
Las recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), que excluyeron a Colombia Humana, Progresistas y la Minga Indígena del Pacto Histórico, así como la revocatoria de la personería de Poder Popular, generaron una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro.
El mandatario denunció que estas medidas constituyen una “anulación completa” del componente de participación política previsto en el proceso de paz, según declaraciones del jefe de Estado publicadas en su cuenta de X.
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Desde sus redes sociales, Petro advirtió sobre el impacto de estas determinaciones.
“El punto del proceso de paz sobre abrir los caminos de la participación política ha quedado completamente anulado”, expresó el presidente.
El jefe de Estado sostuvo que las autoridades judiciales y electorales buscan “provocar un alejamiento permanente de la ciudadanía a la organización de partidos, que establece como derecho la constitución de Colombia”.

El presidente también puso en duda la legalidad de los argumentos empleados por el CNE para justificar la anulación de personerías jurídicas.
“Los motivos de anulación del derecho fundamental de participación política, que es un derecho político, no son de aquellos que acepta la Convención Americana de Derechos Humanos”, según manifestó Petro.
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Además, recordó un precedente judicial relevante: “En magistral sentencia del Consejo de Estado de autoría del magistrado Arenas, se aprobó por sala plena del Consejo de Estado”, puntualizó el mandatario.
La exclusión de estos movimientos políticos tiene consecuencias inmediatas para el calendario electoral. Las consultas internas de los partidos, previstas para el 26 de octubre de 2025, se verán afectadas, ya que los partidos sin personería jurídica no podrán participar oficialmente, acceder al financiamiento público, utilizar la infraestructura electoral del Estado ni obtener la legitimidad institucional que otorga la participación oficial.
De cara a las elecciones presidenciales de 2026, la falta de personería jurídica implica la exclusión del sistema electoral formal, obligando a los partidos afectados a buscar alianzas con movimientos que sí la tengan o a recolectar firmas como candidatos independientes.
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Además, pierden el acceso a recursos públicos para campañas, lo que genera una desventaja competitiva frente a los partidos establecidos.
La fragmentación de la coalición de izquierda, como evidencia el caso del Pacto Histórico tras la exclusión de Colombia Humana, Progresistas y la Minga Indígena, debilita su capacidad electoral y favorece la concentración del poder político en los partidos tradicionales. “La mayoría de fuerzas anuladas cuando ya vivían plenamente en la vida política son del progresismo”, denunció Gustavo Petro en su mensaje.
Pacto Histórico desafía al CNE y mantiene consulta interna el 26 de octubre

El Pacto Histórico confirmó que realizará su consulta interna el 26 de octubre, desafiando la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que excluyó a Colombia Humana y Progresistas de la alianza.
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La coalición, principal fuerza política de izquierda en Colombia y promotora del proyecto del presidente Gustavo Petro, busca definir su candidatura única a la Presidencia y conformar listas cerradas y paritarias al Congreso.
La exclusión de Colombia Humana y Progresistas representa un obstáculo significativo para el Pacto Histórico, ya que impide la participación de figuras como Gustavo Bolívar, Susana Muhamad, Gloria Flórez, Daniel Quintero, Carolina Corcho y María José Pizarro en la consulta, al pertenecer a los movimientos marginados.
El comité político de la coalición advirtió que esta decisión afecta el derecho a la participación política y anunció que interpondrá acciones legales para revertir la medida.
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El CNE avaló únicamente la fusión de Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano, dejando fuera a los otros dos movimientos fundadores.

En el caso de Colombia Humana, la exclusión se debió a que, pese a la participación de 1.280 militantes en su consulta interna, no se alcanzó el quórum de 76.315 requerido por sus estatutos, considerando que el partido cuenta con 114.381 afiliados.
Por su parte, para Progresistas, la autoridad electoral condicionó su personería jurídica a la resolución de procesos sancionatorios contra el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), situación que aún no se ha resuelto.
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El comité político del Pacto Histórico reiteró su compromiso con la unidad de la coalición y aseguró que revisará y certificará las precandidaturas bajo criterios éticos y de transparencia, con el objetivo de fortalecer el proyecto programático de cambio.
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