Procuraduría pide informe sobre garantías de retorno para la comunidad Emberá que regresa a Risaralda y Chocó

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV) un informe detallado sobre las garantías de retorno para la comunidad Emberá, que inició el día de ayer el regreso a sus territorios de Risaralda y Chocó.

Tras liderar el diálogo que permitió este proceso, la entidad realizará seguimiento al asentamiento y migración de la población indígena que hasta ahora permanecía en diferentes puntos de Bogotá.

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“Estamos articulando con todas las entidades del Estado, del Distrito capital y los gobiernos departamentales de Risaralda y Chocó, para que se garantice el retorno de manera segura”, expresó el director general de la Unidad para las Víctimas, Adith Romero.

Garantías exigidas para el retorno

La Procuraduría recalcó la importancia tanto del regreso a los territorios ancestrales como del proceso de reubicación e integración local para quienes permanecen en la capital. Por esto, solicitó a la UARIV reportar avances en condiciones de seguridad, acceso a salud, y participación en programas como Familias en su tierra, Hambre cero y subsidios de vivienda.

También pidió información sobre las acciones para fortalecer el gobierno propio, la reparación colectiva y el patrimonio cultural en resguardos como Alto Andágueda, Gito Dokabú y Unificado Chamí, así como la ejecución de un proyecto vial entre Risaralda y Chocó.

El proceso de retorno: cifras y logística

Después de ocho meses de consensos y acuerdos, la Unidad para las Víctimas inició el que ha sido descrito como el retorno más grande de la comunidad Emberá en Bogotá. Según datos oficiales, más de 1.600 personas de 700 hogares volverán a sus territorios ancestrales entre el 8 y el 14 de septiembre. En la primera etapa, la Alcaldía de Bogotá organizó el traslado de 804 indígenas desde el Parque Nacional, 376 desde la UPI La Florida, 459 desde la UPI La Rioja, siete desde el albergue Ocobos y una persona desde Santa Marta.

Se destinaron 130 jeeps, 10 camiones para transportar enseres, 47 buses y se entregaron más de 6.500 raciones alimentarias para el trayecto. Además, durante el retorno, se garantizó el acompañamiento médico y se suministraron kits de aseo y lonas.

Destinos y distribución de las familias Emberá

Tras un proceso de caracterización, se determinó que 1.027 personas regresan al resguardo Alto Andágueda, 273 a Gito Dokabú y 259 al Unificado Chamí, mientras que 88 familias llegan a otras zonas rurales de estos departamentos.

Jhonatan Forero, coordinador del Grupo de Retornos y Reubicaciones, aseguró: “Están garantizadas las condiciones de seguridad por parte del comité de justicia transicional de Bagadó, Chocó y Pueblo Rico, Risaralda. Por eso hoy podemos informar a la comunidad que estas comunidades regresarán a sus resguardos cumpliendo los principios de dignidad y seguridad”.

Compromiso de acompañamiento e integración

Durante el proceso, las comunidades firmaron actas de voluntariedad y recibieron la garantía de acompañamiento en sus resguardos. Los compromisos incluyen la entrega de kits alimentarios, escolares y de habitabilidad, así como transferencias monetarias a través del Banco Agrario. El objetivo es que las familias cuenten con un entorno digno y estable que evite un nuevo desplazamiento hacia Bogotá.

Recuperación del espacio público en Bogotá

Con la salida del primer grupo, la Alcaldía de Bogotá comenzó la recuperación del Parque Nacional, incluyendo restauración de la capa vegetal, cerramiento de áreas afectadas e intervención de estructuras patrimoniales. Según la Secretaría de Gobierno, el 95% del parque se mantiene en buen estado, aunque se requirieron intervenciones específicas en zonas impactadas.

Seguimiento y rutas para quienes permanecen en la ciudad

Algunas familias decidieron quedarse en la capital y accederán a rutas de integración local, destinadas a la reconstrucción de proyectos de vida. Este acompañamiento incluye planes en los ámbitos socioeconómico, educativo, organizativo, salud psicosocial y la prevención y protección cultural. De acuerdo con Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación, “las personas que quedan en la ciudad son únicamente aquellas que tienen la intencionalidad de reubicarse o integrarse localmente”.

La estancia restante se concentra en la UPI La Florida, donde un Puesto de Mando Unificado (PMU) brinda acompañamiento continuo.

Rutas legales y compromiso institucional

El proceso responde a fallos judiciales que ordenaron la reubicación temporal y el retorno digno, tras las condiciones de hacinamiento y falta de servicios básicos en algunos albergues. La articulación entre niveles nacionales, departamentales y municipales busca garantizar que “la eficiencia del proceso convoca varios niveles de gobierno: a los municipales, a los departamentales y al nacional”, explicó Forero.

El seguimiento continuará, bajo vigilancia de la Procuraduría General de la Nación, que reiteró la necesidad de asegurar la sostenibilidad de los compromisos en los territorios para evitar nuevos desplazamientos de la comunidad Emberá.