ejemplo citado por El Colombiano muestra que un servicio similar contratado bajo el requerimiento PP0149 costó $13.927.677, mientras que en el PP0402 se pagaron $6.240.000, sin justificación técnica documentada.
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