Lista la primera sentencia contra exjefes de las Farc en la JEP: la decisión será transmitida en directo luego de ocho años del proceso

El proceso que involucra a siete exjefes del secretariado de las extintas Farc alcanza un punto crucial, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aunciara en la mañana de este lunes 15 de septiembre la fecha y hora en la que hará lectura de la primera sentencia, tras su reconocimiento de responsabilidad por delitos cometidos durante el periodo de cautiverio y secuestros en el conflicto armado colombiano.

Este acto judicial se produce después de que más de 4.200 víctimas fueran acreditadas oficialmente para participar en el proceso, facilitando un escenario sin precedentes de rendición de cuentas y reparación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La lectura del fallo se dará el martes 16 de septiembre a las 8: 00 a. m. y, según indicó esa justicia especial, estará habilitada vía streaming para que los colombianos puedan ver de primera mano el contenido del documento.

“Este martes, la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz de la JEP da lectura a la sentencia restaurativa contra siete exintegrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP, quienes reconocieron responsabilidad por los secuestros y otros crímenes cometidos en el contexto del cautiverio”, sañaló la JEP.

De acuerdo con la información oficial, Rodrigo Londoño Echeverry, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos, Jorge Torres Victoria y Rodrigo Granda Escobar, aceptaron ante la JEP, las víctimas y la opinión pública su implicación en la aplicación de una política sistemática de secuestro.

El tribunal ha establecido que esta política generó más de 21.000 víctimas directas e indirectas, marcando una de las cifras reconocidas más altas relacionadas con este tipo de crímenes durante el conflicto.

La responsabilidad admitida por los comparecientes no se limita al secuestro en sí, sino que también incluye la omisión ante actos de abusos contra los cautivos, desapariciones forzadas, tortura, homicidios, tratos crueles e inhumanos, desplazamientos forzados y violencia sexual.

Durante la etapa preliminar, identificada como el caso 01, la JEP escuchó las versiones de 402 exintegrantes de las Farc y realizó un análisis detallado de más de 1.200 escritos provenientes de víctimas. Además, otras 795 víctimas presentaron observaciones y comentarios sobre los testimonios de los exguerrilleros, lo que fortaleció el componente de participación y contraste en la búsqueda de la verdad.

El tribunal ha considerado que la decisión adoptada, centrada en la responsabilidad aceptada por los principales exlíderes de la extinta guerrilla y en la participación masiva de las víctimas, representa un avance en el camino hacia la justicia y la reparación integral.

Víctimas piden justicia antes del fallo de la JEP por ‘falsos positivos’

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se alista para dictar el 18 de septiembre su primera sentencia sobre ejecuciones extrajudiciales en el subcaso Caribe, que involucra a doce exintegrantes del Batallón de Artillería La Popa de Valledupar, imputados por 135 asesinatos y desapariciones forzadas cometidos entre 2002 y 2005.

El proceso, que forma parte del macrocaso 003, abarca crímenes perpetrados en los departamentos de Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena, afectando principalmente a miembros de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, así como a integrantes de los consejos comunitarios Kusuto Ma-Gende y José Prudencio Padilla.

Durante una de las etapas más violentas del conflicto armado colombiano, civiles inocentes fueron presentados como bajas en combate para inflar resultados militares, según información recabada por la revista Cambio. El caso de Luis Eduardo Oñate, indígena wiwa ejecutado en 2004, fue presentado como un “positivo” en la prensa local, lo que llevó a su hermana, Osmaira Nieves Oñate, a conservar la publicación y presentarla ante la JEP.

“Un 27 de febrero lo agarraron. El 28 de febrero llegaba el presidente Álvaro Uribe aquí a Valledupar para uno de sus consejos de seguridad. ¿Qué seguridad estaba prestando?”, cuestionó Nieves en una audiencia de 2022.

Las víctimas esperan la implementación de los Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Reparador-Restaurador (Toar), una medida de justicia restaurativa prevista para los exmilitares responsables.

“Hay muchas madres, muchos padres, en condiciones vulnerables. Dependían de la persona (asesinada) para su sustento. Por eso, además de justicia, esperamos reparación. Ojalá los Toar se puedan cumplir, que no nos vayan a dejar ahí, que eso no se quede en papel, sino en hechos”, manifestó Sol Maestre, hermana de Víctor Hugo Maestre, indígena kankuamo ejecutado en 2004, en declaraciones recogidas por Cambio.

Maestre subrayó que los militares actuaron bajo órdenes superiores y que aún falta esclarecer quiénes dieron esas instrucciones. “Los máximos responsables aún están sueltos, aún no han reconocido, aún no ha dicho por qué o quiénes les dieron la orden a ellos para que mandaran a asesinar a nuestros familiares”, señaló.

Para Maestre, el perdón ha sido una decisión personal que le permitió liberarse de una carga de más de dos décadas, aunque considera que la reparación colectiva sigue pendiente.

Entre los imputados por la JEP figuran el mayor retirado Guillermo Gutiérrez Riveros, el teniente coronel retirado Heber Hernán Gómez Naranjo, el sargento primero retirado Efraín Andrade Perea, el sargento primero retirado Manuel Valentín Padilla Espitia, el teniente retirado Carlos Andrés Lora Cabrales, el subteniente retirado Eduart Gustavo Álvarez Mejía, el sargento viceprimero retirado José de Jesús Rueda Quintero, el subteniente retirado Elkin Leonardo Burgos Suárez, el cabo tercero retirado Elkin Rojas y los soldados profesionales Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra.