
El Ministerio de Trabajo anunció la puesta en marcha de acciones de inspección, vigilancia y control ante las denuncias elevadas por trabajadores del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo (Idiger) en Bogotá, quienes reportaron condiciones laborales insalubres e indignas.
De acuerdo con la cartera, dicha medida responde a los testimonios presentados por integrantes del sindicato y recogidos en medios de comunicación, donde se describen situaciones que afectan la salud y el bienestar de los empleados de la entidad encargada de la gestión del riesgo en la capital colombiana.
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“Adelantaremos inspecciones para verificar en campo la situación denunciada y tomar las medidas requeridas para preservar la dignidad laboral. Es fundamental que las autoridades distritales garanticen ambientes seguros y saludables a sus funcionarios y contratistas”, indicó el Ministerio TIC. El pronunciamiento oficial enfatizó la importancia de contar con lugares de trabajo justos y dignos para todas las personas empleadas del sector público.

Las inconformidades, dadas a conocer en un video difundido por el medio Minutos60, incluyen relatos de empleados que trabajan entre humedad, excrementos de palomas y malos olores por la falta de mantenimiento en baños y áreas comunes. En el material audiovisual, los denunciantes aseguraron que “ha habido miembros del sindicato, tres personas, que han sufrido problemas de salud asociada directamente a problemas respiratorios y a las condiciones sanitarias”, situación agravada por la caída de techos afectados por la presencia de palomas y temporadas de lluvias.
Además, varios trabajadores expresaron sentirse ignorados por la dirección de la entidad. Según declaraciones recogidas en el video, “la oficina del director es un espacio aislado respecto al resto de los trabajadores”, y se denunció que el director “no se da cuenta de las condiciones en que se encuentran los trabajadores y trabajadoras”, al no frecuentar las zonas del edificio donde son más críticas las condiciones reportadas.

A las denuncias también se sumó la cabildante Heidy Sánchez, quien desde su perfil en la red social X (antes Twitter) manifestó su respaldo a las exigencias del sindicato SintraIdiger. Sánchez advirtió que “la sede del Idiger está en condiciones insalubres: hay goteras, olores nauseabundos, tejas de asbesto y presencia de vectores”, y detalló que el personal se ve afectado por “mareos, dolores de cabeza y afecciones respiratorias”. Subrayó además la carencia de equipos de protección personal, transporte y mantenimiento básico en la sede principal del instituto, aspectos que no reciben atención desde hace más de un año.
Según la cabildante, la gestión administrativa de Idiger atraviesa una crisis marcada por una baja ejecución presupuestal, que tan solo alcanza el 36,5%, ubicando a la entidad entre las de peor desempeño de la ciudad. También denunció la existencia de una “nómina paralela” conformada por contratistas sin la experiencia técnica necesaria, una tendencia que estaría debilitando el papel misional del instituto y marginando al personal de carrera.

Las evaluaciones psicosociales internas apuntan a riesgos laborales elevados, con reportes continuos de acoso, violencia laboral y desorden organizativo, como el hecho de que tres subdirecciones han permanecido sin dirección en propiedad, generando sobrecarga y afectando la continuidad institucional. Así lo señaló la cabildante, quien además pidió al alcalde Carlos Fernando Galán revisar la permanencia del director y tomar medidas para garantizar condiciones laborales dignas.
El Ministerio de Trabajo reiteró su llamado a las autoridades distritales para que atiendan de manera urgente las denuncias de los trabajadores del Idiger. Hasta el momento, ni el Distrito Capital ni la dirección actual del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo se han pronunciado públicamente sobre los hechos reportados.
Mientras se esperan respuestas oficiales, las acciones de inspección y vigilancia anunciadas por el Ministerio de Trabajo se enfocarán en constatar la situación y promover soluciones inmediatas que aseguren la salud y los derechos de quienes trabajan en una entidad clave para la gestión de emergencias y desastres en Bogotá.
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