En medio de la plenaria de la Cámara de Representantes que se efectuó el miércoles 1 de octubre de 2025, Hernán Cadavid, que hace parte de la bancada del Centro Democrático, se opuso a la petición del Gobierno nacional de extender la vida jurídica del Ministerio de Igualdad: al que la Corte Constitucional, en conocida sentencia, le puso fecha de caducidad, pues dejará de existir al final de la presente legislatura.
Cadavid, cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, expresó que el descalabro que representa esta dependencia estatal no puede prolongarse. En términos más fuertes lo calificó como una “vagabundería” del Ejecutivo, sinónimo de despilfarro, burocracia y desgreño con impuestos de los Colombianos; además de las controversias recientes que se han sumado a la designación de sus altos funcionarios.
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“Creo que eso es un gran descaro con el pueblo colombiano. Usted no le puede estar diciendo a los colombianos que necesita una nueva reforma tributaria para poder seguir cubriendo un gasto desbordado que se ha disparado en materia de embajadas, de consulados y de contratos de prestación de servicio, y que lo que le está diciendo a los colombianos es que necesita mayor recaudo para seguir pagando un instrumento absolutamente inservible", expresó el congresista.
En su afirmación, el parlamentario antioqueño expreso que, al inicio del actual periodo, discutían que el ministerio tendría duplicidad de funciones. “Y que no iba a tener eficacia en el gasto, que no la ha tenido, y que iba a tener una bajísima ejecución presupuestal, porque todas las otras funciones se cubren por otros instrumentos del Estado colombiano y así ha sido”, afirmó el representante uribisita.
A los niveles de ejecución del presupuesto, que a junio de 2025 era del 1,9%, pues para julio de 2025, con $798.523 millones destinados a funcionamiento y $498.912 millones a inversión, se suman las controversias por su titular, el tolimense Juan Carlos Florián: al que le tocó renunciar para volver a posesionarse, por no cumplir en su momento la Ley de Cuotas en el Gabinete.
Y, sin duda, el escándalo por el que finalmente no se ha designado a una de las viceministras de esta cartera, Juliana Guerrero, que se habría graduado sin cumplir los requisitos para el cargo de titular de la dependencia de Juventud; en un caso que involucró a la Fundación Universitaria San José, que finalmente le retiró su título profesional como contadora.
¿Cuál es la situación del Ministerio de Igualdad?
Esta dependencia dejará de existir a partir de junio de 2026, por decisión de la Corte Constitucional. La sentencia responde a una demanda que alertó sobre irregularidades en el proceso que dio origen a la Ley 2281 de 2023, con la que se creó la entidad. El principal argumento fue la ausencia de un análisis de impacto fiscal, un requisito que exige la ley para aprobar la creación de organismos oficiales con recursos públicos.
El fallo establece que durante el debate legislativo no se cumplió con la presentación y estudio apropiados de los costos fiscales ni de la fuente de los recursos para financiar el nuevo ministerio. Esto vulnera el procedimiento exigido en el artículo 151 de la Constitución Política, que obliga al Congreso a respetar los pasos formales durante la aprobación de leyes ordinarias, en especial cuando se trate de gasto público.
A fin de evitar una suspensión abrupta de los programas y políticas públicas que gestiona la entidad, el alto tribunal ordenó diferir los efectos de su decisión por dos legislaturas completas. De esta forma, el Ministerio de Igualdad y Equidad continuará operando de manera transitoria hasta el 20 de junio de 2026; con la posibilidad de que, durante ese tiempo, se pudieran subsanar los errores y presentar un nuevo proyecto.
No obstante, tal parece que el objetivo del Ejecutivo de prolongar la existencia de esta dependencia, está cada vez más lejos. En cuanto al presupuesto, para 2025 al ministerio se le habia asignado inicialmente una cifra aproximada de 1,6 billones de pesos; sin embargo, ajustes fiscales posteriores implicaron una reducción que dejó el presupuesto final, como se mencionaba, en alrededor de $1,2 billones, para ejecución de políticas de equidad e inclusión.
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