Líder del grupo delincuencial Los de Dimax logra evadir cárcel haciéndose pasar por indígena

Recientemente, se ha descubierto un presunto esquema de evasión carcelaria que ha ido en aumento, en el que delincuentes se harían pasar por minorías étnicas.

En diversas regiones del país —incluidos los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Huila y Cauca—, personas condenadas por delitos han eludido cumplirlas en cárceles protegiéndose bajo la Constitución mediante la supuesta pertenencia a comunidades indígenas, según una investigación de Semana.

Este entramado involucra la colaboración de cabildos, funcionarios públicos y juzgados, que, de acuerdo con los documentos obtenidos por el medio mencionado, presuntamente han recibido pagos significativos a cambio de facilitar estos traslados, aunque hasta ahora no existen pruebas directas ni investigaciones penales concluidas que acrediten los montos pagados.

En Colombia, los resguardos indígenas tienen la facultad constitucional de acoger a personas indígenas condenadas a prisión para que cumplan su pena en el interior de sus territorios, preservando así sus usos, costumbres y arraigo cultural.

La verificación de la pertenencia real a la comunidad recae en los cabildos y las autoridades judiciales.

Sin embargo, ese procedimiento se habría prestado a irregularidades, permitiendo que personas que no cuentan con raíces demostrables hayan conseguido su traslado amparadas en avales de autoridades indígenas, funcionarios y jueces, a menudo tras entregar sumas importantes de dinero como soborno.

El caso ‘Dimax’ y la cadena de traslados

El caso más destacado es el de Juan Carlos Vacca Castillo, más conocido como “Dimax”, líder de la organización criminal Los de Dimax, señalada de asesinatos, extorsión y violencia en Cali y su zona metropolitana, según Semana.

Vacca Castillo fue condenado a 41 años (500 meses) por homicidio agravado, concierto para delinquir y otros delitos.

Tras nueve años en la cárcel de Villahermosa (Cali), en septiembre de 2024, solicitó el traslado al resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, en Florida, Valle del Cauca, bajo el argumento de ser indígena.

El Ministerio del Interior y un juzgado de Palmira avalaron el pedido pese a que no había pruebas sólidas que acreditaran su pertenencia al pueblo Nasa. Esto le permitió a Vacca Castillo ser trasladado y continuar con sus actividades desde el territorio indígena.

Luego, su registro fue modificado para figurar el 4 de abril de 2026 como integrante del resguardo Gran Rosario, en Nariño, parte del pueblo Awá, y solo días después en el resguardo Munchique Los Tigres, en Cauca.

Cada movimiento estuvo respaldado por nuevas certificaciones emitidas por autoridades de cabildos, aun sin pruebas claras de arraigo o reconocimiento genuino en cada comunidad.

Un investigador de la Fiscalía General consultado por Semana explicó: “El pueblo Nasa tiene una justicia propia basada en armonización espiritual; requiere permanencia real y reconocimiento comunitario. El pueblo Awá es una organización social y con normas completamente diferentes”.

La documentación judicial analizada muestra que la aprobación de estos traslados, validando constantemente un supuesto arraigo, contradice el espíritu de la ley y evidencia el uso fraudulento de la jurisdicción indígena.

El expediente recoge, además, otras irregularidades: la ausencia de comprobación de permanencia cultural, posibles fallas severas del procedimiento y la utilización de la figura para apartarse del propósito original de proteger la identidad colectiva de los pueblos originarios.

Más implicados y extensión del entramado de corrupción

Este fenómeno no se limita al caso de alias Dimax. Han accedido a traslados similares personas como Wilfer Contreras Cubillos (implicado en tráfico de estupefacientes), José Aníbar Granda Ramos (concierto para delinquir), Vladimir Rincón Muñoz (vinculado a Los Espartanos), Heber Andrés Quiceno Payán y Ánderson Torres Londoño (homicidio). Todos estos movimientos se documentaron con avales de cabildos y funcionarios.

La alerta, señala la revista colombiana, también alcanza a funcionarios públicos y algunos políticos. Un investigador de la Fiscalía General dijo: “Eso está ocurriendo con alcaldes del suroccidente; también hay casos en Antioquia y Huila. No solo alcaldes, también políticos y demás personas involucradas en hechos de corrupción”.

De acuerdo con las hipótesis judiciales recogidas por el medio citado, el pago de sobornos se ha vuelto habitual en estos procesos. Aunque no existen pruebas directas que documenten estas transacciones, la frecuencia de los traslados y los expedientes administrativos sugiere que esta ruta es utilizada para facilitar la evasión judicial de personas procesadas por corrupción y narcotráfico.