Esto dicen los expertos sobre espaldarazo de la Corte Constitucional a Esperanza Gómez por cuenta en Instagram

El reciente fallo de la Corte Constitucional a favor de la actriz de cine para adultos Esperanza Gómez, tras el cierre de su cuenta de Instagram por parte de Meta, ha generado un análisis profundo entre expertos en derecho digital y redes sociales.

La decisión se convirtió en un precedente que, según especialistas consultados por Caracol Radio, redefine los límites entre la autonomía de las plataformas y la protección de los derechos fundamentales de sus usuarios.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La Corte determinó que la eliminación de la cuenta de Gómez, con más de cinco millones de seguidores, afectó garantías constitucionales como la libertad de expresión, el derecho al trabajo y el debido proceso.

Este punto abrió la discusión sobre la forma en que empresas como Meta diseñan y aplican sus políticas de uso en el país.

Para Juan Carlos Martínez Salcedo, docente investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, el pronunciamiento del alto tribunal resalta la necesidad de aplicar principios legales al entorno digital.

En entrevista con Caracol Radio, explicó: “Las redes sociales al final no son espacios en donde no opera el derecho, todo lo contrario, las normas del mundo analógico, del mundo real, del mundo tradicional se extienden al mundo digital, al mundo tecnológico y las redes sociales”.

El académico subrayó que este fallo obliga a que las compañías tecnológicas tengan en cuenta la protección de los derechos fundamentales cuando deciden suspender o cancelar cuentas. De acuerdo con su análisis, aunque las plataformas pueden fijar condiciones de uso, estas deben presentarse de manera clara y transparente, evitando procesos que resulten desproporcionados para los usuarios.

En su intervención, Martínez Salcedo señaló que el acceso a redes sociales no depende únicamente de normas internas de las compañías, sino que también debe observarse desde el marco legal vigente.

“Al final, las redes sociales o el acceso a las redes sociales se dan por un acuerdo de voluntades entre el usuario y el titular de la red social”, indicó en la conversación con Caracol Radio.

El experto también resaltó que el pronunciamiento de la Corte reconoce la importancia de garantizar mecanismos efectivos de apelación para quienes vean suspendidos sus perfiles. Según explicó, esta medida busca evitar que las decisiones unilaterales de las plataformas limiten sin justificación el acceso a la expresión o al ejercicio laboral de los creadores de contenido.

La discusión no se limita al caso de Gómez. Otros influenciadores en Colombia, como Yeferson Cossio, Epa Colombia y La Liendra, también han denunciado cierres de cuentas por supuestas infracciones relacionadas con la promoción de rifas o juegos de azar ilegales.

Si bien cada situación tiene particularidades, la sentencia de la Corte Constitucional establece parámetros que deberán aplicarse en adelante para evitar vulneraciones de derechos.

Para Martínez Salcedo, el punto central del debate es que las plataformas deben reconocer su papel en la vida social y económica de millones de usuarios. Los perfiles no son únicamente espacios de entretenimiento, sino que en muchos casos representan la principal fuente de ingresos para quienes trabajan en el entorno digital.

En ese sentido, el experto indicó que un cierre injustificado puede tener impactos laborales y económicos significativos.

Además, el fallo abre un nuevo escenario en el que las empresas de tecnología deberán revisar sus políticas internas en el país.

Los expertos coinciden en que los lineamientos de uso deben estar acompañados de procesos de revisión y defensa que aseguren transparencia. De lo contrario, la relación entre usuarios y compañías podría entrar en conflicto con la Constitución y las leyes colombianas.

El análisis jurídico también sugiere que este precedente tendrá repercusiones más allá del caso de Esperanza Gómez.

La sentencia refuerza la idea de que los espacios digitales están sujetos a la protección de derechos fundamentales, y que cualquier medida restrictiva adoptada por una plataforma deberá responder a principios de proporcionalidad y legalidad.

De acuerdo con lo señalado por los especialistas, la Corte Constitucional puso en evidencia que el mundo digital no está exento de las normas que rigen en el entorno físico.

Por esta razón, las compañías tecnológicas deberán diseñar protocolos que permitan garantizar el debido proceso y evitar la eliminación arbitraria de cuentas en Colombia.