La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza tras una intervención de lipólisis láser en el sur de Bogotá acentuó la preocupación sobre la vigilancia y legalidad de las clínicas estéticas en Colombia, y reavivó el debate acerca de la importancia de verificar la habilitación de los establecimientos médicos antes de someterse a cualquier procedimiento.
Este incidente, ocurrido el miércoles 13 de mayo cuando Toloza fue vista por última vez tras ser sacada de un centro estético en Tunjuelito, al sur de Bogotá, llevó a la radicación de una denuncia formal por desaparición y activó la intervención de organismos de control, que investigan si el lugar estaba debidamente autorizado para ofrecer servicios quirúrgicos.
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La inquietud social no solo radica en el paradero de Yulixa Toloza, de 52 años, sino en las dudas sobre el cumplimiento de requisitos legales que exige la normativa sanitaria.
De acuerdo con las autoridades, se investiga la procedencia de los permisos del establecimiento y la correspondencia entre la oferta de servicios y las condiciones mínimas exigidas por el Estado.
La técnica utilizada, conocida como lipólisis láser, pertenece a los procedimientos estéticos con riesgos específicos, lo que lleva a reiterar la necesidad de control riguroso en la habilitación de clínicas y profesionales responsables.
En Colombia, verificar la legalidad de un centro médico destinado a procedimientos estéticos es un paso fundamental para evitar complicaciones graves y prevenir casos como el de Yulixa Toloza.
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Las instituciones autorizadas para ejercer en este campo deben estar registradas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps), herramienta oficial del Ministerio de Salud que permite comprobar, mediante el nombre del centro, su NIT y la ciudad, si la habilitación está vigente y qué tipos de procedimientos puede realizar.
El acceso se realiza a través del sitio prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. Esta verificación responde de manera directa a la creciente incertidumbre causada por establecimientos que operan sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la Resolución 3100 de 2019, que regula la habilitación de los servicios de salud en el país.
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Expertos consultados por El Colombiano destacan que la normativa colombiana establece obligaciones precisas sobre infraestructura, dotación de equipos médicos, protocolos estandarizados de atención y la capacitación del personal.
El cumplimiento de estas disposiciones es fiscalizado por las autoridades, pero existe consenso en el sector médico en que la vigilancia ciudadana es clave para reducir los riesgos.
Además de constatar la legalidad del establecimiento, los especialistas recomiendan indagar la experiencia y formación del médico tratante, ya que la idoneidad profesional es un factor decisivo en la seguridad del paciente.
La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (Sccp) subrayó la importancia de recurrir solo a cirujanos certificados y recomienda consultar directorios oficiales, como el de la propia organización, en el que figuran más de 800 especialistas confiables en todo el país.
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La Sccp recuerda que “en las manos de un cirujano plástico están depositadas las ilusiones y las esperanzas de muchas personas que recurren a los procedimientos estéticos que ofrece esta especialidad de la medicina”.
Así, insisten en que ningún procedimiento debe considerarse superficial y que toda intervención debe estar a cargo de un médico titulado con especialización en cirugía plástica, otorgada por una institución educativa aprobada y acreditada por el Estado.
La consulta previa de la capacidad del centro para responder a emergencias, hospitalización y atención en cuidados intensivos es una de las recomendaciones más reiteradas tanto por autoridades como por la Sccp.
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Ante el aumento de la demanda de tratamientos estéticos en Colombia, especialistas y organismos médicos enfatizan la necesidad de extremar las precauciones y utilizar todas las herramientas de verificación disponibles antes de programar una intervención.
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