Exministra de Justicia de Gustavo Petro criticó decisión del Presidente sobre la fumigación aérea de los cultivos ilícitos: “Debemos retomar el camino original”

El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posible reactivación de la aspersión aérea con glifosato reavivó el debate en Colombia sobre la política antidrogas, en un contexto en el que los ataques a la fuerza pública y el aumento de los cultivos ilícitos generan preocupación.

Durante el programa Aquí y ahora, de La FM, tres figuras —la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, la defensora del pueblo Iris Marín Ortiz y la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus— analizaron las implicaciones de esta propuesta y sus posibles consecuencias para la paz, la seguridad y los derechos humanos en el país.

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La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago recordó que desde 2016 la Corte Constitucional ha emitido sentencias que regulan el uso de la aspersión aérea, estableciendo condicionamientos relacionados con el medioambiente, la salud y la obligación de realizar consultas previas en comunidades étnicas.

Buitrago subrayó que el Estado debe respetar estos límites: “Una cosa es que el Estado haga valer su derecho de protección a los miembros del Ejército y otra muy distinta es usar la aspersión aérea como respuesta a ataques contra la fuerza pública”, explicó la exfuncionaria.

La exministra también cuestionó la justificación del Ejecutivo, basada en los ataques a la Fuerza Pública, y sostuvo que el debate debe centrarse en el daño ambiental y social que genera el incremento de los cultivos de hoja de coca y el narcotráfico en Colombia.

“Si la razón para usar la aspersión es que están atacando a la fuerza pública, creo que el verdadero foco debe estar en el gran daño que le está causando la hoja de coca y el narcotráfico a Colombia”, afirmó Buitrago durante el programa.

Por su parte, Juanita Goebertus, desde Washington, advirtió que la intención de retomar la fumigación aérea evidencia un desorden institucional y una falta de coherencia en la política de seguridad y paz.

Según Goebertus, antes de considerar la aspersión, el Gobierno debería implementar una política efectiva de protección tanto para las comunidades como para la fuerza pública. Además, subrayó que la reactivación de la fumigación no resolvería el crecimiento del narcotráfico ni el reclutamiento de menores por parte de grupos armados.

Goebertus enfatizó que el país aún tiene pendientes los compromisos del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos (Pnis) y de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), y cuestionó la coherencia del Ejecutivo: “No ahora simplemente creer que por arte de magia, luego de que Gustavo Petro hizo campaña toda su vida en contra de la aspersión aérea, la gran solución sea retomar la fumigación”, declaró Goebertus a La FM.

Así mismo, Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo, criticó que el pronunciamiento presidencial pareciera trasladar la responsabilidad a la Corte Constitucional, cuando, en su opinión, el tribunal ha actuado dentro de sus competencias y ha estado atento al tema de la sustitución de cultivos ilícitos.

Marín señaló que el incumplimiento de los programas de sustitución recae tanto en el actual Gobierno como en los anteriores, y defendió la necesidad de retomar lo pactado en el acuerdo de paz: “Debemos retornar al camino original, que no excluye la erradicación forzosa, pero la deja como último mecanismo y con un proceso previo de concertación”, afirmó Marín.

Además, la defensora del pueblo insistió en que la solución a la crisis de violencia y criminalidad pasa por un proceso de paz integral que priorice la participación activa de las comunidades en los territorios, recalcando que es fundamental escuchar las voces locales y construir acuerdos desde las regiones más afectadas por el conflicto armado.

El análisis de las tres mujeres coincidió en la necesidad de que cualquier decisión gubernamental respete los fallos de la Corte Constitucional y cumpla con los compromisos del acuerdo de paz. Marín concluyó que “no debería retomarse la aspersión, sino establecer criterios de consulta y atender los riesgos de salud”, según sus declaraciones.

Durante el debate, Human Rights Watch presentó cifras que reflejan el deterioro de la situación humanitaria en Colombia en 2025: el desplazamiento forzado aumentó un 30% respecto a 2024, el confinamiento de comunidades creció un 44%, los homicidios subieron un 3% y los secuestros se dispararon un 53% en comparación con el año anterior.

Goebertus advirtió que “desde 2016 no hemos tenido ni la capacidad ni la voluntad como país de copar los territorios”, e instó al Gobierno de Gustavo Petro a fortalecer la presencia institucional en las zonas más afectadas por la violencia.

El debate evidenció la complejidad de la política antidrogas en Colombia y la urgencia de abordar el problema desde una perspectiva integral, que contemple tanto la protección de la fuerza pública como el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos de paz.