Ministro de Defensa confirmó la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional sigue en ‘veremos’: “Está en riesgo la ejecución del contrato”

Después de que la Contraloría General de la República asegurara que el patrimonio del Estado está en grave riesgo por cuenta del contrato 012 de 2024 del Ministerio de Defensa, orientado a la compra, mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros M17 del Ejército Nacional, el jefe de la cartera, Pedro Sánchez, confirmó que la situación es crítica.

En medio de una rueda de prensa, el ministro de la Defensa reconoció públicamente el riesgo que enfrenta este contrato clave para la movilidad operativa del Ejército Nacional.

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“Si bien es cierto, de los seis helicópteros, tres de ellos los colocaron a volar en el primer semestre, se evidencia claramente que en este momento está en riesgo la ejecución del contrato”, manifestó el funcionario a los medios.

Sánchez indicó que el Gobierno nacional se encuentra adelantando los procedimientos necesarios tras identificarse el incumplimiento contractual, pero enfatizó que lo más crítico es la potencial incapacidad logística para suplir las misiones que dependían de estos helicópteros MI-17.

La gravedad del caso se intensifica por la modalidad de pago: tras una modificación contractual, se entregó el 50% del valor total como pago adelantado y no como anticipo, impidiendo así el seguimiento detallado del uso de esos fondos.

“El pago anticipado constituye un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso. En esa medida, los recursos no han sido ejecutados ni transformados en bienes o servicios verificables, razón por la cual aún no se cuenta con evidencias materiales de su destinación específica”, reconoció el Ministerio de Defensa en un documento enviado a la Procuraduría y conocido por La W.

Mientras se determinan las responsabilidades y el futuro del contrato, el Gobierno Nacional ha confirmado la sustitución operativa de los MI-17 afectados recurriendo a helicópteros UH-60 Black Hawk, con el objetivo de mantener la capacidad de respuesta y traslado de tropas y suministros en el territorio nacional.

“El plan b es producto de lo que se llegue a sancionar o a ejecutar con este proveedor, que muy seguramente si no cumple, pues hay que sancionarlo, hay que terminar el contrato e iniciar uno nuevo. Y el plan alterno es soportar aún más esa capacidad administrativa con los helicópteros UH-60 Black Hawk”, señaló el ministro Sánchez.

Las palabras del ministro de Defensa se dan después de que se conociera el reporte de la Contraloría en la que advirtió sobre la existencia de señales de alerta derivadas de un seguimiento comenzado en agosto de este año que ponen bajo la lupa tanto la legalidad como la ejecución financiera del acuerdo suscrito con Vertol Systems Company.

Desde la óptica del ente de control, el seguimiento al proceso contractual surgió a raíz de diversas denuncias periodísticas sobre posibles irregularidades.

“La Contraloría Delegada para el Sector Defensa advierte un riesgo inminente para el patrimonio del Estado, debido a la alta probabilidad de pérdida de más de USD 13 millones de los USD 16,231 millones entregados como pago anticipado. Adicionalmente, se identifica un riesgo significativo de incumplimiento del contrato, que vence el 15 de noviembre de 2025, con un avance de apenas el 8 %”, indicó el informe de la entidad de contralor.

Entre las principales debilidades señaladas se encuentran insuficiencias en la selección del contratista, particularmente en las evaluaciones de orden económico, técnico y jurídico, atribuibles tanto a la compañía suscrita como al propio Ministerio.

Uno de los hallazgos destacados por la Contraloría es que el comité técnico evaluador no logró acreditar la experiencia exigida al oferente, según los criterios definidos en el estudio previo, y que, pese a ello, se otorgó el aval jurídico, contraviniendo el principio de selección objetiva.

La diferencia entre el anticipo desembolsado y el escaso progreso físico de la obra representa otra alerta relevante. “El contrato presenta un riesgo significativo de incumplimiento, dado que registra un avance físico del 8%, mientras que ya se ha desembolsado un pago anticipado correspondiente al 50% del valor total del contrato (USD 32,4 millones), es decir, USD 16,231 millones. Esta situación evidencia una desproporción crítica entre los recursos entregados y el nivel de ejecución alcanzado, lo que pone en riesgo la adecuada culminación del objeto contractual”, dicta la Contraloría.