
En el norte de La Guajira, donde el viento sopla con una fuerza constante y las comunidades wayuu aprendieron a convivir con ese paisaje árido, Ecopetrol intenta darle un nuevo aire a un proyecto que había quedado en pausa, el parque eólico Windpeshi. La compañía, que adquirió la iniciativa a Enel el 25 de julio, empezó un recorrido por los territorios de Uribia y Maicao para presentarse oficialmente ante los habitantes y, de paso, trazar un camino que le permita reactivar la obra.
El proyecto no es menor. Windpeshi contempla la instalación de 41 aerogeneradores con una capacidad de 205 megavatios, suficiente para ubicarlo entre los parques eólicos más grandes del país y el primero operado en su totalidad por Ecopetrol. La ambición técnica, sin embargo, contrasta con una realidad social compleja que frenó su avance desde hace años.
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Por ahora, los equipos de la empresa social, ambiental, de ingeniería, gestión inmobiliaria y seguridad física, completaron 15 de las 30 visitas previstas a las comunidades del área de influencia. En esos encuentros, además de exponer cronogramas y planes de trabajo, escuchan a las autoridades tradicionales y a las familias que se han visto golpeadas por la suspensión del proyecto.
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“Nos han expresado su apoyo para sacar adelante este proyecto respetando, por supuesto, su derecho a la participación, sus usos y costumbres, sus contextos y necesidades”, señaló Felipe González, gerente de Proyectos Guajira. La afirmación no es gratuita, varios líderes wayuu advirtieron que, por la parálisis de Windpeshi, muchos de sus familiares se vieron obligados a migrar hacia otras regiones en busca de oportunidades.
El proceso aún está lejos de terminar. En los próximos meses, y hasta noviembre, se desarrollarán nuevas jornadas de consulta previa, cuyo objetivo es afinar acuerdos y garantizar beneficios concretos en salud, educación, acceso a agua y programas de inversión social. Este paso es clave para lograr que la iniciativa avance con un mínimo de confianza entre las partes.
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El antecedente inmediato no es alentador. En mayo de 2023, Enel decidió suspender las obras tras múltiples tropiezos con las comunidades. Aunque la compañía aseguró haber destinado más de 7.100 millones de pesos a proyectos de desarrollo económico, educación y abastecimiento de agua, la construcción estuvo detenida la mitad del tiempo entre 2021 y 2022, y la situación se agravó el año siguiente. Las diferencias internas entre clanes wayuu y la dificultad de cerrar procesos de consulta previa hicieron inviable la continuidad.
Ecopetrol hereda, entonces, un proyecto con gran potencial energético, pero atravesado por tensiones locales que no se resuelven solo con ingeniería. La estrategia de la estatal petrolera apunta a recomponer las relaciones y lograr que las comunidades vean en Windpeshi un aliado para mejorar su calidad de vida, más allá de las cifras.
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Si logra sortear los obstáculos, el parque podría entrar en operación en 2028. El impacto ambiental sería considerable, se estima que evitaría la emisión de más de 140.000 toneladas de dióxido de carbono al año, equivalente a retirar unos 90.000 vehículos de circulación. Además, su generación anual de 1.006 gigavatios hora permitiría, por ejemplo, iluminar 4.000 vías durante doce meses.

El desafío, sin embargo, no se reduce a cumplir metas energéticas ni a mostrar resultados en indicadores ambientales. Lo que está en juego es la capacidad de articular un modelo de transición energética que no solo funcione en los papeles, también para que sea viable en territorios históricamente marginados, diversos y complejos, donde cada decisión repercute profundamente en la vida cotidiana de comunidades que reclaman voz activa, reconocimiento, acompañamiento institucional y presencia efectiva.
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