El martes 16 de septiembre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a siete exintegrantes del último secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el marco de la política de secuestros que se extendió por el país durante más de dos décadas.
Sin embargo, para varias víctimas y sus representantes, la decisión judicial dejó un sentimiento de insatisfacción y reclamos sin resolver.
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Sofía Gaviria Correa, víctima por el asesinato de su hermano a manos de esa guerrilla y presidenta de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol), expresó su inconformidad con la sentencia. “Nunca tuvimos fe especial en la JEP. Sin embargo, algunos de mis hermanos participaron en una audiencia. La familia escribió una carta señalando que la decepción era total, no se estaban oyendo a las víctimas, las Farc no estaban aportando la verdad que tenían, que el tribunal se estaba limitando a recopilar la información”, dijo en entrevista con W Radio.
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En su cuenta de X, Gaviria calificó la decisión de la Jurisdicción como una “vergüenza”: “¿Ratificar derechos políticos a los criminales de las Farc después de leer parte de su prontuario?”, cuestionó.
Críticas por falta de verdad y reparación
La condena se emitió como resultado del macrocaso 01, con el que la JEP investigó durante siete años los secuestros perpetrados por las Farc entre 1993 y 2016. En este proceso se registraron 21.396 víctimas, de las cuales 4.325 fueron acreditadas oficialmente ante el tribunal.
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Entre las voces críticas estuvo la del general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, quien estuvo secuestrado por más de 12 años. “Lo que hemos visto hoy en la audiencia es que los beneficios se los dieron todos a ellos (a las Farc). Se está beneficiando a los victimarios para que ‘paguen sus penas’ en sus casas o con burocracia”, dijo a la agencia EFE.
Mendieta agregó que las ventajas otorgadas a los excomandantes “vienen desde el mismo inicio del proceso de negociación que terminó con la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016”. También señaló que durante las audiencias las víctimas pidieron, sin éxito, información sobre la ubicación de personas desaparecidas, un problema que —según él— “todavía persiste, ya que no se contó la verdad sobre los desaparecidos y los secuestrados que nunca fueron entregados”.
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El general retirado lamentó además que las víctimas y sus familias han sido objeto de exclusión y estigmatización, mientras que los antiguos miembros de la guerrilla fundaron un partido político y accedieron a escaños en el Congreso y otras entidades del Estado.
El rechazo de Ingrid Betancourt y Clara Rojas
La excandidata presidencial Íngrid Betancourt, secuestrada por las Farc durante más de seis años, calificó la decisión como una traición a las víctimas. “Como víctimas estamos indignados y dolidos. Fue mucho lo que advertimos para que no hubiera impunidad para nosotros”, afirmó a W Radio.
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Para Betancourt, el fallo representa una afrenta para quienes estuvieron en cautiverio: “Lo ocurrido hoy es una burla para todas las personas que estuvimos secuestradas. Cuando uno mira la sentencia y ve el listado de penas que les aplican, es indignante”.
También aseguró que tanto la justicia como los exguerrilleros incumplieron sus promesas. “Nos mintieron. Hicieron promesas sobre una paz que iba a ser sembrada sobre la justicia, donde no habría repetición, habría reparación a las víctimas y verdad”, agregó.
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Clara Rojas, compañera de fórmula y de cautiverio de Betancourt, escribió en su cuenta de X que “queda la sensación de falta de proporcionalidad con la dimensión del daño causado”. En declaraciones posteriores, reconoció que respeta la decisión de la JEP, pero consideró difícil de entender que de más de 21.000 víctimas de secuestro solo 4.200 hayan participado en las audiencias que llevaron a la sentencia.
Sobre las sanciones impuestas a los exFarc
Los excomandantes sancionados son Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Todos fueron declarados responsables como autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo secuestro, homicidios, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual.
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La JEP les impuso ocho años de Sanción Propia, que deberán cumplir a través de trabajos restaurativos. Entre las tareas se encuentran la búsqueda de personas desaparecidas, el desminado humanitario, la recuperación ambiental, la construcción de memoria histórica y actos simbólicos de reparación. Durante este período estarán bajo supervisión, con restricción de movimientos y monitoreo mediante dispositivos electrónicos.
El magistrado Camilo Suárez Aldana, ponente de la decisión, explicó que la sentencia tiene un valor histórico: “Esta justicia les exige mucho más a los responsables que estar encerrados en cárceles: tuvieron que reconocer públicamente sus crímenes, aportar verdad, dar la cara a las víctimas y ahora deberán trabajar en favor de ellas”, afirmó durante la audiencia.
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