La controversia entre la senadora Paloma Valencia y el presidente Gustavo Petro, sigue escalando tras nuevos cruces a raíz de las declaraciones de Petro sobre la relación de la congresista con los crímenes conocidos como “falsos positivos”.
Tras lo anterior, Valencia anunció que interpondrá acciones legales contra el mandatario, insistiendo en que las acusaciones públicas representan una afrenta a su buen nombre.
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El tema siguió escalando luego de que Petro volviera a señalar en X a Paloma Valencia y al partido Centro Democrático de cargar con una “responsabilidad política e histórica” por 6.402 casos de falsos positivos, los asesinatos de jóvenes que fueron presentados oficialmente como bajas en combate durante gobiernos anteriores y que la justicia ha calificado como crímenes de lesa humanidad.
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La senadora manifestó en su pronunciamiento que solicitará una rectificación y presentará una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara.
Expresó: “No le basta con que hayan asesinado a Miguel Uribe y sigue señalándonos de cosas absolutamente falsas, es una irresponsabilidad que incita a la violencia”.
Según Valencia, las afirmaciones de Petro no solo carecen de fundamento sino que ponen en riesgo a la oposición y la convierten injustamente en blanco de señalamientos públicos.
Ante esta respuesta, el presidente Gustavo Petro reafirmó su postura en una serie de mensajes publicados en la red social X.
El mandatario cuestionó: “Los mal llamados falsos positivos: asesinar sistemáticamente 6.402 jóvenes desde el Estado y con armas oficiales ¿no es un crimen de lesa humanidad?”.
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Petro remarcó la importancia de no eludir la responsabilidad política del gobierno y del partido que lideró durante los años en que ocurrieron los asesinatos.
En su argumentación, el presidente sostuvo que los dirigentes de partidos tienen una “responsabilidad histórica” cuando tal clase de crímenes se produce bajo políticas de gobierno.
Por otro lado, Petro señaló que “a las personas individuales que, siendo dirigentes de ese partido, no se les puede achacar su responsabilidad política individual en no haber denunciado en su momento, o peor, habiéndose establecido las denuncias y habiéndose condenado por el poder judicial, nunca decir ni una palabra de rechazo a lo que su gobierno permitió hacer”.
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El mandatario también comparó la indiferencia frente a los crímenes cometidos por el Estado con lo ocurrido durante el régimen nazi en Europa, así como con la reacción, o falta de ella, frente a la violencia actual en distintos contextos internacionales.
Petro sostuvo que no existen diferencias entre estas actitudes y las catalogó como “complicidad histórica”.
Cambio Radical y Centro Democrático denunciaron hostigamientos por parte del Gobierno Petro: “Detenga el odio político”
La confrontación entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y los partidos de oposición se intensificó tras la publicación de un comunicado conjunto emitido por Cambio Radical y Centro Democrático.
En el documento difundido el 1 de octubre de 2025 en Bogotá, ambas colectividades expresan un rechazo tajante a lo que describen como “persecución y ataques sistemáticos” provenientes del Ejecutivo, los cuales, según afirman, son replicados por ministros e influencers financiados con recursos públicos.
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La reacción partidista surge luego de recientes señalamientos realizados por Petro en redes sociales dirigidos contra la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, episodio que, según el comunicado, es parte de una cadena de agresiones políticas contra quienes mantienen una postura crítica frente al actual Gobierno.
Cambio Radical y Centro Democrático exigen al presidente el cese inmediato de “calumnias, mentiras y difamaciones”, y sostienen que estos ataques buscan desviar la atención de problemas nacionales como inseguridad, desempleo, deterioro de la salud y una crisis económica profunda.
El comunicado responsabiliza a la administración del “cambio” por alimentar un clima de odio político, señalando que las consecuencias ya han sido fatales.
Entre los hechos citados se menciona la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, así como “atentados, amenazas e intimidaciones contra parlamentarios, diputados, concejales, dirigentes regionales y líderes de nuestras colectividades”. El más reciente incidente aludido es la emboscada contra el exconcejal Jairo Evelio Ascanio Naranjo en Saravena, Arauca.
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