“Nosotros siempre supimos que la verdad iba a salir a la luz”, afirmó el abogado Jaime Granados, líder del equipo de juristas que defienden al expresidente Álvaro Uribe Vélez, apenas unas horas después de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la libertad del exmandatario.
Para Granados, la decisión representa “no solo un triunfo de lo jurídico, sino una reivindicación para quien ha sido víctima de un proceso profundamente injusto”, mencionó en entrevista con la W Radio.
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“La decisión de la Corte Suprema nos da la razón: Álvaro Uribe Vélez debe permanecer en libertad mientras se revisa en segunda instancia un fallo que, desde el comienzo, hemos señalado como equivocado y carente de sustento”, continúa Granados.
El reconocido abogado penalista insistió: “Esta determinación significa que las garantías procesales y los derechos fundamentales no pueden estar a merced de presiones externas, sino que deben respetarse con rigor”.
“Defender a Uribe ha sido defender también el debido proceso; lo que ocurrió ayer fortalece la confianza en la justicia colombiana, aunque todavía quede mucho camino por recorrer”, expresó el jurista que, a su juicio, precisó que la decisión de la Corte Suprema marca un hito en un caso que, asegura, “ha estado plagado de inconsistencias y motivaciones políticas”.
Reacción inmediata a la decisión de la Corte Suprema
En la mañana posterior a la determinación de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el viernes 19 de septiembre de 2025, Granados agregó que la respuesta del alto tribunal llegó en el momento justo.
“Esta decisión es categórica y devuelve las cosas a su lugar: el doctor Uribe nunca debió estar privado de la libertad, menos aún en medio de tantos cuestionamientos al proceso en su contra”, sostuvo Granados en su declaración al medio radial.
El abogado llamó la atención sobre el mensaje institucional enviado por el fallo: “La Corte actuó con rigor jurídico, sin ceder a los clamores externos ni a presiones mediáticas. La justicia debe ser sorda al ruido y atender solamente al expediente; en este caso, ese principio se respetó”.
Además, el penalista expuso que el carácter garantista del sistema judicial quedó reivindicado en esta etapa: “Se nos ha permitido demostrar que no se trata de favores o privilegios, sino de proteger los derechos de cualquier ciudadano, incluso si se trata de alguien que ha ocupado la presidencia”.
La decisión, según él mismo Granados, es también “una señal de que el país puede confiar aún en las instituciones y que quienes buscan justicia no deben perder la esperanza. Nos sentimos reivindicados en la argumentación que hemos sostenido desde hace años, y la libertad del doctor Uribe así lo demuestra”.
Argumentos de la defensa sobre la inocencia del expresidente Uribe
Desde el primer día, Jaime Granados ha construido la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre la premisa de que “no existen pruebas reales ni contundentes que permitan sostener la condena que impuso el juzgado”.
Para el jurista el fallo emitido por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá es “profundamente equivocado, plagado de errores en la valoración probatoria y en la interpretación jurídica”.
El fallo en concreto obedece al 1 de agosto de 2025, en medio de uno de los juicios más importantes de la historia política reciente en Colombia: el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó al expresidente Uribe a una pena de 144 meses (12 años) de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y ordenó la ejecución inmediata de la pena mediante prisión domiciliaria.
En dicho caso, su contraparte en el sonado juicio por soborno a testigos fue el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, y Uribe cumplió en su finca de Llanogrande (Rionegro, Antioquia) por 18 días, hasta que el 19 de agosto el mismo exmandatario confirmó en su cuenta de X que recobró la libertad. Su boleta llegó al día siguiente, el 20 de agosto.
“El doctor Uribe fue sentenciado sin un solo indicio válido de culpabilidad, únicamente con hipótesis y suposiciones. La acusación se basó en testimonios que la defensa siempre logró controvertir, demostrando inconsistencias y contradicciones flagrantes”, mencionó Granados durante la entrevista.
El abogado detalló que la apelación presentada por su equipo jurídico se fundamenta en una revisión minuciosa de los hechos, dejando claro que “hay elementos omitidos por el juzgado y valoraciones parciales que no resisten el más elemental análisis de justicia”.
Más adelante agregó: “Tenemos confianza en que el tribunal de segunda instancia acogerá nuestra argumentación y anulará una condena injusta”.
Asimismo, Granados cerró diciendo que la defensa no busca favores, sino que “exige el cumplimiento estricto del debido proceso y el respeto a las garantías que la Constitución otorga a todo colombiano”. En palabras del abogado, “el país necesita confiar en que ningún ciudadano será condenado en medio de irregularidades, mucho menos alguien que ha servido a la República con lealtad”.
Implicaciones de la decisión de la Corte para el futuro del caso
La resolución de la Corte Suprema de Justicia ha cambiado el horizonte inmediato para el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su equipo legal.
Para Granados, la confirmación de la libertad de Uribe significa que se garantizan las condiciones procesales para una apelación justa: “Lo relevante aquí es que el doctor Uribe podrá ejercer plenamente su defensa en libertad, como corresponde en todo Estado de Derecho”.
El penalista aclaró que esta situación sienta un precedente: “La Corte nos recordó que la privación de la libertad debe ser la excepción y no la regla. La medida de detención solo procede cuando existen pruebas reales y fundadas de peligro o de obstrucción, lo que claramente no era el caso aquí”.
Mirando hacia el futuro, el defensor es claro sobre los próximos pasos: “Mientras se resuelve la apelación, el país estará expectante, pero ahora con una tranquilidad básica: no se atropellaron las garantías y podemos confiar en que habrá una revisión a fondo del expediente en segunda instancia”.
El abogado reitera que la defensa está “preparada para demostrar, una vez más, que la condena no tiene sustento legal ni fáctico”. Para Granados, la decisión es “un aliciente para perseverar, para demostrar que la verdad y la justicia aún tienen cabida ante las controversias políticas más intensas”.
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