La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió a trámite una demanda que busca declarar la nulidad de la elección del ex Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, recientemente designado como magistrado de la Corte Constitucional.
La acción judicial solicita “tumbar” su nombramiento, alegando presuntas irregularidades en el proceso que comprometerían la transparencia y legalidad de su elección.
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Actualmente, ocho demandas similares han sido admitidas por la misma sección del alto tribunal, todas centradas en cuestionamientos sobre la conformación de la terna y la aplicación de la ley de cuotas de género.
Los demandantes argumentan que, con la llegada de Camargo, la Corte Constitucional presenta una sobrerrepresentación masculina del 66% frente a un 33% de mujeres, lo que, según ellos, infringe la normativa sobre equidad de género.
La admisión de la demanda implica que tanto Carlos Camargo como el Senado de la República y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje) deberán pronunciarse sobre los hechos y fundamentos expuestos.
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El trámite corresponde a la Sección encargada de los asuntos electorales dentro del Consejo de Estado.
Entre los elementos de controversia se encuentra la asignación de una de las demandas al magistrado Ómar Joaquín Barreto, quien solicitó declararse impedido para conocer el caso debido a su amistad de más de dos décadas con Camargo, relación ampliamente conocida en sus círculos sociales y laborales. La Sección Quinta estudia actualmente la procedencia de este impedimento.
Los demandantes también cuestionan el historial de Camargo en cargos públicos, señalando un patrón en el que, según ellos, aseguraba su elección en nuevos cargos mediante la oferta de puestos y beneficios a quienes posteriormente serían sus nominadores o electores.
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Se le atribuye además la práctica de abandonar cargos antes de finalizar los periodos para evitar inhabilidades futuras.
Durante su gestión como Defensor del Pueblo, Camargo habría nombrado a familiares directos —esposas, hijos, hijas, hermanos y nueras— de nueve de los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que participaron en su nominación, lo que representa el 41% de la alta Corte.
Además, se le señala de haber otorgado contratos a familiares de senadores que luego respaldaron su elección, como en el caso de la senadora conservadora Esperanza Andrade, quien recibió contratos por doscientos millones de pesos y posteriormente votó a favor de Camargo.
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Según las demandas, más de diez magistrados de la Corte Suprema estaban impedidos para votar la terna de la que resultó electo Camargo.
Uno de los textos presentados ante el tribunal sostiene que “la Corte Suprema impidió que la sociedad, los medios de comunicación y el propio Senado de la República realizaran un escrutinio público informado sobre la idoneidad y legitimidad de la terna.
El Senado procedió a votar bajo la presunción de que la terna había sido conformada de manera regular, cuando en realidad era el producto de un proceso viciado. Se le negó la información crucial que le habría permitido cuestionar la validez de la postulación del señor Camargo Assis”.
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La terna de la que fue elegido Camargo incluía también a los juristas Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar.
Los cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad de la elección han generado un debate público sobre la legitimidad de la conformación de la Corte Constitucional y el respeto a los principios democráticos en la designación de sus magistrados.
El caso ha encendido la discusión en distintos sectores políticos y sociales sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control en la selección de altos funcionarios judiciales.
Expertos y analistas señalan que este tipo de demandas no solo pone en tela de juicio la idoneidad de los elegidos, sino también la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
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Mientras el Consejo de Estado avanza en el estudio de las acciones, se espera que el proceso genere precedentes importantes sobre equidad de género, conflictos de interés y transparencia en las designaciones de magistrados.
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