La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías le impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 60 años, acusado de abusar sexualmente de ocho integrantes de su familia durante más de dos décadas en zonas rurales del Tolima y en Bogotá.
El caso involucra a cinco hijas, dos sobrinas y una nieta, quienes eran menores de edad al momento de los hechos.
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Las autoridades informaron que los abusos comenzaron en 1998 y se extendieron hasta 2024, consolidando un patrón de violencia sexual y familiar que afectó a distintas generaciones de una misma familia. La investigación sostiene que el agresor aprovechaba la ausencia de su esposa para cometer los delitos y utilizaba amenazas de muerte para silenciar a las víctimas.
El proceso judicial inició tras la recopilación de pruebas que evidenciaron los delitos cometidos en fincas de Fresno y Rovira, así como en la capital del país. La primera víctima identificada fue la hija mayor del procesado, quien habría sufrido agresiones sexuales entre los siete y los doce años. El mismo patrón se repitió posteriormente con las otras hijas y familiares menores de edad.
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Según la Fiscalía, el acusado también habría ejercido violencia física y amenazas contra su pareja, después de que esta se enterara de los hechos. Esta conducta intimidatoria buscaba evitar la denuncia y perpetuó el silencio durante más de 20 años.
Investigación y operación de captura
La investigación judicial avanzó con la intervención de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, quienes ejecutaron la orden de captura en el municipio de Fresno. El operativo se realizó tras la acumulación de pruebas y testimonios que permitieron a la Fiscalía imputar los delitos de acceso carnal violento agravado, acto sexual violento agravado, violencia intrafamiliar agravada e incesto.
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Durante la audiencia de imputación, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. A pesar de ello, el juez consideró que existían elementos suficientes para dictar una medida de aseguramiento en centro carcelario, con el objetivo de proteger a las víctimas y garantizar el desarrollo del proceso penal.
El hecho ha generado conmoción en la región, donde los casos de abuso sexual intrafamiliar suelen permanecer ocultos debido al miedo y las amenazas que enfrentan las víctimas. Según las autoridades, el acusado mantenía un control férreo sobre su núcleo familiar, lo que facilitaba la comisión de los delitos y el silencio de los afectados.
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Detalles del patrón delictivo
La investigación reveló que el modus operandi del agresor incluía la selección de sus víctimas en distintos momentos y lugares aprovechando la ausencia de figuras adultas protectoras, el acusado cometía los abusos y luego recurría a amenazas graves para evitar ser denunciado.
En todos los casos, las víctimas eran menores de edad y dependían del agresor, lo que aumentaba su vulnerabilidad. Además, la Fiscalía documentó episodios de agresión e intimidación contra la esposa del procesado, quien fue golpeada tras descubrir las agresiones sufridas por sus familiares.
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Un aspecto relevante del caso es la decisión de la Fiscalía de no revelar la identidad del capturado, priorizando la protección de las víctimas y su entorno familiar.
¿Cómo denunciar abuso sexual y maltrato infantil en Colombia?
En el país, cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de abuso sexual o maltrato infantil está obligada a denunciar. Las denuncias pueden realizarse a través de la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), disponible las 24 horas, o en comisarías de familia, inspecciones de policía y personerías municipales.
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También es posible acudir a la Fiscalía General de la Nación para presentar la denuncia de manera presencial o virtual. La Policía Nacional, a través de la línea 123 o la Policía de Infancia y Adolescencia, puede recibir reportes y actuar de inmediato.
No se requieren pruebas concluyentes para denunciar; basta con relatar los hechos o sospechas para que las autoridades inicien la investigación. La identidad del denunciante puede mantenerse en reserva, lo que brinda seguridad frente a posibles represalias. El proceso contempla medidas urgentes de protección para la víctima, como la separación del agresor y el acompañamiento psicosocial.
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