Petro apuesta todo con su polémica ley minera que promete acabar el extractivismo y cambiar la actividad económica en Colombia

El Congreso de la República recibió esta semana uno de los proyectos más ambiciosos que el gobierno de Gustavo Petro ha puesto sobre la mesa: una nueva ley minera que, según sus impulsores, busca marcar un punto de quiebre con la forma en que Colombia ha gestionado sus recursos durante décadas.

La iniciativa lleva un nombre extenso y simbólico: “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, y pretende replantear desde la raíz las reglas del sector, enmarcándolas en criterios ambientales, sociales, económicos y de ordenamiento territorial.

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El Ministerio de Minas y Energía, cabeza visible de esta propuesta, insistió en que ya no es posible sostener el modelo tradicional, centrado únicamente en la extracción. El ministro Edwin Palma lo resumió con una frase que busca instalar el debate: “Abre una discusión alrededor de la organización del sistema minero en el país, que protege a los trabajadores y reivindica el trabajo de la minería tradicional y ancestral, distinto al extractivismo que ha habido en Colombia”.

Con esas palabras, la cartera minera deja claro que la propuesta no se limita a un simple ajuste normativo, sino que plantea un cambio de modelo.

En la práctica, lo que se discute es cómo pasar de un sistema basado en la explotación intensiva de minerales a otro que priorice la sostenibilidad y la planificación a largo plazo. El proyecto reconoce a los minerales como propiedad exclusiva e inalienable de la Nación, refuerza la capacidad del Estado como rector y supervisor de la actividad, y abre la puerta a un ordenamiento territorial en el que el agua y la biodiversidad ocupen un lugar central. Bajo esa lógica, habrá zonas en las que la minería estará permitida y otras en las que quedará totalmente excluida.

El borrador también se detiene en prácticas que generan polémica en el país. Por ejemplo, plantea la prohibición del uso de mercurio y el cierre progresivo de las minas a cielo abierto, medidas que buscan acercar a Colombia a los estándares internacionales de sostenibilidad. En paralelo, reconoce la importancia de los pequeños mineros y artesanales, a quienes ofrece apoyo técnico, jurídico y financiero, con el propósito de formalizarlos y sacarlos de la informalidad que hoy domina buena parte del sector.

La discusión, sin embargo, no se limita al plano ambiental o social. El Gobierno pretende conectar la minería con un proyecto más amplio: la reindustrialización nacional. La propuesta resalta el papel de los minerales críticos —como el cobre, el níquel y el litio— como piezas esenciales para impulsar la transición energética y para abrir encadenamientos productivos regionales que fortalezcan la economía más allá de la simple extracción.

De este modo, la minería se plantea no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para diversificar y agregar valor a la industria colombiana.

El ministro Palma insistió en que no se trata de una norma coyuntural: “Queremos una minería al servicio de la vida, de los territorios y de la transición energética justa. Esta no es una ley para el pasado, es una ley para el futuro”.

Una idea reforzada por la viceministra Sorrel Aroca, quien recordó que “la monoeconomía y el extractivismo han generado conflictividad, pobreza y miseria en torno a la actividad minera. Este proyecto pretende diversificar los usos del suelo y reconocer que, junto a los minerales, debe estar el respeto por la agricultura y por el derecho sagrado al agua”.

En términos económicos, la apuesta supone que el Estado recupere un rol más activo en la planificación de la explotación de minerales estratégicos y que la actividad minera se alinee con los compromisos globales frente al cambio climático. Desde la perspectiva social, se espera reducir la conflictividad mediante consultas y mayores espacios de participación, además de garantizar mejores condiciones para miles de trabajadores que hoy se mueven en la informalidad.

La propuesta apenas inicia su tránsito en el Congreso, donde se anticipa un debate intenso que convocará a comunidades, pueblos étnicos, sindicatos, empresarios y congresistas.