Camilo Romero acudirá a instancias internacionales por presuntas irregularidades en su proceso ante la Corte Suprema de Justicia

El precandidato presidencial Camilo Romero anunció que llevará su caso ante organismos internacionales, luego de denunciar que el magistrado Ariel Augusto Torres habría vulnerado su derecho a la defensa durante una audiencia en la Corte Suprema de Justicia relacionada con el proceso en su contra por la venta de Aguardiente de Nariño, cuando se desempeñaba como gobernador de ese departamento.

Romero hizo pública su denuncia a través de un video difundido en su cuenta de X, en el que relató los hechos y cuestionó las decisiones tomadas durante el desarrollo de la diligencia judicial.

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Según el precandidato, su abogado principal Miguel Ángel del Río, presentó una incapacidad médica antes de las audiencias programadas, por lo que solicitó la suspensión de estas hasta que su defensa pudiera estar presente. “Esto nunca había sucedido en la historia de Colombia. Es inaudito y da lugar a una alerta democrática ante el país y, por supuesto, ante la comunidad internacional”, afirmó Romero en su mensaje.

Denuncia sobre imposición de defensa suplente

El precandidato explicó que no cuenta con un abogado suplente, ya que solo confía en Miguel Ángel del Río para llevar su defensa. Sin embargo, según su versión, la Corte Suprema habría designado una abogada de oficio de la Defensoría del Pueblo sin su conocimiento ni el de su abogado principal.

Romero afirmó que la abogada designada reconoció no estar preparada para asumir el caso, pues no había tenido comunicación con él ni con su defensa, y no conocía la estrategia procesal. “La ley 906 es absolutamente clara. Quien autoriza que exista abogado suplente soy yo y eso no ocurrió en este caso”, recalcó.

El exgobernador de Nariño calificó la situación como un hecho sin precedentes en el sistema judicial del país, asegurando que “quieren constituir por primera vez en la historia jurídica de Colombia la figura de un defensor público como suplente de un abogado de confianza”.

Durante la audiencia, la Procuraduría intervino para advertir que se estaba vulnerando el derecho fundamental de Romero a una defensa técnica. En un pronunciamiento realizado ante el magistrado, la delegada señaló: “En aras de garantizar su derecho fundamental a la defensa técnica, este Ministerio Público resalta así como la voluntad de ejercer su defensa exclusiva por intermedio de su abogado, sin imposición de defensor público”.

La representante de la Procuraduría también manifestó que la defensa pública no podía continuar con el proceso, ya que la propia abogada había admitido no estar preparada ni informada sobre el caso. “En este caso, ordenar que la defensora pública intervenga sería permitir adelantar una actuación inoperante”, agregó.

A pesar de la intervención del Ministerio Público y de la objeción de la defensora de oficio, el magistrado Torres decidió continuar con la diligencia. Romero relató que, ante esta situación, optó por retirarse de la audiencia, dejando constancia de su rechazo a la designación de una defensa impuesta.

Continuación del proceso y reacción de Romero

De acuerdo con el relato de Romero, el magistrado pidió a la defensora pública asumir el contrainterrogatorio que venía realizando su abogado titular. Sin embargo, la abogada reiteró que no tenía conocimiento suficiente del caso, lo que llevó a la suspensión de la audiencia. No obstante, el magistrado convocó a una nueva sesión, nuevamente con la presencia de la defensora pública.

Esta decisión generó rechazo en sectores de la comunidad jurídica. Según Romero, incluso el Colegio de Abogados Penalistas expresó su preocupación por la situación, calificándola como una vulneración de las garantías procesales.

“Esto es una afrenta en contra de la justicia de Colombia. Nunca se había intentado poner una abogada suplente por parte de la Corte Suprema de Justicia cuando el suplente solo puede ser nombrado por el titular con autorización del cliente”, afirmó el precandidato presidencial.

Romero también reiteró que en los ocho años que lleva en curso el proceso no se ha presentado ninguna prueba en su contra, al tiempo que aseguró que seguirá defendiendo su derecho a una defensa legítima y que llevará la denuncia a instancias internacionales.