Estadounidense fue judicializado en Medellín por explotación sexual de un menor de edad

La captura de un ciudadano estadounidense, identificado como Stephen Paul Mueller, en Medellín (Antioquia) marcó el inicio de una investigación penal por su presunta implicación en la demanda de explotación sexual comercial de una menor de edad.

En el operativo, llevado a cabo conjuntamente por la Policía Nacional y funcionarios de la Policía Judicial, se incautaron dos teléfonos celulares, un computador portátil y dos memorias USB, elementos que serán analizados para determinar si existen otras víctimas o contactos con menores en el país.

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De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la Nación, la investigación permitió establecer que Mueller habría contactado en al menos dos oportunidades a una adolescente de 14 años entre los años 2022 y 2023.

En esos encuentros, el extranjero convenció a la joven para que acudiera al apartamento donde se hospedaba, ubicado en el barrio Laureles, en el occidente de la capital antioqueña. En el lugar, agentes sostienen que Mueller habría ofrecido $500.000 pesos por cada encuentro sexual con la menor.

La intervención de la Fiscalía, a través del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), condujo a la presentación formal de cargos ante un juez de control de garantías.

Se imputó a Mueller el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años, figura penal que tipifica este tipo de conductas en la legislación colombiana. Aunque el acusado no aceptó los cargos, la judicatura decidió imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso.

El Caivas destacó la gravedad de la vulneración de derechos de niños y adolescentes implicada en este caso, señalando que se mantendrá un estricto seguimiento al expediente e insistiendo en su compromiso de brindar atención integral a las víctimas y fortalecer la articulación institucional.

La Fiscalía, por su parte, recordó que “la explotación sexual comercial con menores de edad es un delito que afecta de manera significativa a la sociedad”. Además, reiteró que ciudades como Medellín presentan un alto riesgo para estos delitos, debido a factores como el turismo y el uso de redes sociales para contactar a potenciales víctimas.

Por tal motivo, las autoridades recomendaron a padres y cuidadores estar atentos al comportamiento digital de niños, niñas y adolescentes, y exhortaron a la comunidad a denunciar cualquier caso sospechoso de explotación o abuso sexual infantil.

Ciudadano estadounidense, buscado por pornografía infantil en Texas, fue expulsado de Colombia

La expulsión de un ciudadano estadounidense requerido por delitos de pornografía infantil fue el desenlace de una operación binacional entre Migración Colombia y agencias federales de Estados Unidos, que culminó el miércoles 11 de junio con la entrega del implicado a las autoridades de su país.

Según declaraciones de Migración Colombia, este procedimiento respondió a una orden de captura emitida por un juez federal del condado de Austin, en Texas.

El individuo, interceptado en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, había ingresado recientemente al país, lo que propició la reacción coordinada de las autoridades migratorias.

El proceso de identificación incluyó “un riguroso proceso de verificación de documentos y antecedentes”, según explicó Migración Colombia, resultado del intercambio de información entre instituciones estadounidenses y colombianas que permitió validar una alarma internacional vigente sobre el sospechoso.

En el operativo se involucraron directamente agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Grupo de los Alguaciles Federales (U.S. Marshals), quienes participaron en la verificación y coordinación.

Durante la retención administrativa, que Migración Colombia impuso al ciudadano en territorio colombiano, se evaluaron sus antecedentes y se revisaron las alertas migratorias como parte de la aplicación del marco legal vigente para este tipo de cooperación internacional.

“El procedimiento de expulsión fue llevado a cabo respetando las disposiciones de la legislación migratoria local”, puntualizó el organismo, que también informó que dos funcionarios acompañaron al extraditado hasta su entrega final, garantizando la seguridad durante el traslado.